Robo al gobernador Jaldo: los investigadores aseguran que no se habría extraído información del celular
La Justicia rechazó un pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Liliana “Pampita” Carrizo, la única detenida por el hecho. Buscan la participación de un tercero que habría tomado una fotografía con el dispositivo del mandatario.
En las últimas horas, surgieron novedades en la causa judicial abierta por el robo de su celular que el gobernador Osvaldo Jaldo sufrió el pasado 18 de julio mientras participaba de una acto político en La Cocha.
Ayer jueves, en una nueva audiencia, la Justicia se rechazó el pedido de arresto domiciliario para Liliana “Pampita” Carrizo, la única procesada en la causa, pero surgieron detalles en la que quedó involucrado un fotógrafo que terminó siendo clave para que se detuviera a la acusada y dejó en claro que aún hay mucho por investigar.
Tras ser detenida, al día siguiente se hizo una audiencia en la que la auxiliar Emilse Guevara, siguiendo las instrucciones del fiscal Héctor Fabián Assad, acusó de hurto a Carrizo y pidió que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. El planteo fue apoyado por la querellante Paula Morales Soria y el defensor oficial Pablo Cannata no se opuso y el juez Cristian Velázquez terminó aceptando el pedido.
“Pampita” decidió no declarar en la audiencia, sí lo hizo al día siguiente. En el despacho del fiscal, habría relatado que ella no había sido la autora del hurto y que en realidad se lo había entregado una persona. También aseguró que al llegar a su domicilio se habría comunicado con su pareja que estaba en Córdoba para explicarle que había encontrado el celular. Él le habría sugerido que publicara en las redes sociales el hallazgo para que su propietario lo recuperara. También intentó desbloquearlo para conectarlo al wifi de su caso con el único propósito de que el dueño llamara por WhatsApp, ya que en su casa no hay señal. Pero todas sus intenciones quedaron en la nada porque fue aprehendida.
No dio mayores detalles, pero todo respondió a una estrategia para mejorar su situación procesal. Habría accedido a contar lo que realmente sucedió a cambio de acceder a un arresto domiciliario. Pero no llegó a cumplirse porque la acusada le revocó el poder a Cannata y designar a Emilia Gissele Ale como defensora que desplegó otro plan diferente.
Según informó La Gaceta, en el marco de la investigación surgieron dos detalles. El primero fue la confirmación de que en principio no se habría extraído información del celular de Jaldo. El otro: se confirmó que alguien había utilizado el móvil para tomar una foto en la que aparecía la acusada. Es decir, que era prácticamente imposible que ella lo hubiera sustraído.
Paralelamente, el fiscal Assad ordenó el secuestro de los dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad del salón de fiesta, medida que tuvo una tardanza porque el propietario no recordaba la contraseña, por lo que los peritos tuvieron que hacer una extracción. Esas imágenes están siendo analizadas por el Equipo Científico de Investigación Fiscal, al igual que los celulares que se le secuestraron a la acusada.
También convocaron a los fotógrafos que tomaron imágenes en la reunión política. Cuatro presentaron las tarjetas de memorias para analizar. Se encontraron imágenes que aportaron más confusión aún. En una de ellas aparece la acusada con un celular en una de sus manos después de que no tenía nada en su poder.
El viernes 4, antes de que comenzara la feria judicial, Carrizo volvió a declarar ante el fiscal Assad. En esa oportunidad habría afirmado que Juárez, el fotógrafo que aportó la imagen para que la identificara, le había entregado el celular. Ahora los peritos están analizando los tiempos en el que se tomaron los retratos para determinar cómo fue la secuencia.
Solicitada por Ale, ayer se realizó una audiencia que no pudo ser cubierta por LA GACETA íntegramente por las limitaciones que impuso el juez Rodrigo Sebastián Martearena, con el propósito de que a “Pampita” se le otorgara el arresto domiciliario. Argumentó que su defendida estaba embarazada y que no tenía quien cuidara de sus dos hijas menores, ya que su hermano mayor tuvo que salir a trabajar para poder atender sus necesidades.
La auxiliar fiscal Constanza Díaz se opuso al considerar que no estaba acreditado los problemas de salud que padecía Carrizo y confirmó además que un informe indicaba que no se le podía otorgar una pulsera porque en su casa de Los Pizarro no hay la conectividad que se necesita para hacer un correcto seguimiento de la medida. También recordó que la semana que viene se debe hacer una nueva audiencia para definir si se solicitará o no la prórroga de la prisión preventiva.
La querellante Paula Morales Soria, no sólo adhirió a los planteos de la representante del Ministerio Público, sino que además fijó postura sobre el caso. “Acá no sólo estamos hablando ya de la participación de más de una persona, sino que además está claro que hubo una planificación para apoderarse del celular del gobernador Jaldo. Eso representa una gravedad institucional sin precedente porque todavía no se determinó cuál era el objetivo del hurto del móvil”, explicó.
“No puede otorgarle el arresto domiciliario porque entorpecería la investigación. La declaración que brindó fue contradictoria y hasta podría haber sido direccionada para que no se supiera la verdad. Si se le otorga la morigeración de la medida cautelar podría realizar otras maniobras”, añadió Morales Soria.
El juez Martearena rechazó el planteo al considerar que el pedido debería haberse realizado en una audiencia de impugnación. Entre el jueves y viernes de la semana que viene el fiscal Assad deberá definir si pide la prórroga de la prisión preventiva en contra de Carrizo.
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