La Justicia le otorgó 15 días de prórroga a Manuel Adorni para justificar su patrimonio
El juez Ariel Lijo postergó el plazo a pedido de la defensa del exjefe de Gabinete. La fiscalía investiga un desfasaje de más de $43 millones y operaciones en dólares por US$ 402.000 durante su paso por la función pública.
El juez federal Ariel Lijo le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para que presente ante la Justicia las explicaciones y la documentación respaldatoria sobre la evolución de su patrimonio. La medida fue adoptada tras el planteo presentado por su abogado defensor, Matías Ledesma, quien argumentó la necesidad de acceder y revisar en profundidad pruebas y archivos incorporados al expediente antes de responder al requerimiento formularizado por el fiscal Gerardo Pollicita.
El plazo original vencía a las dos primeras horas del miércoles 26 de agosto. Con la extensión avalada por el magistrado en resguardo del derecho de defensa, la representación legal del exjefe de Gabinete y exvocero presidencial contará con más tiempo para contestar las 20 preguntas elaboradas por la fiscalía en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los elementos que la defensa solicitó analizar figuran conversaciones y materiales extraídos del teléfono del contratista Matías Tabar, quien realizó obras en una vivienda vinculada al exfuncionario en el country Indio Cuá.
La investigación conducida por Pollicita surge a partir de un análisis patrimonial elaborado por organismos especializados del Ministerio Público Fiscal, el cual comparó declaraciones juradas, movimientos bancarios, bienes y gastos de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Según el dictamen fiscal, el matrimonio acreditó ingresos por $229.752.283,20 frente a gastos reconstruidos por $272.820.832,20, registrando una diferencia de $43.068.549 que deberá ser justificada.
Asimismo, la Justicia investiga operaciones en moneda extranjera por US$ 402.578,12, que contemplan la compra y remodelación de la propiedad en Indio Cuá —donde se habrían pagado US$ 245.000 en efectivo al contratista—, la adquisición de un departamento en la calle Miró, consumos mobiliarios, viajes al exterior y la compra de un vehículo Jeep. La fiscalía busca además esclarecer tenencias no declaradas originalmente en criptomonedas, el origen del capital invertido en bitcoin, operaciones con tarjetas de crédito de terceros y préstamos familiares invocados como fuente de financiamiento.
Una vez que la defensa presente la documentación y las respuestas correspondientes, el fiscal Pollicita evaluará si los elementos aportados logran despejar las inconsistencias o si avanza con el pedido de declaración indagatoria ante el juez Lijo.
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