Nueva Ley de Discapacidad: advierten que «plantea restricciones y es regresiva»

El presidente de la CITED, Gustavo Anastasio, cuestionó con dureza la propuesta oficial y aseguró que implica un retroceso en materia de derechos.

En medio del debate por el proyecto que el Gobierno nacional envió al Congreso para modificar el sistema de discapacidad, crecen las críticas desde distintos sectores. La iniciativa incluye cambios en las pensiones no contributivas por invalidez, nuevos requisitos de acceso, controles más estrictos y un reempadronamiento obligatorio.

En diálogo con LV12, Gustavo Anastacio, presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (CITED), cuestionó con dureza la propuesta oficial y aseguró que implica un retroceso en materia de derechos.

“Empezando por el nombre, ya es irritante, agresivo e hiriente hacia las personas con discapacidad”, sostuvo en referencia al enfoque del proyecto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, al que vinculó con una mirada centrada en el control y no en la inclusión.

Anastacio remarcó que los argumentos del Gobierno sobre el crecimiento de las pensiones son “falaces” y recordó que ese aumento ya fue explicado en función del contexto social y la pobreza estructural. En ese sentido, advirtió que la iniciativa “intenta nuevamente agredir al colectivo de la discapacidad”.

Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de paradigma. Según explicó, se dejaría de lado el enfoque basado en derechos para volver a una lógica más restrictiva, vinculada únicamente a la capacidad laboral. “¿Qué pasa con los niños que reciben una pensión? ¿No la van a poder tener?”, planteó.

Además, alertó sobre el impacto que podría tener la eliminación automática de la pensión en caso de conseguir empleo. “Muchas personas no aceptan trabajos por miedo a perder ese ingreso seguro y después no poder recuperarlo”, explicó.

Otro eje crítico es la posible descentralización del sistema, que implicaría transferir responsabilidades a las provincias. Para Anastacio, esto podría “desarmar el sistema nacional” y generar desigualdades en las prestaciones. “Corremos el riesgo de tener personas con discapacidad de primera y de segunda”, advirtió.

En este contexto, este miércoles se lleva adelante un paro nacional del sector. En Tucumán, las instituciones suspendieron la atención y realizan actividades internas y acciones de visibilización. A nivel país, la medida afecta a miles de personas con discapacidad, en rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Desde el sector anticipan que el debate recién comienza y piden a legisladores y autoridades provinciales que analicen el impacto de la iniciativa antes de su tratamiento en el Congreso.