Tristeza colectiva, éxodo de familias y ollas populares: 700 despidos en Granja Tres Arroyos colapsan a un pueblo bonaerense
La planta de Capitán Sarmiento empleaba a más de 1.000 personas. La crisis golpea a toda la comunidad.
Más de 700 despidos en la planta de Granja Tres Arroyos desataron una crisis social y económica en Capitán Sarmiento, una ciudad bonaerense de unos 15.000 habitantes donde la actividad de la empresa sostenía a cientos de familias y buena parte del movimiento comercial. A la pérdida del empleo se suman dos meses y medio de salarios adeudados, aguinaldo y vacaciones sin pagar, mientras vecinos, clubes y organizaciones multiplican las colectas y las ollas populares.
La fábrica tenía más de 1.000 trabajadores y llevaba casi tres décadas integrada a la vida de la localidad. Según el relevamiento publicado por Infobae, concentraba aproximadamente uno de cada diez empleos de la ciudad. Sus salarios y compras alimentaban una cadena de ingresos que alcanzaba a comercios, prestadores de servicios y otros sectores.
Los telegramas de despido llegaron durante la última semana: 554 correspondieron a trabajadores de Capitán Sarmiento y alrededor de 150 a personas de localidades cercanas. Muchos acumulaban más de 20 años de antigüedad. Además de perder sus ingresos y la cobertura de salud, afrontan la incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones.
Otros 300 empleados no fueron despedidos, pero tampoco tienen certezas sobre la continuidad de sus puestos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria por 15 días, vigente desde el viernes pasado, que, de acuerdo con la información publicada, la compañía conducida por la familia De Grazia no acató.
En medio del conflicto, este martes 8 de septiembre la empresa retomó parcialmente la actividad, limitada a subproductos. El reinicio no despejó las dudas: la planta funciona con un grupo electrógeno porque la distribuidora EDEN no restableció el suministro eléctrico, en el marco de una deuda superior a $2.000 millones y negociaciones pendientes.
Uno de los trabajadores explicó que la continuidad de esa producción depende del combustible disponible: “Cuando se termine el gasoil que trajeron en un solo camión, otra vez sin luz”, advirtió.
La suspensión de tareas había sido comunicada en un aviso que comenzó a circular el 30 de agosto y establecía la interrupción de las operaciones a partir del 1° de septiembre, hasta nuevo aviso. La empresa atribuyó la decisión a la falta de electricidad y a problemas operativos y productivos derivados de circunstancias de fuerza mayor.
“El personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por su encargado o supervisor”, indicaba el comunicado. Para los trabajadores, el anuncio confirmó el agravamiento de una situación que ya venían padeciendo por los atrasos salariales.
El acampe de los trabajadores despedidos frente a la planta avícola. Imagen publicada por Infobae.
También trascendieron versiones sobre la preparación de un pedido de concurso de acreedores y una posible reducción de la estructura para sanear las cuentas y recuperar producción. Otras versiones vinculan el ajuste con una eventual venta. Ninguna de esas alternativas aparece confirmada en la información difundida.
Mientras se discute el futuro de la empresa, las consecuencias ya se sienten en los hogares. Hay familias que no saben cómo pagar el alquiler, la luz, el gas o el agua. Otras, que se habían radicado en Capitán Sarmiento para trabajar en la avícola, evalúan abandonar la ciudad en busca de empleo, con el impacto que eso tendría sobre los chicos, sus escuelas y sus vínculos.
Uno de los casos que más conmocionó a la comunidad es el de un trabajador que fue desalojado y pasó varias noches durmiendo en su Renault 12, estacionado frente a la fábrica. Su situación refleja hasta qué punto la falta de ingresos comenzó a comprometer necesidades básicas.
Ante la emergencia, se multiplicaron las donaciones de alimentos, pañales y artículos de higiene personal. La delegación del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires, STIA, ya entregaba mercadería desde hacía más de dos meses para asistir a quienes no cobraban en tiempo y forma.
Desde este lunes, el gremio también comenzó a organizar ollas populares por la noche en su salón. Durante esta semana se distribuyen bolsones de comida y, según fuentes sindicales, la intención inicial es sostener esa entrega cada quince días. Las colectas se extendieron a gimnasios y otros espacios de la localidad.
El salón de fiestas Borboleta también abrió sus puertas para ofrecer un plato de comida a quienes lo necesiten. La solidaridad busca aliviar tanto la urgencia alimentaria como el sufrimiento de los chicos cuyas familias quedaron sin recursos.
Preparación de una olla popular en un salón de fiestas privado para acompañar a las familias afectadas. Imagen publicada por Infobae.
Claudia, la encargada del salón, contó a Infobae que recibe llamados de padres que habían reservado el lugar para festejar cumpleaños y ahora deben cancelarlos porque no pueden seguir pagando las cuotas.
“Lo que les estamos diciendo es que les damos el lugar y que de alguna manera conseguiremos la comida para que el nene pueda tener su fiesta de cumpleaños. No queremos que los chicos sufran más por toda esta situación”, explicó.
El Centro Educativo, donde los niños reciben apoyo académico y contención social fuera del horario escolar, organizó una chocolatada para ofrecerles un momento de encuentro y distracción. A su vez, los clubes de la ciudad realizaron una jornada deportiva solidaria el sábado para reunir alimentos.
Participaron el Club Social y Deportivo San Carlos, el Club Deportivo SDL, el Club Los 14 y el Club Atlético Independiente. La convocatoria no cobraba entrada: pedía a quienes pudieran colaborar un alimento no perecedero para las familias afectadas. El encuentro de infantiles fue anunciado en el predio del Club San Carlos.
El afiche con el que los clubes convocaron a la jornada solidaria para recolectar alimentos. Imagen publicada por Infobae.
La Municipalidad, encabezada por Fernanda Astorino, de La Libertad Avanza, informó que venía asistiendo desde hacía meses a vecinos perjudicados por los incumplimientos salariales. Tras los despidos masivos reforzó las gestiones para entregar alimentos, evitar cortes de servicios y sostener la atención de salud.
“Nos vamos a poner a disposición con todos los recursos hasta donde podamos. Estamos ayudando a la gente asistiendo con alimentos, y con la luz y el agua”, afirmó Astorino a Infobae.
La intendenta explicó que también solicitaron a las obras sociales que mantengan la cobertura de los afectados. Señaló que varias tienen deudas con el municipio por prestaciones brindadas en el hospital y que se están realizando gestiones en ese marco. Además, la farmacia del hospital asiste con medicamentos a los despedidos que los necesitan.
La preocupación excede a las familias vinculadas directamente con la planta. Según los datos del relevamiento, los trabajadores percibían salarios promedio cercanos a los $3 millones, con diferencias según cada caso. Más de 1.000 personas con esos ingresos representaban una parte decisiva del consumo de una ciudad pequeña.
La interrupción de esos pagos y la pérdida masiva de puestos amenazan con profundizar las dificultades de almacenes, comercios y prestadores de servicios. En los últimos meses ya habían cerrado negocios y el temor es que el deterioro se extienda, en un contexto de menor actividad y escasas expectativas de recuperación inmediata.
Mientras las ollas populares y las colectas contienen la urgencia, en Capitán Sarmiento crece una preocupación: cómo sostener a cientos de familias si la crisis se prolonga y la ayuda inicial comienza a agotarse.
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