Gastos sin control. Aumento millonario: la SIDE ejecutó otros $3.500 millones en gastos reservados
En apenas 14 días, el organismo duplicó la ejecución de fondos secretos destinados a operaciones de las que no rinde cuentas. La contradicción sobre sus funciones operativas, las advertencias sobre el pago de sobresueldos y la lupa sobre el millonario presupuesto.
El asesor presidencial Santiago Caputo, el 1° de marzo al asistir a la Asamblea Legislativa.
Hasta el 23 de mayo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había ejecutado $ 3.796 millones en gastos reservados, es decir, partidas de dinero público por cuyo fin y uso no se rinden cuentas. Sin embargo, en un lapso sorpresivamente breve, los números se dispararon: en poco más de dos semanas se devengaron otros $ 3.500 millones, según se constató en los registros de ejecución presupuestaria.
Actualmente, la Secretaría que dirige Cristian Auguadra cuenta con recursos asignados por un total de $ 97.000 millones, de los cuales $ 19.000 millones están destinados exclusivamente a gastos reservados. De ese pozo secreto, ya se utilizaron $ 7.261 millones.
Para tomar dimensión de la magnitud de esta cifra, lo ejecutado en las últimas semanas es prácticamente equivalente a lo que se gastó en los primeros cinco meses del año. Este salto en las erogaciones coincide sugestivamente con la reciente designación de Sebastián Pareja —hombre de extrema confianza de Karina Milei— como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, la encargada de monitorear, justamente, estos gastos confidenciales.
Santiago Caputo junto a Karina y a Javier Milei, en una foto que difundió Presidencia cuando se cuestionaba al asesor.
Las contradicciones sobre el rol de la SIDE
Curiosamente, las actividades de la SIDE no parecen haberse ampliado en la misma proporción que sus gastos. Al menos, así lo afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su último informe ante el Congreso. Allí aseguró que la reforma introducida por el Decreto 941/25 no amplió las facultades del organismo, sino que «las delimitó, siendo éste el primer gobierno que redujo su ámbito de actuación».
Según el Ejecutivo, el decreto dejó la inteligencia criminal exclusivamente en manos del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), y derivó la ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, los hechos recientes muestran una cara diferente.
Esta misma semana, la SIDE celebró oficialmente su participación operativa en la detención de Andrés ‘Plin’ Acosta, líder de la organización narcocriminal ‘Los Menores’ y miembro de la barra brava de Rosario Central. En el comunicado del 8 de junio, Inteligencia aseguró que aportó datos clave y remarcó que el crimen organizado es una «amenaza prioritaria».
Más allá de este operativo y de alertas sanitarias menores (como el control de embarcaciones por el virus del ébola), no existen registros oficiales que justifiquen semejante desembolso repentino de $ 3.500 millones en partidas reservadas.
El ajuste no corre para Inteligencia
Mientras la motosierra avanza sobre diversas áreas del Estado, la SIDE parece ser la gran excepción. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a mayo de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) cayó un 31% en términos reales comparado con el mismo período de 2023. En contraste, la SIDE registró un incremento real del 34%.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el presupuesto total de la ex AFI creció un 546% (saltó de $ 15.000 millones a $ 97.000 millones). Peor aún, la caja de gastos reservados se disparó un 2.823%, pasando de $ 640 millones a los asombrosos $ 19.000 millones proyectados para este año.
¿La caja de los sobresueldos?
El uso discrecional de estos fondos no es exclusividad de la actual administración, sino un problema estructural. En este sentido, el politólogo e investigador Andrés Malamud señaló que existen tres fuentes de sobresueldos en el Estado: «La SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales».
«No todos los funcionarios los cobran: me consta que al menos una ministra no lo hace. Los sobresueldos no son un problema de moralidad personal, sino de capacidad estatal: si el Estado no logra pagarles en blanco a sus funcionarios, ¿cómo puede obligar al sector privado a cumplir la ley?», concluyó el analista, abriendo el interrogante sobre el verdadero destino de los millones que la Inteligencia argentina gasta en las sombras.
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