Abogada del IPLA se sumó a la ola de estafas que alarma a la justicia, esta vez con una camioneta en sucesión

Una abogada de 50 años que se desempeñaba en el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) quedó imputada en una causa por presunta estafa vinculada con una sucesión y la venta irregular de una camioneta Volkswagen Amarok. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, la profesional habría utilizado incluso oficinas del organismo estatal para concretar parte de la maniobra denunciada.

La investigación está a cargo de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás, bajo instrucciones del fiscal Fernando Blanno. La identidad de la acusada no fue difundida oficialmente por las autoridades judiciales.

De acuerdo con la imputación, la mujer habría aprovechado su condición de abogada para ofrecer asesoramiento jurídico a un heredero respecto del inicio de una sucesión y, posteriormente, sobre la transferencia y venta de una camioneta Amarok a un tercero.

Según detalló la representante del MPF, la profesional aseguró tanto al beneficiario de la sucesión como al futuro comprador que se encargaría de tramitar el expediente sucesorio y realizar la transferencia del vehículo.

Para ello, recibió el título automotor y una suma de $895.000 en concepto de honorarios y gastos vinculados con las gestiones legales, dinero que habría sido transferido a su cuenta bancaria.

La acusación sostiene además que, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a la operación, la imputada se comunicó telefónicamente con uno de los damnificados en diciembre de 2024 y le informó que la camioneta ya había sido transferida correctamente.

Sin embargo, ante los posteriores reclamos de las personas afectadas, la mujer habría citado al comprador en una oficina del IPLA, ubicada sobre avenida Salta al 100 de la capital tucumana, donde le entregó un supuesto título automotor a su nombre.

Con el avance de la investigación, ese documento fue sometido a verificaciones y, según la acusación fiscal, se determinó que era falso.

En esta etapa de la causa, y teniendo en cuenta que aún restan producir distintas pericias e informes bancarios y telefónicos, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses, por lo que la acusada continuará el proceso judicial en libertad.

Al momento de resolver la situación procesal, la jueza interviniente dejó planteada una reserva de competencia debido a la naturaleza de los hechos investigados. La magistrada advirtió que, al tratarse de una presunta falsificación de documento público, como lo es un título automotor, el expediente podría pasar posteriormente a la órbita de la Justicia Federal.

La causa se suma al creciente número de investigaciones por estafas que actualmente tramitan en el Ministerio Público Fiscal, fenómeno que, según reconocen fuentes judiciales, viene registrando un marcado incremento en los últimos años.