Muerte de Karla Robles: por instigación al suicidio extienden la prisión preventiva de su homicida intelectual, Diego Zerda. Juicio oral próximo.
La Justicia tucumana resolvió extender por otros tres meses la prisión preventiva de Diego Zerda, imputado por instigación al suicidio y amenazas simples en la causa por la muerte de Karla Robles, la joven de 27 años cuyo caso conmocionó a Tucumán a fines de 2025. La decisión fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que sostiene que aún persisten riesgos procesales y que ese plazo es clave para cerrar la investigación y elevar el expediente a juicio oral.
El avance judicial vuelve a poner en primer plano un expediente que, desde el inicio, quedó atravesado por una pregunta incómoda y todavía abierta: si el Estado pudo haber evitado el desenlace. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es una de las más graves dentro de este tipo de casos: sostiene que Zerda habría desplegado durante años un esquema de violencia física, psicológica y de hostigamiento sistemático que terminó empujando a Karla a quitarse la vida. Según la acusación, no se trató de un episodio aislado ni de una crisis repentina, sino del desenlace de una secuencia prolongada de maltrato, amenazas, persecución y sometimiento emocional.
De acuerdo con los antecedentes públicos del caso, Karla había denunciado al menos seis veces a su expareja desde 2022. En esas presentaciones, según la familia y sus abogados, ya aparecían episodios de violencia, incumplimientos de restricciones de acercamiento y advertencias sobre el riesgo que corría la joven. Sin embargo, esas denuncias no derivaron en una respuesta judicial que lograra frenar la escalada. Esa cadena de omisiones es, precisamente, uno de los ejes que hoy rodean el expediente penal y el reclamo público de la familia.
El caso tuvo un fuerte impacto social porque la muerte de Karla no solo abrió una investigación penal contra Zerda, sino que además desató una acusación directa contra el funcionamiento del sistema judicial y del Ministerio Público Fiscal. Su madre, Mirta Giménez, viene sosteniendo desde octubre pasado que su hija “pidió ayuda muchas veces y no fue escuchada”.
En la reconstrucción del expediente aparece además un elemento especialmente delicado que refuerza la acusación fiscal: un audio enviado por Zerda al hermano de Karla apenas minutos después de la muerte de la joven, en el que, según la investigación, lo habría amenazado de muerte. Ese episodio no es menor. Para los investigadores, no solo agrava el cuadro penal, sino que sirve como indicio del nivel de violencia y del contexto de intimidación que rodeaba a la víctima y a su entorno familiar.
La extensión de la prisión preventiva también deja en claro que, para la Justicia, todavía existe peligro de entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga. Por eso fueron rechazados tanto el pedido de arresto domiciliario como la caución millonaria ofrecida por la defensa. En otras palabras, el tribunal entendió que no están dadas las condiciones para que Zerda espere el avance del proceso en libertad.
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