Sin fondos nacionales, Tucumán destina unos $ 12.000 millones mensuales al transporte público
El transporte público se mantiene en estado de emergencia desde 2018 en Tucumán. Y si bien la coyuntura -por ahora- no tiene frentes de conflicto, el sector está en alerta permanente por la crisis económica que arrastra hace décadas. En este escenario, y con los presupuestos nacional y provincial en tratamiento, se reabre la discusión sobre el sostenimiento de este servicio esencial.
Es que el Poder Ejecutivo (PE) aporta el grueso de los recursos en este rubro, por un lado, en subsidios a la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Tucumán (Aetat), a modo de compensación tarifaria; y por otro, para el pago de los boletos sociales (a un 50% del valor real) destinados a estudiantes y a jubilados. En total, la cifra ronda los $12.000 millones, según distintos documentos y fuentes consultadas por La Gaceta.
A esta suma deben añadirse los recursos que aplica la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el ámbito urbano, que -entre compensaciones y el boleto gratuito- ronda los $1.500 millones. A la vez, en las 14 líneas que brindan servicios dentro de este distrito rige el sistema SUBE, que implica el envío de fondos federales por atributos sociales.
Rubro por rubro
La cifra de los envíos provinciales a Aetat no es constante, y fluctúa sobre todo de acuerdo al uso que tienen los boletos sociales. Las compensaciones a las empresas, en cambio, constituyen sumas fijas, que se actualizan periódicamente.
El desagregado incluye un giro por $5.500 millones, en el marco de la ley de emergencia prorrogada hasta 2028. “Tomando en cuenta el actual contexto económico-social, es voluntad del Estado Provincial asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales, en un esfuerzo por limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral”, reza el decreto 2392/8, que autorizó a la Secretaría de Transporte a efectuar los envíos correspondientes a octubre.
En paralelo, a través del decreto 1987/8, se dio un adicional por $700 millones, por idénticas razones, también por octubre.
Así, entre ambos ítems, el PE abona por compensaciones a Aetat un total de $6.200 millones.
Durante el último mes también se publicaron los instrumentos relacionados a las distintas modalidades de boleto gratuito que otorga Gobierno provincial. En este caso no se trata de subsidios, sino de fondos que cubren el 50% del costo del servicio.
En agosto, se aplicó un total de $1.598 millones por los pasajes para jubilados, según el decreto 2315/8. A la vez, por ese período se remitió la suma de $3.813 millones para cancelar 49.112 servicios de abonos rurales otorgados a estudiantes, en marco del “Boleto Estudiantil Provincial Gratuito”, señala el decreto 2330/14. En simultáneo, se concretó el giro de $2.056 millones para cancelar 41.024 servicios de las tarjetas magnéticas entregadas a estudiantes que residen en el área metropolitana, también beneficiarios de aquel programa, detalla el decreto 2297/14.
Así, aunque el total depende de la cantidad de pasajeros transportados gracias a estos mecanismos de boleto gratuito, en agosto se se invirtió un monto global de $7.467 millones.
Más allá de estas cifras, desde Casa de Gobierno indicaron que los pasajes para jubilados suelen implicar entre $1.200 y $1.500 millones; mientras que los boletos estudiantiles rondan entre $1.900 y $2.100 millones.
De todas maneras, el promedio de recursos que asigna el Poder Ejecutivo para el sostenimiento del transporte público y los programas gratuitos se mantiene cerca de los $12.000 millones.
Además de estos envíos, se deben contemplar los fondos invertidos por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que incluyen una compensación de $1.000 millones y unos $560 millones por el boleto estudiantil municipal (BEM).
Este distrito a su vez es el único donde operan los envíos federales -bajo la modalidad de atributos sociales- debido a la vigencia del servicio SUBE, que implicó unos $450 millones mensuales que fueron abonados hasta julio -están pendientes los últimos meses-, detallaron fuentes del municipio.
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