Una estación de servicio de Tucumán echó a un playero por robo, fue absuelto por la Justicia y ahora tendrán que pagarle $ 18.000.000
Un tribunal laboral de Tucumán ordenó una indemnización millonaria y una carta de disculpas tras comprobar que la empresa no pudo demostrar las acusaciones que usó para justificar el despido.
Un exoperario de playa de una estación de servicio de Tucumán recibirá más de $18 millones de indemnización y un pedido de disculpas, luego de que la Justicia laboral determinara que fue despedido en 2021 bajo acusaciones falsas.
La empresa intentó justificar la desvinculación diciendo que el empleado había utilizado información de tarjetas de crédito para compras por internet.
El fallo, dictado por el juez Carlos Alberto Frascarolo del Fuero Laboral del Centro Judicial Capital, consideró que la empresa no pudo probar que el trabajador incurrió en ese delito.
El tribunal cuestionó la falta de pruebas y la comunicación del despido
Durante el proceso, el tribunal advirtió que la notificación de despido no incluía detalles clave: no se precisaban fechas, montos, sitios web, clientes afectados ni bancos involucrados.
A lo largo del juicio, la compañía tampoco presentó registros de terminales de cobro, grabaciones de cámaras de seguridad ni informes bancarios que vincularan al trabajador con las operaciones denunciadas.
Ante la ausencia de pruebas, el juez concluyó que la acusación carecía de sustento y que la empresa no logró acreditar los hechos que invocó para despedirlo.
El fallo también anuló un acuerdo y reconoció el daño moral
Para la Justicia, la falsa imputación fue utilizada como excusa para evitar el pago de la indemnización correspondiente.
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue el reconocimiento del daño moral: el magistrado sostuvo que acusar a un trabajador de un delito sin pruebas afecta su honor, dignidad y reputación, y puede dificultar su acceso a nuevos empleos.
El fallo citó garantías constitucionales, normas internacionales y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fundamentar la protección.
Como parte de la reparación, la estación de servicio deberá enviar una carta documento institucional de disculpas al trabajador en un plazo de diez días. Si no cumple, el tribunal advirtió que podrá aplicar sanciones económicas adicionales.
Esta medida, poco frecuente en sentencias laborales, apunta a restaurar la reputación del empleado y obliga a la empresa a reconocer formalmente que las acusaciones no pudieron ser acreditadas.
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