«La narrativa del castigo avanza y desplaza la respuesta pedagógica»

Julieta Santillán Juri, coordinadora de Derechos de Niñez y Adolescencia de ANDHES.

Cuatro hechos graves de vilencia en una semana pusieron en vilo a toda una provincia. Los episodios tienen un hilo conductor: todos tuvieron como protagonistas a niños y adolescentes. Julieta Santillán Juri, coordinadora de Derechos de Niñez y Adolescencia de ANDHES, aseguró que estos episodios son la expresión de una problemática social mucho más profunda. “Los dispositivos actuales no alcanzan. Faltan espacios especializados para adolescentes y recurso humano capacitado”, advirtió.

Cuatro hechos graves de vilencia en una semana pusieron en vilo a toda una provincia. Los episodios tienen un hilo conductor: todos tuvieron como protagonistas a niños y adolescentes y, salvo uno, ocurrieron dentro de escuelas. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con las infancias? ¿Qué está pasando en el entramado social?

Estas preguntas se pusieron sobre la mesa este viernes en el programa La Tucumana de Tarde (La Tucumana FM 95.9). Julieta Santillán Juri, coordinadora de Derechos de Niñez y Adolescencia de ANDHES, remarcó que estos hechos, lejos de ser episodios aislados, “son la expresión de una problemática social mucho más profunda” donde convergen múltiples factores: exclusión, falta de políticas públicas, precariedad en las familias y un sistema educativo que no logra contener situaciones cada vez más complejas.

La especialista explicó que cada escuela cuenta con marcos normativos claros, como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Convivencia Escolar y los acuerdos internos que deben construirse junto con directivos, docentes, estudiantes y familias. Sin embargo, consideró que estos instrumentos “han perdido su valor real” y necesitan ser reactivados y fortalecidos. En ese sentido, destacó la importancia de los espacios de participación estudiantil y lamentó que políticas como la Educación Sexual Integral estén hoy desfinanciadas, cuando precisamente aportan herramientas clave para trabajar la diversidad, los límites y el reconocimiento del otro.

Al referirse a los casos más graves —como el de la niña de 10 años brutalmente agredida por compañeros—, la referente subrayó que no existen respuestas simples. Indicó que deben atenderse las urgencias, contener a las víctimas y garantizar su seguridad, pero sin caer en salidas punitivas que solo profundizan la exclusión: “La narrativa de castigo avanza y eso desplaza la respuesta pedagógica, que es la única capaz de reconstruir ciudadanía y evitar futuros daños”. Para ilustrar alternativas posibles, mencionó el Proyecto MAP, surgido del impulso de estudiantes que transformaron un hecho trágico en espacios de arte y reflexión contra la violencia. MAP es un acrónimo de Matías Albornoz Piccinetti, el nombre del adolescente que el 19 de mayo de 2017 murió en un enfrentamiento en el centro tucumano a la salida del colegio. Actualmente es un espacio de formación, difusión, prevención, acción y concientización en contra de la violencia.

Santillán Juri señaló también el fuerte deterioro del tejido social y su impacto directo en las infancias. Citó datos de UNICEF, que revelan que el 58,45% de los menores de 18 años en Tucumán vive en situación de pobreza multidimensional. Esto, sumado a la crisis habitacional y a la falta de acompañamiento en entornos digitales, deriva en altos niveles de sufrimiento psíquico y problemas de salud mental. “Los dispositivos actuales no alcanzan. Faltan espacios especializados para adolescentes y recursos humanos capacitados”, advirtió.

En este contexto, fue crítica ante las respuestas oficiales que reducen la responsabilidad del Estado o minimizan la gravedad de lo ocurrido. “No ayuda decir que son hechos aislados ni trasladar la culpa a las familias. Cuando las instituciones se tiran la pelota entre sí, se profundiza el problema”, afirmó. Para Andhes, es necesario asumir el rol pedagógico, tomar decisiones políticas y diseñar intervenciones coordinadas que lleguen tanto a las escuelas como a los barrios y a los sistemas de salud.

Finalmente, recordó que la organización presentó en octubre un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con el objetivo de exigir respuestas estructurales: protocolos unificados para situaciones de crisis, mesas interministeriales, capacitaciones obligatorias y una inversión real en políticas de niñez y adolescencia. “No hay recetas mágicas, pero sí hay decisiones que pueden tomarse ya mismo. Lo urgente es proteger a los chicos y lo importante es construir las condiciones para que estas violencias no sigan repitiéndose”, concluyó.

Mirá la entrevista completa: