«Un pase gol»: Un Juez Federal tucumano benefició al hijo su compañero de la directiva de Atlético Tucumán. Lo liberó estando imputado por estafa piramidal.
CORRUPCIÓN JUDICIAL
El camarista federal Fernando Poviña resolvió mantener en libertad al hijo de Mario Martínez Salazar Pérez, su compañero de lista en Atlético Tucumán, mientras hacían campaña juntos para ganar las elecciones del club que este 27 de septiembre cumple 123 años. La cronología documenta un conflicto de interés que debió motivar su excusación según el Código Procesal Penal y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
Poviña y Martínez Salazar en la presentación de su proyecto en Atlético cuando el camarista decidía sobre el hijo de su compañero decano de la lista Atlético de América.
La imagen lo dice todo. En el acto de presentación de la lista «Atlético de América» en mayo de 2025, el camarista federal Fernando Poviña (señalado en el círculo rojo) posa junto a Mario Martínez Salazar Pérez como compañeros de un proyecto político-deportivo compartido. Lo que la fotografía no muestra es que, en ese mismo período, Poviña firmaba una sentencia judicial que mantenía en libertad a Jerónimo Martínez Parada —el hijo de su compañero de lista— procesado en la megaestafa piramidal RT Inversiones.
En efecto, la fecha está sellada en el expediente judicial: 5 de mayo de 2025. Ese día, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán —integrada por los vocales Fernando Poviña, Ricardo San Juan, Patricia Moltini, Mario Leal y Marina Cossio— resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva para Jerónimo Martínez Parada, procesado por asociación ilícita y lavado de activos en la megaestafa piramidal RT Inversiones que habría perjudicado a casi 2.500 personas en Catamarca.
Lo que la sentencia no revela es el contexto político en el que fue firmada: en plena campaña electoral, el camarista Poviña y Mario Martínez Salazar Pérez —padre del beneficiado— compartían actos proselitistas, reuniones y fotografías como compañeros de lista para las elecciones del Club Atlético Tucumán bajo el sello «Atlético de América».
Las imágenes de campaña documentan que Poviña y Martínez Salazar no solo integraban la misma boleta electoral: estaban activamente promocionándola juntos cuando el magistrado firmó la sentencia que mantuvo en libertad al hijo de su compañero de fórmula.
Exactamente 29 días después de la sentencia favorable, el 3 de junio de 2025, presentaron oficialmente la lista electoral. El 14 de junio ganaron las elecciones. El 8 de agosto asumieron sus cargos: Poviña como Juez Titular N°1 del Tribunal de Ética y Disciplina; Martínez Salazar como Revisor Titular N°4 de la Comisión Revisora de Cuentas.
La pregunta jurídica y ética es ineludible: ¿Debió el camarista Poviña excusarse de resolver sobre la libertad del hijo de quien era su compañero y camarada de militancia decana en la agrupación Atlético y en medio de la campaña electoral?
Los documentos oficiales y las fotografías de campaña permiten reconstruir una secuencia temporal que expone un problema ético y legal:
Abril-mayo 2025: Conformación y campaña activa de la lista «Atlético de América». Poviña y Martínez Salazar participan juntos en actos proselitistas, reuniones y fotografías oficiales de la agrupación
5 de mayo de 2025: En plena campaña electoral decana, la Cámara Federal con la firma de Poviña rechaza la prisión preventiva de Jerónimo Martínez Parada y lo mantiene en libertad
3 de junio de 2025: Presentación oficial de listas ante la Junta Electoral. Poviña y Martínez Salazar figuran en la misma boleta
4 de junio de 2025: Álvaro Gómez Ugarte, apoderado de la lista opositora, impugna la candidatura de Poviña invocando el artículo 8 inciso m) del Reglamento para la Justicia Nacional
14 de junio de 2025: «Atlético de América» gana las elecciones
8 de agosto de 2025: Asunción oficial. Poviña aparece deliberadamente escondido en las fotografías del acto, evidenciando conciencia de la irregularidad
Las fotografías de campaña son demoledoras. En imágenes fechadas en abril-mayo de 2025, Fernando Poviña y Mario Martínez Salazar aparecen juntos en actos de la agrupación «Atlético de América», posando como compañeros de fórmula en un proyecto institucional compartido.
Presentación de la lista «Atlético de América». Poviña y Martínez Salazar, ambos de piernas cruzadas, participan juntos del acto.
