Separan a 7 policías tucumanos por el escándalo narco de la «mejicaneada» en Salta: investigan si protegían una carga de cocaína o iban a robarla
El operativo
La investigación por el violento ataque contra una camioneta que transportaba un cargamento de cocaína en el sur de Salta sumó este miércoles un nuevo capítulo. Las autoridades resolvieron separar preventivamente de la Policía de Tucumán a cuatro efectivos que quedaron bajo sospecha por su presunta participación en el episodio y también a otros tres uniformados que prestaban servicios en el mismo destacamento, mientras la Justicia Federal intenta determinar cuál fue el verdadero papel que desempeñaron durante el hecho.
La medida fue adoptada luego de que surgieran numerosas irregularidades en el accionar de los efectivos, quienes aparecieron en la escena del ataque sin tener competencia territorial, sin autorización de sus superiores y utilizando una camioneta que se encontraba secuestrada en otra causa judicial. Los investigadores consideran que existen elementos suficientes para profundizar las sospechas sobre una posible connivencia con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La causa se originó el domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de El Potrero, en la provincia de Salta. Allí una Renault Duster en la que viajaban dos mujeres fue interceptada por ocupantes de una camioneta blanca sin patente visible. Según la reconstrucción del hecho, las víctimas intentaron escapar, pero los atacantes abrieron fuego en varias oportunidades, destrozando la luneta y provocando importantes daños en la carrocería.
Las dos ocupantes lograron refugiarse en una vivienda de la zona y solicitaron auxilio, afirmando que habían sido víctimas de un intento de robo. Sin embargo, cuando efectivos de la Policía de Salta inspeccionaron el vehículo, descubrieron que uno de los proyectiles perforó un doble fondo oculto en el baúl, dejando al descubierto decenas de paquetes de cocaína cuidadosamente acondicionados. El procedimiento permitió secuestrar entre 66 y 70 kilos de cocaína, según las distintas mediciones incorporadas al expediente.
A partir de ese hallazgo, la investigación cambió por completo. Las mujeres dejaron de ser consideradas víctimas para quedar detenidas por transporte de estupefacientes.
Una de ellas fue identificada como Ivana Georgina Portal, médica de Gendarmería Nacional, quien prestaba servicios en el Escuadrón Tartagal y además trabajaba en el hospital de esa ciudad salteña. La otra detenida es Delia Yolanda Tame, cosmetóloga y conductora del vehículo. Durante los allanamientos posteriores también fue inspeccionado el domicilio que Portal compartía con su esposo, un sargento de Gendarmería que se desempeña como chofer del jefe del escuadrón. Hasta el momento, la investigación no encontró pruebas que permitan involucrarlo penalmente en la causa.
La investigación federal sostiene como principal hipótesis que el ataque fue una «mejicaneada», modalidad utilizada dentro del narcotráfico para robar cargamentos de droga a otras organizaciones criminales. En este tipo de maniobras, una banda embosca a quienes transportan los estupefacientes para quedarse con toda la carga. Los investigadores tampoco descartan una hipótesis aún más compleja: que el ataque hubiera sido organizado por los propios proveedores de la droga, con el objetivo de evitar pagar a quienes realizaban el traslado, recuperar la mercadería y dejar endeudados a los transportistas.
Fue precisamente en ese contexto donde aparecieron los policías tucumanos, dando origen a una de las líneas investigativas más delicadas del expediente.
De acuerdo con la investigación, cuatro efectivos pertenecientes al destacamento de 7 de Abril, en Tucumán, llegaron al lugar del ataque cuando todavía se desarrollaban las primeras actuaciones policiales. Su presencia llamó inmediatamente la atención porque El Potrero está ubicado unos 30 kilómetros dentro del territorio salteño, es decir, fuera de la jurisdicción de la Policía de Tucumán.
Las sospechas crecieron al comprobarse que ninguno de los uniformados informó oficialmente la salida del destacamento, no registraron el movimiento en el libro de guardia, no notificaron a sus superiores, no confeccionaron actas de procedimiento y abandonaron el lugar rápidamente cuando comenzaron a llegar los investigadores salteños y judiciales.
Como consecuencia de esas irregularidades, la Justicia Federal ordenó secuestrar los teléfonos celulares, las armas reglamentarias, el libro de guardias del destacamento y la camioneta en la que se movilizaban, con el objetivo de realizar pericias que permitan reconstruir sus movimientos y establecer si existió algún tipo de coordinación con los narcotraficantes involucrados. Los peritajes balísticos también buscarán determinar si alguna de las armas oficiales fue utilizada durante el ataque contra la Renault Duster.
Los investigadores intentan establecer si los policías simplemente acudieron al lugar por iniciativa propia o si cumplían un rol mucho más comprometedor. Entre las principales hipótesis figura que actuaban como apoyo logístico de los atacantes, que brindaban cobertura al grupo que intentó quedarse con la droga o incluso que estaban protegiendo el traslado del cargamento para garantizar su paso por la zona.
Mientras tanto, también fue detenido el conductor de la camioneta blanca señalada como autora de los disparos. El sospechoso fue identificado por las propias ocupantes de la Renault Duster luego de una persecución policial que culminó en la localidad salteña de El Tala. La Fiscalía Federal le imputó el delito de tentativa de homicidio, además de avanzar con las acusaciones por narcotráfico contra las dos mujeres que transportaban la cocaína.
Con la separación preventiva de los siete policías tucumanos, la investigación ingresa ahora en una etapa decisiva. Los resultados de los análisis sobre los teléfonos, las comunicaciones, las armas reglamentarias, los registros del destacamento y los movimientos del personal serán determinantes para establecer si existió una red de protección policial al narcotráfico o si los efectivos participaron directamente de la denominada «mejicaneada», uno de los mecanismos más violentos utilizados por las organizaciones criminales que operan en el norte argentino.
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