«La tierra no es una mercancía»: la Iglesia Católica cuestionó el proyecto que elimina límites a la compra por extranjeros

Entidades de la Iglesia Católica expresaron su rechazo a la iniciativa que se debatirá en el Senado y advirtieron sobre sus posibles efectos en la soberanía, los recursos naturales y el acceso a la tierra.

Sectores de la Iglesia Católica manifestaron su rechazo al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional y que será tratado en el Senado el próximo 6 de agosto. A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas Nacional cuestionaron, entre otros aspectos, la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y reclamaron que el debate parlamentario priorice el bien común y el interés de las futuras generaciones.

El documento, titulado «La tierra: madre, hermana y bien común», comienza con un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, donde se afirma: «El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes».

A partir de ese planteo, las organizaciones eclesiales expresaron su «profunda preocupación» por el contenido del proyecto de ley, cuya discusión está prevista para la próxima semana en la Cámara alta.

La jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich aun no tiene asegurados los votos para la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger.

En la carta sostienen que la iniciativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse», al tiempo que advierten que una de sus principales modificaciones consiste en dejar sin efecto las restricciones actualmente vigentes para la compra de tierras por parte de personas o empresas extranjeras.

Al respecto, señalaron que «nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros -personas físicas o empresas- y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales».

Otro de los puntos observados por las entidades religiosas se refiere a los cambios previstos en la Ley de Manejo del Fuego. En ese sentido, afirmaron que «también resultan alarmante los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras castigadas por incendios, hecho que hasta ahora estaba restringido».

Asimismo, sostuvieron que la propuesta «debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros».

Factores de importancia

En otro tramo del documento, los firmantes remarcaron que «la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico» y recordaron las palabras del papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, donde expresó: «La tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija».

La carta también destaca el papel que la tierra desempeña para distintos sectores de la población. En ese marco, señala que «para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro. En ella se construyen vínculos, saberes, formas de trabajo y modos de habitar el mundo que se transmiten de generación en generación».

En relación con el desarrollo económico, el texto incorpora otra referencia al papa León XIV al señalar: «El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no sólo a los individuos».

Las entidades también vincularon el proyecto con la problemática habitacional y sostuvieron que «es importante favorecer el acceso a la vivienda, como necesidad primaria para tantas familias, dando un marco jurídico razonable a los alquileres que sea justo tanto para propietarios como para inquilinos».

Finalmente, Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen solicitaron a los senadores que «guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad», de cara al tratamiento del proyecto en el Congreso.

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