Maltrató a sus alumnos del primario, la echaron y no podrá volver a ejercer la docencia
La medida, que involucra a una maestra rural, fue oficializada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. El sumario determinó la existencia de conductas reiteradas incompatibles con la función docente y antecedentes disciplinarios. Ocurrió en Burruyacu.
El Gobierno de Tucumán dispuso la expulsión definitiva de una docente dependiente del Ministerio de Educación luego de una investigación administrativa iniciada a raíz de denuncias por presuntas amenazas y maltratos contra alumnos y miembros de una comunidad educativa del ámbito rural. La decisión implica, además, que la agente no podrá volver a ingresar a la docencia provincial como titular, interina o suplente.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1.677/5 (MEd), fechado el 23 de julio y publicado este lunes 10 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia. La norma, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, lleva la firma del presidente subrogante de la Legislatura en ejercicio del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, y se sustenta, entre otras normas, en el Estatuto del Docente y en las leyes nacional y provincial de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Según surge de los antecedentes administrativos detallados en el decreto, las actuaciones contra Rosa del Valle Pucheta se iniciaron a partir de una intervención de la Dirección de Educación Primaria, luego de una denuncia elevada por la dirección de la Escuela N° 242 «Ingeniero Laurencio Leal Lobo», de la localidad de Cañada de Alsogaray, departamento Burruyacu.
En esa presentación se daba cuenta de «presuntas amenazas y maltratos» atribuidos a la docente y cometidos en perjuicio de alumnos y de otros integrantes de la comunidad educativa.
A partir de esos hechos se abrió una investigación administrativa mediante la Resolución N° 0761/5 (SE), del 29 de octubre de 2024. Durante el procedimiento se incorporaron documentación, informes de organismos técnicos, declaraciones y antecedentes de la agente. También se formularon formalmente los cargos y se garantizó a la docente la posibilidad de ejercer su defensa, tomar vista de las actuaciones, presentar un descargo y aportar pruebas.
Una sanción anterior
Uno de los elementos que el Poder Ejecutivo tuvo especialmente en cuenta para adoptar la decisión fueron los antecedentes disciplinarios de la docente.
De acuerdo con el decreto, Pucheta ya había sido objeto de otra investigación administrativa. Ese expediente terminó con la confirmación de cargos y la determinación de que le hubiera correspondido una suspensión de 15 días. Como para entonces había renunciado al cargo que desempeñaba, la sanción se hizo efectiva posteriormente, cuando asumió una nueva función.
El expediente también señala que, después del inicio de las nuevas actuaciones, la docente presentó su renuncia en la Escuela N° 242 y que posteriormente quedó alcanzada por una medida de reubicación provisoria en un cargo de Maestro de Grado de Jornada Completa de la Escuela N° 375 «Francisco Molina», de la localidad de Las Corzuelas, también en Burruyacu.
Según consigna la norma, esa reubicación se había adoptado a raíz de denuncias formuladas por padres de alumnos por presuntos hechos de maltrato atribuidos a la misma docente.
Tras analizar las actuaciones y el material probatorio reunido, la instrucción sumarial resolvió confirmar los cargos y aconsejó aplicar la exoneración, contemplada en el artículo 56, inciso 8, del Estatuto del Docente.
«Comportamientos impropios»
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno consideró acreditado que la docente no cumplió las funciones inherentes a su cargo de manera «digna, eficaz y lealmente» y sostuvo que las conductas investigadas constituyeron un grave incumplimiento de sus deberes.
El decreto remarca particularmente que los hechos tuvieron lugar dentro de una institución educativa, a la que define como un ámbito que debería brindar «protección, contención, afecto y estímulo» para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
La evaluación administrativa fue contundente respecto del impacto de las conductas investigadas. Según la norma, la docente mantuvo «comportamientos impropios de su función», que generaron situaciones que «afectaron el bienestar emocional de los alumnos y alteraron el adecuado clima pedagógico» que debe existir en una escuela.
A esto se sumaron, de acuerdo con el expediente, la falta de colaboración ante requerimientos institucionales, conflictos recurrentes con otros integrantes de la comunidad educativa, dificultades para adecuarse a las exigencias del servicio y antecedentes administrativos.
Para el Poder Ejecutivo, la reiteración resultó determinante al momento de definir la sanción. El decreto sostiene que los hechos acreditados demuestran que «no se trata de hechos aislados o meramente circunstanciales», sino de comportamientos repetidos incompatibles con la idoneidad ética y funcional requerida para ejercer la docencia.
En ese sentido, la norma señala que los antecedentes disciplinarios constituyeron un elemento de «especial relevancia» y justificaron la aplicación de la máxima sanción disciplinaria prevista en el régimen estatutario docente, con el objetivo de resguardar el interés superior de los alumnos, el funcionamiento del servicio educativo y el prestigio de la administración pública.
No podrá ejercer nunca más
En su parte resolutiva, el decreto dispone clausurar la investigación administrativa, confirmar los cargos formulados contra Pucheta y aplicarle la sanción de exoneración, prevista por el artículo 56, inciso 8, de la Ley N° 3.470.
La decisión no se limita a disponer su separación de la administración educativa. El artículo segundo establece que la sanción deberá ser comunicada a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación.
El objetivo es que esos organismos registren la medida, ya que, según establece expresamente el decreto, «la falta cometida impide el ingreso a la docencia de la agente en carácter titular, interino o suplente», al no reunir las condiciones establecidas por el Estatuto del Docente.
La decisión administrativa fue adoptada luego de la intervención de Fiscalía de Estado, que emitió el Dictamen Fiscal N° 1.136/2026, y también deberá ser comunicada al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Para fundamentar la sanción, el Ejecutivo invocó además las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes y remarcó la obligación estatal de garantizar su integridad física, psíquica y emocional y su derecho a desarrollarse en ámbitos libres de violencia, intimidación y maltrato.
El incidente ocurrido en Burruyacu se trata de primer caso documentado de actos de violencia graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar que involucra a una docente mujer. En otros hechos informados previamente por este diario, en la mayoría de los casos vinculados a abuso sexual, todos los protagonistas fueron hombres.
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