“Las causas por mala praxis prescriben y la gente se sigue muriendo”, asegura Silvia Furque

La abogada representa a María Luna, la mamá de Matías Juárez, el niño de ocho años muerto tras una operación de amígdalas. “Le ofrecieron muchas veces plata, ella rechazó todas”, aseguró

Silvia Furque. Foto: LV7

El martes comenzó el primer juicio por homicidio por mala praxis médica de Tucumán. Tres profesionales án acusados por la muerte de Matías Juárez, de ocho años, que murió en octubre de 2016 tras una cirugía de amígdalas en el Sanatorio San Lucas. 

La abogada Silvia Furque representa a la mamá del niño, María Luna, querellante en la causa.Tiene experiencia en investigaciones por mala praxis médica, pero nunca había llegado ninguna a juicio oral. “La mayoría termina con una probation o con una reparación integral, el de Matías es el primero que llega a debate oral en Tucumán”. asegura. 

Furque entiende que el proceso penal de este tipo de casos es particularmente difícil. Se trata de abogados puestos a investigar y juzgar hechos médicos. Por ello, apelan a profesionales que evalúen lo realizado por sus colegas. Sin embargo, asegura, rara vez un profesional de la salud declara contra otro. 

“Eso es evidente, especialmente en Tucumán. Es terrible acá. En el resto del país también pasa, pero lo hacen con más pudor. Sin embargo, de una u otra manera siempre intentan decir que lo que su colega hizo está bien”, analiza en diálogo con Tendencia de Noticias. 

La abogada entiende que en este tipo de investigaciones es fundamental la buena fe. “La gente se está muriendo. La gente se está muriendo las causas no avanzan, no pueden avanzar. Por más que los fiscales y los jueces quieran, no llegamos”, reclama.

“Sin embargo, no puede ser que un niño como Matías, que entra con prequirúrgicos perfectos, un chico que entró sonriendo, en menos de 10 o 12 horas después de la cirugía esté gravísimo y al borde de la muerte. Algo hicieron mal, no pueden decir que no”, considera la abogada querellante. Los acusados son  el otorrinolaringólogo Álvaro Enrique Páez, la pediatra Federica María Carolina Castro y la médica Florencia María Jerez

“Jurídicamente nosotros vamos a tratar de demostrar que el doctor Páez, que es el acusado principal, que ha sido el cirujano, ha tenido una actitud expectante. En todo momento, lo único que hizo fue esperar, mientras Matías se desmejoraba. El niño salió de la cirugía con la hemoglobina baja, es decir, sale anémico de la cirugía. No puede decir Páez que eso es normal. Salió descompensado físicamente, clínicamente después de la cirugía.Vomitaba sangre, le hacían una transfusión y volvía a vomitar. Nunca averiguaron de dónde venía la hemorragia”, analiza Furque. 

“Por supuesto, después se le produjo un accidente cerebro vascular (ACV). A partir de las 3:30 de la mañana ya estaba con síntomas de un ACV y llaman a un neurólogo a las 7 de la mañana. Entonces, han perdido horas esenciales. Ya a las 7 de la mañana, cuando le hacen la tomografía computada, el cerebro estaba totalmente inflamado con una presión arterial altísima”, remarca.

Furque asegura que, en estos diez años, su clienta recibió en varias oportunidades propuestas económicas para abandonar la causa penal. “Por supuesto, las compañías de seguro todas ofrecieron. Eso sí es verdad, pero mi clienta jamás aceptó. Es más, María no quería que vayamos por la acción civil, yo tuve que convencerla, porque le corresponde y le dije ‘vamos a pedirla’. Pero ella solamente quiere saber qué pasó y por qué”, explica Furque. 

“Su hijo la saludó bien antes de entrar a la cirugía y después nunca más volvió a estar bien. Es entendible: María quiere una respuesta de la justicia. Quiere que la justicia le diga si lo que hicieron los médicos está bien o está mal”, detalla la profesional.

Furque considera que el principal responsable es Páez, pero también atribuye culpa sobre las dos terapistas. “Vieron  los tres vómitos de sangre y solamente la repusieron. Podrían haber hecho estudios complementarios y no lo hicieron, aun cuando el sanatorio contaba con instrumentos para hacerlos”, argumentó. 

Sin embargo, anticipó que es poco probable que la pena para ellos sea de prisión efectiva. “El máximo es de 5 años, pero en todos los antecedentes que tengo no se llega a ese monto. Por ejemplo, tengo un fallo de San Juan por la muerte de una chica de 18 años, también por mala praxis en una cirugía de amígdalas, la sentencia fue de tres años. En Catamarca, en los tres juicios que se hicieron, no superaron los dos o tres años”, detalla.

Para Furque, lo importante no es la prisión sino la inhabilitación. “Puede ser de cinco a diez años y eso es lo más importante”, finaliza.

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