Tras el fallo de la Corte Suprema, la oposición busca una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU 70/23
Los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos espacios provinciales buscan reunir 129 diputados para llevar el decreto al recinto.
Mientras la Cámara de Diputados desarrolla el debate en comisiones sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, la oposición comenzó a reunir apoyos para convocar a una sesión especial con el objetivo de rechazar el DNU 70/23.
La estrategia cobró impulso luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. El fallo volvió a colocar en el centro de la discusión la cuestión de la soberanía y abrió una nueva disputa entre el oficialismo y los bloques opositores.
Los diputados de Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos bloques provinciales buscan reunir los consensos necesarios para llevar el decreto al recinto. Para habilitar la sesión necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quórum, una mayoría simple para rechazar el DNU, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024.
La intención de los bloques opositores es convocar en las próximas horas a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el 14 de octubre. La definición de la fecha está vinculada también con la posibilidad de que algunos diputados viajen este fin de semana a Brasil para asistir a las elecciones presidenciales, consignó el diario «La Nación».
La dificultad para reunir los votos
El principal interrogante de la oposición pasa por la posición que asumirán algunos diputados de los bloques del centro, que respaldan aspectos generales del DNU vinculados con las privatizaciones o la ley de alquileres.
Uno de los argumentos que plantean los impulsores de la sesión es que el decreto “ya cumplió su ciclo” y que parte de las emergencias incluidas originalmente vencieron en 2025 o fueron reemplazadas por leyes, como ocurrió con la reforma laboral.
Desde ese sector también sostienen que, si las objeciones de algunos legisladores están vinculadas con temas específicos como alquileres, privatizaciones o la libre elección de obras sociales sindicales, esas cuestiones podrían ser abordadas mediante proyectos de ley particulares.
En paralelo, los bloques opositores analizan si conviene separar el debate sobre el DNU de otros proyectos sensibles, entre ellos los vinculados con morosidad y discapacidad. Una de las alternativas que se estudian es postergar esas iniciativas hasta el 21 de octubre, cuando el oficialismo tiene previsto realizar una convocatoria que también podría incluir el proyecto sobre Malvinas.
El debate por Malvinas
En busca de una estrategia común, el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, mantuvo una reunión con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), la entidad que había logrado frenar ante la Justicia el artículo referido a la venta de tierras a extranjeros.
El diálogo con los demás bloques críticos está previsto durante y después del plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde este miércoles se analiza el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno.
Durante el encuentro, Martínez reclamó al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, un cronograma de trabajo sobre la cuestión Malvinas que permita “compatibilizar el trabajo en comisiones con la sesión especial para rechazar el DNU 70”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria también cuestionó el fallo de la Corte Suprema. La discusión comenzó así atravesada por las críticas opositoras a la decisión judicial y por los cuestionamientos de distintos legisladores ante la ausencia de funcionarios de peso durante el tratamiento del proyecto.
La controversia también se trasladó a las redes sociales. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que, mientras el Gobierno impulsa un proyecto sobre soberanía nacional, se habilitaría la extranjerización de tierras estratégicas y reclamó activar mecanismos legislativos, legales e institucionales para impedirlo.
La presión también llegó al Senado
En paralelo, un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó un proyecto para derogar el artículo 154 y restablecer la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70.
Sin embargo, dentro de los distintos espacios opositores existen diferencias sobre la estrategia. Algunos legisladores sostienen que jurídicamente no es posible derogar solamente una parte de un DNU, mientras que otros consideran que la iniciativa en el Senado puede afectar la posibilidad de reunir el quórum necesario en Diputados.
La cuestión también genera distintas posiciones dentro de los bloques del centro. Mientras algunos legisladores plantean la necesidad de rechazar el decreto por sus efectos sobre la venta de tierras a extranjeros, otros evalúan la posibilidad de avanzar sobre el conjunto del megadecreto.
LLA quiere contener el reclamo
Mientras la oposición intenta reunir los votos para habilitar la sesión, el gobierno de Milei activó en Diputados una estrategia para contener la ofensiva y convocó a sus aliados más cercanos a una reunión encabezada por Martín Menem y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
El oficialismo analiza alternativas para evitar que la discusión ponga en riesgo la vigencia del DNU, incluso mediante concesiones a sus aliados.
Entre las opciones que se evalúan aparece la posibilidad de incorporar un capítulo que delimite los alcances de la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados.
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