Ocho años después condenan a los ladrones que hicieron un boquete en Tarjeta Titanio en plena City y se llevaron medio millón de dólares

Ocho años después del millonario robo a la sucursal de Tarjeta Titanio, ubicada en calle San Martín al 800 de la capital tucumana, la Justicia condenó a cinco integrantes de una banda integrada por tucumanos y cordobeses que se llevaron alrededor de U$S 500.000 y más de $ 6,7 millones tras perforar la bóveda de la empresa. Otra de las acusadas accedió a una suspensión de juicio a prueba por dos años, mientras que un séptimo sospechoso permanece prófugo.

El golpe se concretó durante la madrugada del fin de semana del 8 y 9 de septiembre de 2018, aunque fue descubierto recién el lunes 10, cuando los empleados de la financiera llegaron al local y advirtieron que faltaba una importante suma de dinero de la caja fuerte. La denuncia fue radicada en la comisaría 1ª y el caso pasó a la Dirección General de Investigaciones de la Policía.

Desde un primer momento, los investigadores que seguían las directivas del entonces fiscal Pedro Gallo advirtieron que se trataba de un robo ejecutado por delincuentes con experiencia. El análisis de la escena reveló que los ladrones habían accedido a la bóveda mediante un boquete realizado con herramientas, lo que evidenciaba una planificación previa y conocimiento del funcionamiento del local.

A partir de allí comenzó una extensa investigación que incluyó allanamientos en distintos puntos de Tucumán, donde se secuestraron dinero en efectivo y armas de fuego. Con el avance de las pesquisas, los detectives establecieron que la organización estaba integrada por delincuentes tucumanos y cordobeses.

Uno de los avances clave ocurrió el 18 de agosto de 2025, cuando un equipo de la División Robos y Hurtos, dirigido por el comisario Diego Bernachi, interceptó una Toyota Hilux en la intersección de Amador Lucero y Las Piedras. En el vehículo viajaban dos tucumanos y dos cordobeses que estaban bajo sospecha por el robo. Durante la requisa encontraron un arma de fuego, pasamontañas y elementos vinculados a robos domiciliarios, por lo que el Ministerio Público Fiscal ordenó su inmediata aprehensión.

Finalmente, la investigación permitió identificar a Walter Hugo Rivero, Nahuel Corbalán, Myriam Noemí Corbalán, Gabriel Rubén Barzola, Alejandro José García, Flavio Nahuel Aguilar y Francisco Aguilar, aunque este último permanece prófugo desde el inicio de la causa.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Cámara Penal II Conclusional, a cargo de Estela Giffoniello, Rivero junto con Myriam y Nahuel Corbalán habrían sido quienes planificaron el golpe y aportaron información clave sobre la sucursal. Luego contactaron a García, Barzola y a los hermanos Aguilar, que residían en Córdoba, para ejecutar el plan.

Según la reconstrucción fiscal, Gabriel Barzola ingresó primero por una puerta lateral del local para activar las alarmas y verificar el sistema de seguridad. Más tarde, Nahuel y Francisco Aguilar, junto a otros cómplices no identificados, volvieron a entrar por el mismo sector y utilizaron un taladro manual para perforar la pared de la bóveda, abrir un boquete y apoderarse del dinero. Tras el robo, huyeron en camioneta y el botín habría sido entregado a Alejandro García, quien lo resguardó en su vivienda de Córdoba.

La causa llegó a su etapa final el pasado 4 de marzo, cuando las partes acordaron un juicio abreviado para cinco de los imputados y una probation para Myriam Corbalán.

De esta manera, Rivero, Barzola, García, Flavio Nahuel Aguilar y Nahuel Corbalán reconocieron su responsabilidad en el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por efracción, y aceptaron una pena de tres años de prisión. Los primeros cuatro cumplirán la condena de forma condicional en Córdoba, mientras que Nahuel Corbalán deberá cumplirla de manera efectiva, ya que actualmente se encuentra alojado en el penal de Villa Urquiza por otra causa.

Además, como parte del acuerdo, Barzola y Aguilar se comprometieron a pagar $ 3 millones cada uno en concepto de reparación económica, mientras que Rivero ofreció $ 1,8 millones.

Por su parte, Myriam Corbalán no admitió haber participado en el hecho, por lo que accedió a una suspensión de juicio a prueba por dos años. Como condición, deberá estudiar la carrera de Informática y pagar $200.000 en concepto de indemnización. Mientras tanto, Francisco Aguilar continúa prófugo y es buscado por la Justicia.