El misterio del restaurante El Palacio de la Papa Frita: quebró, un local abrió con nombre parecido y el juez sospecha

El expediente judicial revela acusaciones de vaciamiento y maniobras inmobiliarias tras la sorpresiva apertura de un nuevo local similar.

Durante casi cuatro meses, uno de los restaurantes más tradicionales de la avenida Corrientes permaneció con las persianas bajas. Detrás de ese cierre intempestivo había mucho más que una mudanza. Mientras públicamente la empresa aseguraba que dejaba el histórico local porque ya no podía afrontar el alquiler y prometía reabrir «a la vuelta», en los tribunales comerciales se desarrollaba otra historia: un concurso preventivo, un juicio de desalojo, denuncias de los trabajadores por un presunto vaciamiento, cambios societarios cuestionados y, finalmente, la quiebra de la sociedad que explotaba el negocio.

El pasado 17 de junio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 decretó la quiebra de El Resto de Corrientes S.R.L., la firma que explotaba El Palacio de la Papa Frita, el histórico restaurante fundado en 1952 sobre la avenida Corrientes.

Sin embargo, mientras el expediente judicial continúa avanzando, iProfesional constató esta semana que el restaurante volvió a funcionar en Paraná 350, el domicilio al que la empresa había anunciado que se mudaría meses atrás, aunque ahora bajo una nueva denominación: «Palacio de las Papas Fritas».

La reapertura coincide precisamente con el domicilio que la propia empresa había informado durante el concurso preventivo, aunque ese traslado terminó convirtiéndose en uno de los puntos observados tanto por la sindicatura como por el juez.

Del concurso preventivo al juicio de desalojo

Según consta en el complejo expediente, la crisis económica de la firma venía de tiempo atrás. En noviembre de 2024 se presentó concurso preventivo para intentar reestructurar sus deudas y continuar operando.

Pero mientras avanzaba ese proceso, la empresa también enfrentaba otro frente judicial: el propietario del histórico inmueble de avenida Corrientes había iniciado un juicio de desalojo por vencimiento del contrato de alquiler, luego de varias intimaciones para recuperar el local.

Finalmente, la entonces gerente de la sociedad, Rosalba Aidé Ríos Amarilla, informó al juez comercial que había alcanzado un acuerdo conciliatorio con la administradora del inmueble y que el 3 de marzo de 2026 restituyó las llaves del restaurante.

En esa misma presentación sostuvo que, para reducir costos, la empresa había reservado un inmueble de Paraná 350 donde continuaría desarrollando la actividad gastronómica.

Ese fue el mismo destino que la empresa comunicó públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram cuando anunció el cierre del tradicional local de Corrientes y prometió que «muy pronto» volvería a recibir a sus clientes en su «nueva casa».

Sin embargo, esa mudanza nunca terminó de acreditarse dentro del expediente. La sindicatura solicitó reiteradamente que la concursada acompañara el contrato de alquiler del nuevo local para verificar dónde continuaría funcionando la empresa. La documentación nunca fue presentada.

Ese incumplimiento se convirtió en uno de los elementos que comenzaron a agravar la situación procesal de la sociedad.

Los trabajadores denunciaron un presunto vaciamiento

El cierre del restaurante tampoco ocurrió de la forma en que había sido comunicado públicamente. Mientras la empresa hablaba de una mudanza, los empleados denunciaron ante la Justicia que se enteraron del cierre cuando llegaron a trabajar y encontraron el frente completamente tapiado.

«Cuando nos presentamos a trabajar estaba todo tapiado y no pudimos ingresar», relataron cuatro trabajadores en una presentación incorporada al expediente.

Según denunciaron, dentro del local quedaron ropa de trabajo, dinero y pertenencias personales que nunca pudieron retirar. También afirmaron que la empresa había vendido mercadería existente en el restaurante sin rendir cuentas dentro del concurso, denunciaron un presunto vaciamiento patrimonial, cuestionaron el cambio de gerente y del domicilio social a Paraná 350.

Los trabajadores advirtieron que la sindicatura ni siquiera había podido inspeccionar la baulera donde permanecían guardados los bienes de la empresa porque nunca le entregaron las llaves.

Además solicitaron preservar esos activos para garantizar el cobro de salarios adeudados y créditos laborales.

Las observaciones de la sindicatura

Durante el trámite del concurso, la síndica Liliana Montoro fue acumulando observaciones sobre la conducta de la empresa.

En sus informes señaló que El Resto de Corrientes S.R.L. mantenía 20 trabajadores registrados, acumulaba 11 juicios laborales y registraba deudas previsionales por aportes y contribuciones.

También destacó que el principal activo de la empresa era la histórica marca El Palacio de la Papa Frita, cuyo valor comercial debía preservarse dentro del proceso concursal.

Pero las irregularidades continuaron acumulándose.

Ante la falta de presentación del contrato de alquiler de Paraná 350, la sindicatura terminó solicitando directamente la quiebra de la empresa.

En ese escrito sostuvo que la concursada había incumplido la orden judicial de acreditar la locación del nuevo inmueble y pidió que se decretara la quiebra, se dispusiera el despido de los trabajadores y se aseguraran los bienes guardados en la baulera de Zuviría, al advertir que esos activos representaban la principal garantía para el cobro de los salarios impagos.

Incluso solicitó que se investigara la situación de la marca El Palacio de la Papa Frita, requiriendo informes al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) sobre posibles cesiones, transmisiones, usos o franquicias. Ese pedido cobra especial relevancia porque, mientras la Justicia intenta determinar el destino de uno de los principales activos de la empresa, el restaurante reabrió en Paraná 350 bajo una denominación diferente: «Palacio de las Papas Fritas».

Qué observó el juez antes de decretar la quiebra

Una semana antes de dictar la quiebra, el juez Fernando D’Alessandro rechazó por prematuro el pedido formulado por la sindicatura, pero dejó plasmado un duro diagnóstico sobre la situación de la empresa.

En esa resolución advirtió que, después de abandonar el histórico local de Corrientes, la concursada nunca acreditó haber alquilado ni adquirido un nuevo establecimiento para desarrollar su actividad comercial.

También señaló que la Justicia no había podido acceder al depósito donde supuestamente habían sido trasladados los bienes del restaurante y que tampoco existía un inventario de esos activos.

El magistrado enumeró otros incumplimientos graves:

-El abogado de la sociedad había renunciado

-Ningún representante de la empresa concurrió a la audiencia informativa prevista por la ley

-Ni siquiera había iniciado el trámite administrativo para obtener la conformidad de ARCA

-No había presentado una sola adhesión de sus acreedores a la propuesta de pago

Frente a ese escenario ordenó preservar inmediatamente los bienes de la empresa y dispuso el secuestro e inventario de los activos depositados en la baulera de Zuviría.

La quiebra y la orden sobre Paraná 350

El 17 de junio el panorama terminó de definirse. Vencido el período de exclusividad sin obtener ninguna conformidad de los acreedores, el magistrado decretó la quiebra de El Resto de Corrientes S.R.L.

En la sentencia cuestionó la «llamativa inactividad procesal» de la concursada y remarcó que ni siquiera había concurrido a la audiencia informativa, por lo que el fracaso del concurso preventivo hizo inevitable la quiebra. 

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