Una armería tucumana fue allanada como parte de una amplia red internacional de tráfico ilegal de armas

ALLANAMIENTOS. Parte de las armas decomisadas en procedimientos federales que se realizaron en varias provincias, lista que incluye a la armería tucumana que ya venía siendo investigada por la justicia federal.

Una armería de Tucumán volvió a quedar bajo la lupa judicial en el marco de una investigación de alcance nacional por comercialización ilegal de armas, que incluyó 141 allanamientos en distintas provincias y derivó en la detención de 35 personas. El caso, que tiene conexiones con una causa iniciada en 2023 en territorio tucumano, expone un circuito clandestino que abastecía tanto al mercado interno como a organizaciones criminales en países limítrofes.

El origen del expediente local se remonta a diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó en Aguilares un micro con destino a Mendoza. Durante el control, dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres— reaccionaron con nerviosismo y agresividad, lo que motivó una requisa más exhaustiva.

En sus pertenencias, los efectivos hallaron ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores, sin la documentación que acreditara su procedencia ni permisos para su transporte. Ambos fueron detenidos, dando inicio a una investigación que, según fuentes judiciales, no registra antecedentes en la provincia en las últimas dos décadas.

A partir de ese procedimiento, el fiscal federal Agustín Chit, junto a su equipo coordinado por la auxiliar fiscal Julia Vitar, reconstruyó el circuito de las armas secuestradas. La pesquisa permitió identificar un mecanismo que, en parte, explica el funcionamiento del mercado ilegal de armas en Tucumán y su vinculación con redes de acopio y tráfico internacional.

Según la investigación, un instructor de tiro identificado como E.M.T., junto con A.N.B. y M.N.B., empleados de una armería ubicada en Chacabuco al 100, habrían simulado operaciones de compraventa de armas registradas a nombre de terceros. El esquema consistía en captar a personas habilitadas como legítimos usuarios para que adquirieran armamento a su nombre y luego lo introdujeran en el circuito ilegal.

En esa estructura también fueron señalados S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N., quienes habrían actuado como compradores formales de las armas que posteriormente eran desviadas al mercado negro.

De hecho, las pistolas incautadas a los ciudadanos chilenos estaban registradas a sus nombres. De acuerdo con informes de Gendarmería, al menos dos de ellos se desempeñaban en una empresa de seguridad privada y poseían varias armas, pese a no contar con ingresos que justificaran dichas adquisiciones.

La comercialización ilegal, siempre según la causa, habría estado en manos de G.E.D., quien se encargaba de recibir el armamento obtenido mediante maniobras irregulares para su posterior venta clandestina. En ese proceso, habrían intervenido como intermediarios N.A.F. y R.R.F., considerados piezas clave en la transacción que permitió que las armas llegaran a los ciudadanos chilenos.

Todos los involucrados fueron indagados entre febrero y marzo por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien aguarda los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados para resolver su situación procesal.

En paralelo, la investigación tomó una dimensión mayor a partir de un expediente tramitado en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay y del fiscal Santiago Marquevich, titular de la fiscalía especializada en crimen organizado. En ese marco, se detectó una organización que operaba a nivel nacional adquiriendo armas en el mercado legal para luego desviarlas al circuito ilegal, tanto en Argentina como en el exterior.

Los procedimientos, coordinados por la División Antimafia de la Policía Federal, se desplegaron en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. En Tucumán, se volvió a allanar la armería investigada en la causa local, además de domicilios particulares vinculados al comercio. Fuentes policiales indicaron que una persona habría sido detenida, aunque su identidad no fue difundida.

El modus operandi detectado coincidía con el descripto por el fiscal Chit: utilización de testaferros sin capacidad económica para justificar las compras, intervención de gestores e instructores que certificaban documentación y posterior inserción del armamento en el mercado clandestino, muchas veces con numeraciones adulteradas o suprimidas. Las ganancias eran canalizadas mediante maniobras de lavado de activos a través de la adquisición de bienes.

Como resultado de los operativos, se secuestró un importante arsenal: 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, siete fusiles, siete ametralladoras, una carabina, tres pistolones, 32 cargadores, una máquina de recarga, más de 40.000 municiones, una granada y dos cuñetes de pólvora. Además, se detectaron elementos que dieron lugar a ocho investigaciones paralelas.

En ambos expedientes, la trazabilidad del armamento evidencia un patrón común: su destino final era el mercado ilegal, tanto en el país como en el exterior. En la causa tucumana, las armas eran trasladadas a Chile, donde —según consta en el expediente— los detenidos integraban un grupo dedicado a abastecer a organizaciones narco. En la investigación nacional, en tanto, se estableció que el armamento era enviado a Chile y Uruguay, desde donde se redistribuía hacia organizaciones criminales de Brasil y Paraguay.

El avance de estas redes también quedó reflejado en otros procedimientos recientes. Días atrás, personal de la ex Brigada de Investigaciones secuestró un fusil FAL en una vivienda donde se cultivaba marihuana, mientras que en Rosario se detectaron armas enterradas en recipientes de gran tamaño que habrían sido provistas por esta organización.

Uno de los datos más inquietantes surgió de un operativo internacional: en octubre de 2025, durante la Operación Contención contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro —el procedimiento policial más letal de la historia de Brasil, con 132 muertos—, se halló un fusil FAL del Ejército Argentino en poder de esa organización criminal. Años antes, otro armamento similar de origen argentino había sido detectado en manos de una banda en el país vecino, vinculado a un robo ocurrido en el batallón de Fray Bentos, causa que continúa en trámite ante la justicia federal.