Esto significa que cuando Poviña firmó la sentencia el 5 de mayo que benefició al hijo de Martínez Salazar, ambos estaban activamente haciendo campaña juntos, asistiendo a reuniones proselitistas, coordinando estrategias electorales y presentándose públicamente como aliados políticos.
Esta simultaneidad agrava exponencialmente el conflicto de interés: Poviña no solo compartía un proyecto futuro con Martínez Salazar, sino que estaba trabajando activamente con él cuando resolvió el caso judicial que involucraba a su hijo.
Lo que dice la ley: causales de excusación
El artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación establece taxativamente los casos en que un juez debe inhibirse de conocer en una causa:
«Artículo 55 – El juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: (…)
6°) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.
11°) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.»
Además, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su Capítulo II, artículo 11, establece:
«Art. 11.- El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así.»
La participación conjunta en una campaña electoral configura indiscutiblemente una «comunidad de intereses» en los términos del inciso 6° del CPPN.
En este caso, la comunidad de intereses es manifiesta y documentada como un Proyecto político activo en el que Poviña y Martínez Salazar hacían campaña juntos cuando se firmó la sentencia: Las fotografías los muestran en reuniones y eventos de la lista.
La Corte Suprema estableció en «Llerena» (Fallos 328:1491) que «las causales de excusación deben interpretarse en sentido amplio cuando está en juego la confianza pública en la administración de justicia».
La doctrina «Brusa c/ Estado Nacional» (Fallos 326:4816) profundiza: «La investidura judicial impone a quienes la detentan el deber de ajustar su conducta a reglas que son imprescindibles para asegurar el respeto debido a la función y para preservar la confianza de la sociedad en la administración de justicia».
El caso Poviña-Martínez Salazar cumple todos los supuestos comprometedores de la imparcialidad.
RT Inversiones habría estafado a casi 2.500 personas en Catamarca mediante un esquema piramidal. Martínez Parada habría sido el operador que ingresaba dinero de estafas a billeteras virtuales para eludir controles de AFIP.
Las querellantes argumentaron que el procesamiento aumentaba los riesgos de fuga. La Cámara, con firma de Poviña, consideró que no existían riesgos procesales.
Mario Martínez Salazar Pérez es Jefe de División de Investigaciones de ARCA (ex AFIP), encargado de detectar lavado de activos y analizar operaciones en billeteras virtuales, precisamente los delitos por los que su hijo está procesado.
Como documentó El Tucumano en septiembre de 2025, Poviña asumió en Atlético Tucumán violando el artículo 8, inciso m) del Reglamento para la Justicia Nacional, que prohíbe a magistrados integrar comisiones directivas sin autorización de la Corte Suprema. Jamás solicitó esa autorización. En la foto oficial, Poviña aparece deliberadamente escondido, evidenciando conciencia de la transgresión.
Un caso aún no debidamente registrado es el patrón sistemático del magistrado Poviña y su rol clave en el encubrimiento sistemático del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán.
En efecto, desde septiembre de 2006, a través de la Causa ambiental contra Minera Alumbrera 400378/1999, el tándem Poviña- Carlos Brito -entonces fical federal n°1-tuvo acceso material al Contrato Rooney-Marigliano de noviembre de 2005, documento que evidencia la falsedad ideológica de la supuesta «culminación» de la Ciudad Universitaria.
Sin embargo, Poviña nunca promovió investigación alguna sobre el Contrato Rooney-Marigliano que falsificó la construcción del campus, El Acta 498 de YMAD del 27 de diciembre de 2007 que profundiza y agrava la estafa junto a la consolidación del fraude por el rector Cerisola el 2 de enero de 2008.
El ocultamiento del contubernio entre Minera Alumbrera y los radicales que controlan aún el rectorado de la UNT por un millón de dólares de coima para -supuestamente- financiar la campaña Marigliano Gobernador de 2006, está plenamente documentada en el expediente 1552/2005 del Consejo Superior de la propia Universidad. Allí, como en laCausa ambiental contra Minera Alumbrera 400378/1999 el tándem Poviña – Brito accedieron al documento que prueba la falsedad ideológica de la finalización de la Ciudad Universitaria de San Javier, de acuerdo a la Ley 14771, citada como fuente del contraro «minero-universitario» reconociera en autos que la UNT sufrió un «daño patrimonial gravísimo».
El patrón es claro: acceso a pruebas documentales contundentes, reconocimiento del daño patrimonial gravísimo, y omisión sistemática de investigar.
