Se juega la final: la Liga Tucumana de Fútbol pagó $4 millones de los adicionales que debía a la Policía

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«Queremos que el partido se juegue, pero también queremos que la Policía cobre los adicionales», había anticipado el jefe de Policía. El conflicto se destrabó con un depósito

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El partido entre Concepción Fútbol Club y Graneros por la final del torneo se jugará este domingo, luego de un acuerdo al que arribaron la Liga Tucumana de Fútbol y la Policía de Tucumán por la deuda que mantenía el organismo deportivo en concepto de servicios adicionales.

El monto total adeudado es de $9,7 millones en concepto de servicios ya prestados. La Liga depositó $4, con lo que la Policía connsidera que se pueden reanudar los adicionales.

Ayer por la mañana, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, había anticipado que existía voluntad de diálogo, pero reclamó el pago al personal. «Queremos que este evento se juegue, pero también queremos que el personal policial cobre servicio adicional, es algo normal y lógico», había declarado al periodista Adrián Intile en una entrevista con Radio Ciudad.

«Además, hay que recomendar a las dos hinchadas que queremos que sea una fiesta del deporte, queremos que sea una final que se juegue bien y evitar todo tipo absolutamente de disturbios», advirtió.

«No se va a permitir la venta de bebidas alcohólicas n afuera ni adentro del estadio, se lo decimos a los organizadores y también al presidente del club donde se va a jugar, se le va a comprar la cantina. Vamos a ver qué estadio es mejor, qué estadio reúne las condiciones para que esta gente llegue tranquila, para que lleguen por diferentes lugares, para que se vayan tranquilos y en paz a sus respectivas ciudades. Seguramente será en algún estadio del sur de la provincia para diagramar un buen operativo, sería un poco imprudente traerlo a la capital», anunció.

Los partidos de la Liga son custodiados por policías que, en sus tiempos de descanso, realizan estos trabajos adicionales para aumentar sus ingresos. Sin embargo, no se trata de un servicio privado, puesto que es administrador y cobrado por la Policía, que luego se encarga de abonar a los uniformados.

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