Dos décadas después nueva sentencia para el caso del juez Araoz

A más de dos décadas del asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, la causa judicial volvió a quedar abierta luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara la condena a prisión perpetua impuesta a Ema Hortencia Gómez y ordenara que reciba una nueva sentencia por homicidio simple. La resolución generó un fuerte impacto en la familia del magistrado, que consideraba cerrado el proceso tras años de litigio y demoras judiciales.

“Como no podía ser de otra manera, la familia recibió un nuevo golpe. Pensaban que todo se había cerrado, pero con este nuevo fallo, después de 22 años, el caso volvió a reabrirse”, expresó Javier Lobo Aragón, representante legal de los familiares de Aráoz.

El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 2004, cuando el magistrado fue asesinado de diez disparos en su vivienda ubicada en la zona del pie del cerro. Por el homicidio fueron acusados Ema Hortencia Gómez y Darío Pérez, ambos ex policías separados de la fuerza. En la causa también quedaron involucrados Andrés Faversani, Rodolfo Domínguez y Rubén Albornoz, señalados por un supuesto intento de encubrimiento.

El juicio oral recién se realizó en 2011, siete años después del crimen. En esa instancia, el tribunal condenó a Pérez a 18 años de prisión como autor material del asesinato y a Gómez a 15 años por participación secundaria. Además, Faversani recibió una pena de cinco años por encubrimiento, mientras que Domínguez y Albornoz resultaron absueltos.

Según la hipótesis sostenida por los jueces, Gómez mantenía una relación sentimental con Aráoz y paralelamente era pareja de Pérez. El día del crimen, la mujer habría mantenido una fuerte discusión con el magistrado y posteriormente llamó al otro acusado para ingresar a la vivienda y concretar el homicidio.

Durante el proceso también fueron debatidas otras teorías. La familia del juez sostuvo que Aráoz investigaba a una supuesta red de policías vinculada a la comercialización de drogas entre menores alojados en el Instituto Roca y que ese habría sido el verdadero móvil del crimen. Por su parte, los acusados plantearon otra hipótesis, según la cual el homicidio ocurrió en el contexto de una reunión de empleados judiciales.

La causa tomó un nuevo rumbo en 2013, cuando la jubilada fiscal de Cámara Juana Prieto de Sólimo y el querellante Dante Ibáñez —actual juez provincial— apelaron la sentencia original ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ambos sostuvieron que el crimen había sido cometido con ensañamiento, ya que la víctima fue herida para que muriera desangrada.

El máximo tribunal tucumano hizo lugar al planteo, anuló las condenas iniciales y ordenó que otro tribunal impusiera prisión perpetua a Gómez y Pérez por homicidio agravado.

Esa nueva sentencia llegó en 2015. Gómez comenzó a cumplir la pena de inmediato, mientras que Pérez permaneció prófugo durante una década. Recién fue capturado en julio del año pasado y, semanas más tarde, escuchó formalmente la condena a perpetua.

Sin embargo, el expediente volvió a dar un giro inesperado luego de que el defensor oficial Guillermo González recurriera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el rechazo de todos los planteos anteriores. El jueves pasado, el máximo tribunal nacional resolvió anular la segunda condena y ordenó que Gómez sea nuevamente juzgada, aunque esta vez bajo la figura de homicidio simple.

Aunque el fallo no lo establece expresamente, fuentes judiciales entienden que esa modificación también podría beneficiar a Pérez.

“La familia Aráoz ha sufrido un profundo golpe. No puede terminar de cerrar esa herida por culpa de la lentitud de la Justicia. Pensaban que con la sentencia a Pérez se había cerrado una etapa, pero otra vez tendrán que esperar qué se resuelve”, afirmó Lobo Aragón.

El abogado remarcó además que hace apenas nueve meses la familia había podido escuchar finalmente la condena contra Pérez, luego de más de 10 años de espera por su captura, y ahora existe la posibilidad de que la pena vuelva a ser reducida.

En paralelo, la situación procesal de Gómez abrió un nuevo escenario judicial. Al recalificarse el delito como homicidio simple, la pena podría oscilar entre ocho y 25 años de prisión. Incluso, dependiendo del nuevo cómputo, la mujer podría haber cumplido ya el tiempo de condena correspondiente.

Fuentes judiciales confirmaron que el defensor González solicitará que Gómez recupere la libertad hasta que quede firme la nueva sentencia.

“No es tan sencillo. Vamos a analizar día por día el tiempo de condena cumplido para determinar si puede quedar libre. El caso de Pérez es totalmente distinto porque no tiene posibilidades de recuperar la libertad debido a sus antecedentes”, explicó Lobo Aragón.

El querellante cuestionó además la demora estructural del sistema judicial y advirtió sobre las consecuencias que genera en causas de alta complejidad. “Es tan insólita la demora judicial que hasta podríamos estar hablando de una condenada que estuvo más tiempo del que correspondía en prisión. Son situaciones que el sistema debe modificar”, concluyó.