“Se que mi hijo hizo malos negocios, pero no es un delincuente”: la madre de Diego Ovejero sale a defenderlo

Los chats de la madre del empresario acusado de multimillonarias estafas

Diego Ovejero, el abogado denunciado por una presunta estafa que habría provocado perjuicios superiores a los $740 millones, no fue acusado formalmente de ningún delito. Sí fue notificado de que está siendo investigado a partir de las denuncias presentadas en su contra.

Su situación procesal podría definirse en la Justicia Federal, un ámbito donde suelen tramitarse causas complejas que, por cuestiones técnicas, planteos de las partes, limitaciones tecnológicas y falta de recursos humanos, suelen demandar largos períodos de instrucción.

El derrotero judicial de este expediente es, al menos, particular. La primera denuncia se presentó en octubre de 2025. A partir de entonces, el Ministerio Público abrió formalmente la investigación, recibió nuevas presentaciones de otras personas y reunió distintos elementos para avanzar con la pesquisa. De manera paralela, obtuvo una medida de inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal.

Según consta en el expediente, el investigado aceleró las conversaciones con los acreedores para, supuestamente, frenar las denuncias en su contra. Incluso contó con la colaboración de su madre, Lucía Ferro.

Según surge de conversaciones incorporadas a la causa, Ferro intervino en algunos intercambios con los damnificados. En esos mensajes intentaba transmitir tranquilidad y les aseguraba que su hijo cumpliría con los compromisos asumidos. Incluso llegó a ofrecer la venta de una propiedad para afrontar las deudas.

“Sé que mi hijo hizo malos negocios, pero no es un delincuente como ustedes lo pintan”, sostuvo en uno de los diálogos.

El Código Procesal establece que un denunciado puede acordar con una víctima un plan de pago para desactivar la acción penal en determinados supuestos. En este caso, según confiaron fuentes judiciales, Ovejero firmó dos convenios en el Ministerio Público, pero no los cumplió.

Posteriormente avanzó con negociaciones privadas que se cerraban en escribanías, pero también fracasaron porque, según los denunciantes, habría entregado cheques sin fondos o falsos, formularios 08 correspondientes a un mismo vehículo a distintas personas, podría haber presentado comprobantes truchos de transferencias y habría realizado maniobras con tarjetas de crédito de familiares para entregar productos a terceros que luego desconocía ante las entidades emisoras.

“Tenía una sinfonía de mecanismos para evitar sus obligaciones. Eran maniobras fraudulentas”, sostuvo Federico Helguera, uno de los denunciantes. “Lo más grave es que tengo entendido que sigue haciendo lo mismo, pero a través de terceras personas, principalmente familiares”, añadió en una entrevista.

Sin embargo, el fiscal Diego López Ávila se declaró incompetente al considerar que podrían haberse configurado delitos como intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y evasión tributaria, por lo que el caso debería ser investigado por la Justicia Federal.

“Conforme surge de las constancias del legajo, el imputado ni siquiera se encontraría debidamente inscripto como comerciante en el Registro Público correspondiente, pese al volumen económico de las operaciones investigadas. En consecuencia, el bien jurídico comprometido deja de ser exclusivamente el patrimonio individual de cada víctima para afectar directamente el orden económico y financiero nacional, razón por la cual la competencia federal resulta manifiesta”, fundamentó López Ávila al solicitar la declaración de incompetencia.

El juez Guido Cattaneo avaló el planteo formulado por el representante del Ministerio Público.

Cada vez son más las causas que fueron remitidas a esa órbita. Los casos de Intensive Live, Peak Capital, Straton y Sunday fueron algunos de los expedientes que se tramitan desde hace años en el fuero federal y que, según admiten denunciantes y representantes legales, registran escasos avances. En esos procesos están en juego reclamos que superarían los $10.000 millones.

El expediente ya fue remitido a los tribunales federales. Ahora, sus funcionarios deberán resolver si aceptan la competencia. En caso de rechazarla, la controversia deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese trámite podría demandar meses e incluso años.

Patricio Char, representante legal de uno de los damnificados, consideró que no será necesario iniciar una nueva investigación porque ya existen elementos suficientes para avanzar con medidas procesales.

“Pero primero habrá que ver si la Justicia Federal acepta o no hacerse cargo del expediente. Después se analizarán los pasos a seguir, aunque no estoy del todo convencido de la decisión adoptada por el fiscal”, indicó el profesional. “De todas maneras, las investigaciones en el fuero federal suelen ser más lentas”, agregó.

Fabián García, uno de los denunciantes, también se refirió al futuro de la causa. “La verdad es que lo que más me preocupa es recuperar los fondos que entregamos. Ovejero incumplió acuerdos que se firmaron incluso en ámbitos judiciales, sin contar los convenios privados”, explicó.

“Lo que pretendemos es que la Justicia actúe con rapidez para que podamos recibir una propuesta seria y creíble que nos permita recuperar, al menos, una parte del dinero que entregamos”, añadió en una entrevista.

ENGAÑO. Las imágenes que enviaba a los denunciantes para demostrar las compras de azúcar que había realizado. 

Gonzalo Ascárate, quien junto a Macario Santamarina ejerce la defensa de Ovejero, generó polémica con sus declaraciones. El abogado sostuvo que no existió ninguna estafa.

“Sí captaba fondos para realizar inversiones vinculadas con la compra de azúcar. Como es de público conocimiento, el valor de ese producto sufrió una fuerte caída y recién ahora comenzó a recuperarse. El problema es que muchas personas se confunden. No solo hay que ser socios en las ganancias, sino también en las pérdidas”, afirmó.

El profesional tampoco ocultó su satisfacción por el pase de la causa a la Justicia Federal. “Creo que los mayores problemas los tendrán los inversores, ya que deberán justificar el origen del dinero que entregaron. Si no pueden hacerlo, seguramente tendrán inconvenientes”, sostuvo.

Ariel Lezcano, representante legal de dos damnificados, cuestionó esos argumentos. “La defensa intenta presentar a Diego Ovejero como un empresario que perdió dinero. Sin embargo, el expediente describe algo muy diferente: una sucesión de conductas reiteradas que, lejos de ser hechos aislados, revelan un mismo patrón que podría interpretarse como una maniobra de estafa”, sostuvo.

“No corresponde minimizar esos hechos diciendo que ‘el negocio salió mal’. Precisamente para eso existe una investigación penal: para determinar si detrás de ese entramado existió un plan destinado a engañar y desapoderar patrimonialmente a numerosas personas”, añadió.

Lezcano también respondió a los dichos de Ascárate sobre la obligación de justificar el origen de los fondos invertidos. “Los damnificados ya respondieron de dónde salió cada peso. Ahora le toca al investigado explicar dónde terminó ese dinero. Esa es la verdadera pregunta que deberá responder ante la Justicia”, concluyó el abogado.

---

About The Author