Los vínculos familiares de Martínez Salazar: Una familia con historial de impunidad
Mario Martínez Salazar Pérez es cuñado del fallecido Mauricio Parada Parejas, quien el 30 de octubre de 2020 asesinó a puñaladas a Paola Tacacho y luego se suicidó.
Entre 2015 y 2020, Paola radicó 22 denuncias contra su agresor. La Justicia contabilizó 14 y avanzó en una sola, que terminó en absolución en 2017.
Ana Victoria Salomón, hermana de la víctima: «La Justicia nunca hizo nada (…) la familia de este tipo tenía vínculos con la política de Tucumán, y por eso no lo encerraron ni siquiera un día».
Mario Martínez Salazar Pérez también es cuñado de Ronald Parada Parejas, ex dirigente de San Martín durante la gestión de Emilio Luque y socio de la firma Tecnocontrol que administró el Ingenio San Juan. Su trayectoria está marcada por denuncias de fraude y vínculos con uno de los casos más resonantes de presunta corrupción en Tucumán.
Ronald Parada Parejas se destacó inicialmente como financista en un edificio de calle San Martín al 900, participando como inversor en proyectos inmobiliarios conflictivos como el Country La Arboleda (San Pablo) y Loma Linda (Tafí Viejo). Durante esa época integró la comisión directiva del club San Martín como Secretario bajo la presidencia de Emilio Luque.
Su paso por San Martín terminó abruptamente en julio de 2013, cuando Jorge Garber lo despidió por irregularidades. «Ronald no informó como correspondía de las desvinculaciones de unos jugadores», explicó Garber, agregando que en la comisión directiva lo acusaban de haber provocado daño económico a la entidad y conflictos con el Consejo Federal del Fútbol.
Su gestión en Tecnocontrol, al frente del Ingenio San Juan, culminó con denuncias de fraude presentadas por la esposa de su socio Lucas Terán, apoderada de la firma.
La conexión con el caso Ciudad Universitaria
Pero su vínculo más preocupante surge en 2007, cuando integró el equipo económico de la Dirección General de Administración de la UNT que dispuso el régimen de obras en contradicción a la Ley 13.064 y omitió cumplir con el deber de contralor sobre la aplicación de fondos y pagos a empresas contratistas a través de la Unidad Ejecutora de Programas de Obras (UEPO).
Esta maniobra fue clave en el esquema presuntamente investigado por la Justicia Federal de Tucumán para malversación de fondos destinados a la contrucción de la Ciudad Universitaria en San Javier. Por ley, la UNT debía destinar el 40% de las utilidades de YMAD a la construcción del campus en el cerro San Javier. Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%. En enero de 2008, el entonces rector Juan Cerisola firmó el acta que oficializó la medida, abriendo la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según investigaciones periodísticas, se apartó de la Ley de Obra Pública.
Con esos fondos liberados, en lugar de completar la Ciudad Universitaria de San Javier, se inició una serie de obras en dependencias del Gran San Miguel de Tucumán a cargo de la UEPO, el mismo organismo donde Ronald Parada Parejas ejercía funciones de control financiero.
Curiosamente, el mismo juez Fernando Poviña intervino durante su desempeño como titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán en la investigación de este caso, según documentó eltucumano sobre el encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito en el expediente que involucró la malversación de fondos de YMAD desde 2005 y la falsificación del campus universitario.
El círculo se cierra: Poviña y Martínez Salazar, compañeros de la directiva de Atlético Tucumán, comparten vínculos con casos donde la justicia tucumana mostró patrones de inacción que beneficiaron a familiares y allegados de funcionarios con influencia.
La Constitución Nacional, artículos 53 y 59, establece el juicio político por mal desempeño. El Consejo de la Magistratura tiene competencia disciplinaria hasta la remoción, conforme Ley 24.937.
Un gol perfecto hacia la impunidad
Los hechos documentados revelanun magistrado que resuelve favorablemente sobre el hijo de su compañero de campaña mientras hacían proselitismo juntos, la Violación flagrante del deber de excusación junto a la violación reglamentaria en Atlético para acceder a la comisión directa.
Como ya señalara con anterioridad eltucumano.com, Poviña conocía la normativa y su deber de excusarse. Sin embargo, eligió firmar esa sentencia en plena campaña con el padre del beneficiado, violar el Reglamento Judicial, encubrir el robo de la Ciudad Universitaria, todo confiando en la impunidad del sistema tucumano.//Créditos a ELTUCUMANO.COM//._
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