Impulsan adecuar el Régimen Electoral tras la vigencia de Ficha Limpia en Tucumán
Los legisladores Walter Berarducci y Carolina Vargas Aignasse presentaron un proyecto de ley para reformar el Código Electoral provincial, garantizando que las inhabilidades por condenas penales se apliquen de forma directa y sin fisuras legales en todas las candidaturas.
La Legislatura de Tucumán quiere continuar el proceso de adecuación de su arquitectura normativa tras la reciente puesta en marcha del Régimen de Ficha Limpia en la provincia. A través de una iniciativa conjunta entre el legislador opositor Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán-foto inferior) y su par oficialista Carolina Vargas Aignasse, se busca modificar el Régimen Electoral de Tucumán (Ley N° 7.876) para establecer una conexión jurídica directa con las nuevas exigencias de integridad ciudadana. El proyecto surge como una respuesta necesaria para evitar colisiones normativas o interpretaciones divergentes, asegurando que el impedimento para acceder a cargos públicos por antecedentes penales sea un estándar uniforme en todo el sistema político tucumano, enmarcado en el nuevo escenario legal que prohíbe candidaturas a personas con sentencias confirmadas en segunda instancia.
El eje central de la propuesta radica en la sustitución del segundo párrafo del artículo 26 de la ley electoral vigente. La nueva redacción estipula con claridad que “los partidos políticos no podrán registrar como candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales, a personas comprendidas en las inhabilidades establecidas en la Ley N° 9.977 (Régimen de Ficha Limpia) bajo las condiciones, alcances y plazos en ella previstos”.
Según exponen los fundamentos del proyecto, esta actualización es imperativa para “asegurar la coherencia y armonización del ordenamiento jurídico provincial, brindando así mayor seguridad jurídica y claridad en su aplicación”. Berarducci advierte que resulta indispensable que todas las disposiciones vinculadas al acceso y permanencia en funciones públicas mantengan “uniformidad con los principios y criterios establecidos por el nuevo régimen”, evitando así potenciales vacíos legales que podrían ser utilizados para sortear las restricciones de integridad recientemente sancionadas.
Esta propuesta legislativa se produce apenas días después de que el gobernador Osvaldo Jaldo promulgara la Ley de Ficha Limpia, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el pasado martes 12 de mayo. Con esta medida, Tucumán se convirtió en la sexta provincia del país en adoptar un régimen que impide que personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos graves puedan ser candidatas o designadas en cargos públicos.
La Ley N° 9.977 establece un catálogo amplio de delitos inhabilitantes, que incluye hechos de corrupción (como enriquecimiento ilícito y malversación de caudales), narcotráfico, delitos contra la integridad sexual, homicidios y delitos de lesa humanidad. Además, incorpora de manera novedosa a los deudores alimentarios que figuren en el registro correspondiente. La norma tiene un alcance transversal sobre los tres poderes del Estado y los municipios, exigiendo una declaración jurada a cada aspirante y habilitando la impugnación ciudadana en caso de incumplimiento.
Con la reforma del Régimen Electoral que ahora impulsan Berarducci y Vargas Aignasse, el sistema político tucumano busca cerrar el círculo de la transparencia, consolidando la Ficha Limpia no solo como una norma administrativa, sino como un requisito estructural y definitivo para participar de la vida democrática en la provincia.
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