Comienza el juicio por el femicidio de Érika Álvarez: tres acusados, 70 testigos y un pedido de perpetua
Inicia en Tucumán el juicio por el femicidio de la joven en enero. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para Felipe Sosa y 6 años para dos acusados de encubrimiento.
Este lunes se pone en marcha el juicio oral y público por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, debate que contará con la declaración de alrededor de 70 testigos y un pedido de prisión perpetua impulsado contra el principal imputado, Felipe Sosa.
Las acusaciones de la Fiscalía, los imputados y la integración del tribunal
El fiscal Pedro Gallo encabezará la acusación pública solicitando la pena máxima para Sosa como presunto autor material del crimen, al tiempo que requerirá una condena de seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz por el delito de encubrimiento. En este sentido, la causa ya cuenta con una condena previa de tres años de prisión efectiva dictada contra Nicolás Navarro Flores en juicio abreviado tras admitir su participación en las maniobras posteriores al hecho. Asimismo, el tribunal de juicio estará conformado por los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Elina Gómez Moreira, mientras que el abogado Carlos Garmendia ejercerá la querella en representación de la familia de la víctima. De esta manera, las audiencias iniciales abordarán los alegatos de apertura de las partes antes de dar paso a las rondas testimoniales.
Los 70 testigos, las hipótesis paralelas y el reclamo de reparación civil
El itinerario judicial prevé la comparecencia de peritos forenses, investigadores, analistas de telefonía y el propio Navarro Flores, cuya declaración clave permitió reconstruir los momentos posteriores al crimen. En este sentido, durante las audiencias podrían surgir derivaciones hacia la justicia federal o expedientes paralelos si se aportan evidencias sobre presuntos vínculos de Sosa con redes de narcotráfico o la realización de fiestas privadas. Asimismo, la acción civil entablada por los padres de Érika contempla un reclamo indemnizatorio superior a los $200 millones, que se suma a la reparación fijada en el acuerdo previo.
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