Sin fallo judicial, el Consejo Superior de la UNT debe definir qué hacer con la Asamblea para elegir rector

El Consejo de la UNT debe decidir que postura tomar ante la falta de definiciones en la Justicia Federal.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa horas decisivas para su futuro institucional. Si la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán no emite una resolución de fondo antes de este martes, el Consejo Superior deberá analizar la posibilidad de volver a postergar la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio, instancia destinada a elegir al próximo rector y vicerrector de la casa de estudios.

La situación se definirá durante la primera sesión ordinaria del nuevo Consejo Superior, prevista para la tarde del martes, en un contexto marcado por la incertidumbre política y judicial que desde hace semanas condiciona el proceso electoral universitario.

La crisis institucional se originó el 15 de mayo, cuando la Cámara Federal dispuso una medida cautelar que suspendió la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, quien buscaba competir por un nuevo mandato. La resolución judicial se sustentó en cuestionamientos sobre la interpretación del Estatuto universitario respecto de los límites a las reelecciones consecutivas y tuvo origen en una presentación impulsada por el espacio opositor liderado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala.

Como consecuencia de esa decisión judicial, la Asamblea Universitaria que debía realizarse el 20 de mayo fue suspendida y todo el cronograma electoral quedó sujeto a la resolución de la Justicia Federal. Posteriormente vencieron los mandatos de Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal. Ambos decidieron no solicitar una prórroga de funciones, por lo que la conducción de la UNT quedó transitoriamente en manos de Cristina Grunauer de Falú, decana de la Facultad de Derecho y actual vicerrectora subrogante.

Mientras se aguarda el pronunciamiento judicial, dentro de la Universidad se analizan distintos escenarios. Uno de ellos contempla que la Cámara Federal revoque la cautelar y habilite nuevamente la candidatura de Pagani. Otra posibilidad es que confirme su exclusión, aunque permita al oficialismo presentar una nueva fórmula para competir. También se evalúa una resolución favorable al sector opositor encabezado por Cabrera y Abdala. Finalmente, existe la alternativa de que no haya sentencia antes de la fecha prevista para la Asamblea.

En este último caso, el Consejo Superior debería decidir si posterga nuevamente la elección para evitar que el proceso institucional avance sin una definición judicial sobre uno de sus principales protagonistas.

La situación no sólo tiene consecuencias políticas. La falta de autoridades electas mantiene en suspenso decisiones estratégicas vinculadas al futuro académico y administrativo de la UNT.

El debate también se trasladó al plano jurídico. Durante los últimos días, distintos especialistas analizaron el alcance de la intervención de la Justicia en el conflicto universitario.

El constitucionalista Benito Carlos Garzón consideró que la Cámara Federal se anticipó indebidamente al desarrollo del proceso electoral. Según su criterio, la Universidad debería completar la elección de autoridades y cualquier cuestionamiento tendría que plantearse una vez concluido ese procedimiento.

En sentido contrario, la constitucionalista Carmen Fontán recordó que la autonomía universitaria posee rango constitucional, aunque aclaró que ello no excluye el control judicial cuando surgen conflictos institucionales dentro de una universidad pública. “La autonomía universitaria no convierte a estas instituciones en un poder soberano dentro del Estado”, sostuvo.

Si bien ambos juristas coincidieron en la relevancia institucional del caso, mantuvieron posiciones diferentes respecto de los límites de actuación que corresponden a la Justicia Federal.

Paralelamente, distintos decanos comenzaron a plantear cuáles deberían ser las prioridades de la futura conducción universitaria una vez superada la crisis electoral.

Entre los desafíos más importantes aparecen la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), prevista para 2027; la administración de los recursos recuperados de YMAD; el desarrollo del proyecto de Ciudad Universitaria; la retención de docentes e investigadores; y la adecuación de las carreras a los cambios tecnológicos.

La decana de la Facultad de Bioquímica, María Inés Gómez, sostuvo que las próximas autoridades deberán combinar capacidad de gestión y liderazgo político para defender los recursos de la institución y avanzar en su modernización. A su vez, el decano de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, destacó el impacto que la inteligencia artificial tendrá sobre la enseñanza universitaria.

Desde las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Exactas también señalaron la necesidad de actualizar los planes de estudio para responder a las nuevas demandas laborales y a los modelos contemporáneos de formación.

El proceso electoral además despertó cuestionamientos desde el sector estudiantil. La Federación Universitaria de Tucumán (FUT) reclamó una mayor participación de los alumnos y pidió que los candidatos recorran las facultades para exponer y debatir públicamente sus propuestas.

“Existe una preocupante desconexión entre las propuestas políticas y las bases estudiantiles”, advirtió el presidente de la FUT, Alejandro Tapia.

En la misma línea, estudiantes de distintas unidades académicas señalaron que conocen más a quienes disputan los centros estudiantiles que a los postulantes al Rectorado. También reclamaron información más clara sobre la implementación del sistema de créditos universitarios y la actualización de las carreras.

Más allá de quién resulte finalmente electo, la UNT enfrenta una situación inédita en su historia reciente. La suspensión judicial de una candidatura antes de que la Asamblea Universitaria pudiera votar alteró el proceso electoral, obligó a establecer una conducción provisoria y abrió un profundo debate sobre los alcances de la autonomía universitaria y el rol de la Justicia en los conflictos institucionales de las universidades públicas.

La resolución que adopte la Cámara Federal no sólo definirá el futuro inmediato de la Universidad Nacional de Tucumán. También podría convertirse en un antecedente de alcance nacional para futuros procesos electorales en las casas de altos estudios de todo el país.

About The Author