Fuerte recorte del Gobierno a Salud, Seguridad y Ciencia: el detalle de los fondos eliminados por el ajuste

A través de una resolución oficial, la administración de Javier Milei aplicó una severa reducción presupuestaria que afecta tratamientos contra el cáncer, medicamentos y operativos antidrogas. Las medidas generan controversia en medio de denuncias por sobreprecios en el Estado y la ostentación de legisladores oficialistas.

El Gobierno nacional oficializó una nueva etapa de su plan de ajuste del gasto público que impacta de manera directa en áreas sensibles del Estado. A través de una resolución que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo dispuso una reestructuración de partidas que retira miles de millones de pesos de programas críticos vinculados a la salud pública, la seguridad y el desarrollo científico.

La decisión oficial, fundamentada en la necesidad de blindar el superávit fiscal a cualquier costo, quedó plasmada en las planillas anexas del Boletín Oficial con los montos exactos del desfinanciamiento en sectores vitales.

El impacto en la Salud Pública

El área sanitaria es una de las más golpeadas por la nueva guadaña presupuestaria. De acuerdo con los documentos oficiales, la poda de recursos afecta directamente a pacientes con enfermedades crónicas, terminales y a la provisión general de insumos. Los recortes detallados incluyen:

$63.000 millones menos destinados a la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.
$25.000 millones menos para el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.
$20.000 millones menos en la partida para medicamentos.
$1.500 millones menos en la prevención de enfermedades endémicas.
$900 millones menos para el desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable.
$800 millones menos en los programas de respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
$500 millones menos en prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.

El impacto de este desfinanciamiento ya resuena en los testimonios de los usuarios del sistema. Un caso que tomó relevancia pública reciente es el del actor Marcelo Mazzarello, quien denunció el abandono por parte del PAMI hacia su hermana, paciente oncológica operada en el Instituto Roffo, a quien se le posponían indefinidamente los estudios postoperatorios. Esta saturación de las obras sociales estatales empuja a los pacientes hacia los hospitales públicos, los cuales, paradójicamente, también sufren las consecuencias del recorte anunciado.

Seguridad: menos fondos para la lucha contra el narcotráfico

Pese a que el combate al narcotráfico ha sido presentado como una de las banderas de la actual gestión, la Gendarmería Nacional tampoco escapó al ajuste. El «Servicio de Investigación de Operaciones Complejas y Operaciones Antidrogas» sufrió un recorte de $1.819 millones.

Este vaciamiento de recursos ya muestra consecuencias operativas en el territorio. Reportes de especialistas en seguridad señalan que móviles de diversas fuerzas federales, encargadas de patrullar y perseguir a bandas narco, enfrentan escasez de combustible para realizar sus tareas.

Ciencia y Educación en estado de alerta

El recorte salarial y presupuestario se extiende también al sector educativo y científico. Referentes de distintos espectros políticos han advertido sobre la gravedad de la situación.

Susana Decibe, exministra de Educación, alertó sobre el abandono del Estado nacional hacia las escuelas más pobres, la falta de compensación salarial y el nulo mantenimiento de la infraestructura escolar. Por su parte, la científica Sandra Pitta —excandidata a diputada por el PRO y voz crítica del kirchnerismo— calificó de «dramático» el recorte a los salarios de los investigadores, advirtiendo sobre la incoherencia de promover la «economía del conocimiento» mientras se desfinancia el sistema de ciencia básica.

El contraste: sobreprecios, ostentación y beneficios impositivos

La tijera sobre áreas críticas contrasta fuertemente con otras medidas fiscales adoptadas por el Gobierno y con recientes escándalos que involucran a dirigentes libertarios.

A nivel macroeconómico, la administración de Javier Milei avanzó con la reducción del Impuesto a los Bienes Personales (lo que implica una caída de recaudación estimada en más de 2.000 millones de dólares anuales) y la rebaja de aranceles para la importación de autos de alta gama, en paralelo con la quita de fondos para pacientes de enfermedades graves.

Al mismo tiempo, la gestión se ve salpicada por irregularidades. Un informe oficial del propio Ministerio de Salud reveló millonarios sobreprecios en la compra de suministros para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la actual administración libertaria, etapa en la que el organismo estaba bajo el mando de Diego Spagnuolo, abogado y allegado al Presidente.

En la misma línea, causó indignación la aparición en el Congreso Nacional del diputado oficialista por Jujuy, Manuel Quintar, a bordo de una costosa camioneta Tesla Cybertruck. Quintar, dueño de clínicas que sostienen millonarios contratos con el PAMI (cuyo actual jefe local es su propio contador), pasó de tener estrechos vínculos con el peronismo y la agrupación Tupac Amaru a integrar las filas de La Libertad Avanza. Al ser consultado por este nivel de ostentación en un país con la mitad de su población bajo la línea de pobreza, el presidente Milei desestimó las críticas calificándolas de «argumentos comunistas».