Se completa el esquema de la Justicia Federal en Tucumán: ya se habilitó la nueva fiscalía para el Juzgado N°3

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Con la puesta en marcha de la estructura fiscal y la confirmación de Chit, el nuevo juzgado federal tucumano cierra el ciclo institucional para iniciar sus funciones de manera plena.

Lo que comenzó como un proyecto de ley hace años y recibió su impulso definitivo el 31 de marzo con la habilitación del magistrado José Manuel Díaz Vélez por parte de la Corte Suprema, ha alcanzado su última pieza fundamental. A través de la Resolución MP 72/2 la Procuración General de la Nación dispuso finalmente la habilitación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 3 de San Miguel de Tucumán.

La puesta en funcionamiento de un juzgado federal no es un acto administrativo aislado, sino una estructura compuesta por el ala jurisdiccional y el ala promotora de la acción pública. Mientras que el máximo tribunal ya había autorizado el juramento de Díaz Vélez y creado los 42 cargos administrativos y de servicio para el juzgado, restaba que el Ministerio Público Fiscal hiciera lo propio para garantizar la legalidad de los procesos.

Con la firma del Procurador General interino, Eduardo Casal, se ha designado oficialmente a José Agustín Chit como el fiscal federal titular que actuará ante el nuevo estrado. Chit, cuya designación por decreto presidencial ya estaba firme desde 2021, será el encargado de llevar adelante las investigaciones en una jurisdicción clave por su volumen de causas vinculadas al narcotráfico y delitos complejos.

La crónica de esta inauguración ha sido una carrera contra el reloj impulsada por la necesidad de infraestructura. Los informes de la Administración General del Poder Judicial marcaron finales de marzo como la fecha límite para la instalación de puestos de trabajo y conectividad tecnológica. En sintonía con esto, la resolución de la Procuración instruye ahora a sus áreas de administración para que provean el soporte técnico y edilicio necesario que permita a la fiscalía marchar a la par del juzgado.

Esta habilitación llega para descomprimir la saturada agenda de los tribunales federales de la provincia. Hasta hace apenas unas semanas, el propio Díaz Vélez debía subrogar el Juzgado N° 2 mientras se aguardaban estas definiciones presupuestarias. Con la firma de hoy, se considera oficialmente completado el circuito que une la Ley 26.885, la acordada de la Corte y la reciente disposición de la Procuración


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