La Justicia Federal procesó a cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo por abuso y usurpación de autoridad
La Justicia Federal de Tucumán procesó sin prisión preventiva a cuatro directivos de la Fundación Miguel Lillo en el marco de una investigación sobre presuntas designaciones irregulares en cargos jerárquicos de la institución. La resolución también dispuso un embargo de $15 millones sobre los bienes de cada imputado, les prohibió salir del país sin autorización judicial y les impidió portar armas de uso particular mientras avance el proceso.
Los procesados son Francisco Fernando Sassi Colombres, Pablo Holgado, Ricardo Javier Audi Falú y David Alfredo Flores, quienes quedaron imputados por distintos delitos vinculados al ejercicio de funciones directivas dentro del organismo.
La causa se inició en mayo de 2023 a partir de una denuncia presentada por Ángel Hugo Morales, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (Apunt). En su presentación, sostuvo que la Comisión Asesora Vitalicia (CAV), órgano de conducción de la Fundación Miguel Lillo, habría realizado designaciones sin competencia legal para cubrir los cargos de Director Ejecutivo, Secretario General —posteriormente denominado Director General Técnico Administrativo— y Director General de Investigación.
Según el denunciante, esos cargos se encuentran alcanzados por los regímenes del Poder Ejecutivo Nacional y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por lo que la CAV carecía de facultades para efectuar esos nombramientos.
En el escrito que dio origen a la investigación, Morales afirmó que las autoridades de la Fundación, amparadas en modificaciones de la estructura organizativa aprobadas en 2016 y reformadas en 2019, «vienen transgrediendo sistemáticamente el ordenamiento jurídico en lo referente a las normas que regulan la relación de empleo para dar paso a la arbitrariedad y direccionalidad absoluta en la elección y designación del personal».
La investigación quedó delegada en la Fiscalía Federal N° 2, encabezada por el fiscal federal subrogante Agustín Chit junto con la auxiliar fiscal Julia Vitar. Durante la instrucción se incorporaron auditorías elaboradas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y diversos dictámenes administrativos.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el cargo de Director Ejecutivo posee rango equivalente al de un subsecretario de Estado, por lo que su designación corresponde exclusivamente al Presidente de la Nación. Asimismo, indicó que las direcciones generales debían ser autorizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros y cubrirse mediante concursos previstos por el Convenio Colectivo SINEP.
Durante las declaraciones indagatorias, los cuatro imputados rechazaron haber cometido irregularidades y defendieron la legalidad de sus designaciones.
Sassi Colombres sostuvo que la acusación era «totalmente incorrecta» y afirmó que la Comisión Asesora Vitalicia sí posee facultades para designar personal en virtud del artículo 3 de la Ley 12.935, norma de creación de la Fundación, la cual —según manifestó— continúa plenamente vigente y nunca fue derogada ni modificada.
Por su parte, Holgado aseguró que durante todo el procedimiento de selección y hasta su designación nunca tuvo indicios de irregularidades en el proceso mediante el cual accedió al cargo que actualmente ocupa.
Audi Falú, en tanto, declaró que aceptó las funciones «en virtud de un acto administrativo válido de designación» y que siempre actuó guiado por la buena fe y el cumplimiento institucional.
Flores también rechazó cualquier irregularidad y explicó que su incorporación fue consecuencia de una convocatoria pública de antecedentes y de una evaluación académica realizada por un jurado.
Al resolver la situación procesal de los acusados, el juez federal José Manuel Díaz Vélez descartó aplicar el artículo 253 del Código Penal, tal como había solicitado la Fiscalía, al considerar que el conflicto no giraba sobre la falta de requisitos personales de los funcionarios designados sino sobre la competencia legal del órgano que efectuó los nombramientos.
En consecuencia, procesó a Francisco Fernando Sassi Colombres como presunto autor de los delitos de usurpación de autoridad en concurso ideal con abuso de autoridad.
Respecto de Pablo Holgado, Ricardo Javier Audi Falú y David Alfredo Flores, el magistrado dispuso el procesamiento como presuntos autores del delito de usurpación de autoridad.
En los fundamentos de la resolución, el juez concluyó que los imputados conocían las observaciones formuladas por los organismos de control interno acerca de la legalidad de las designaciones y, pese a ello, continuaron ejerciendo las funciones cuestionadas.
Además del procesamiento sin prisión preventiva, Díaz Vélez ordenó trabar embargos patrimoniales por $15 millones sobre los bienes de cada uno de los acusados, les prohibió salir del país sin autorización judicial previa y les impidió portar armas particulares mientras continúe la investigación.
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