Revés judicial para el Gobierno: frenan los despidos y la reestructuración del INTI
Un juez federal suspendió la resolución oficial que habilitaba la baja de 900 servicios. La intimación para garantizar los puestos de trabajo.

Un contundente freno legal recibió el plan de reforma y despidos del personal del INTI que el Poder Ejecutivo nacional intentaba ejecutar dentro de la estructura de la principal entidad tecnológica e industrial de la República Argentina. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por las agrupaciones sindicales de los trabajadores estatales.
La determinación del magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto congeló de forma provisoria la aplicación efectiva de la Resolución 42/26 emitida por el Consejo Directivo de la institución oficial. Por lo tanto, las autoridades de la prestataria científica deberán suspender las bajas de los contratos laborales y abstenerse de trasladar las diferentes dependencias operativas ubicadas en el territorio bonaerense y las delegaciones del interior del país. Sin embargo, los equipos jurídicos del Ministerio de Economía ultiman los detalles de un recurso de apelación inmediata para intentar revertir la medida precautoria en las instancias de alzada.
Prohibición de traslados de equipamientos y la exigencia de ocupación efectiva de los puestos
El fallo del tribunal federal impuso severas restricciones de gestión a la cúpula del organismo para resguardar de forma integral el patrimonio científico y el normal desempeño de los profesionales técnicos. La manda judicial prohíbe de manera explícita el desmantelamiento de los laboratorios y veda el desplazamiento físico de maquinarias e insumos especiales destinados a la calibración industrial de las pymes locales. Asimismo, el dictamen exige a las jefaturas de recursos humanos asegurar la ocupación efectiva de los puestos de trabajo para todos los agentes que desempeñaban funciones operativas con anterioridad al catorce de abril del presente período anual. En consecuencia, la administración central mantendrá la obligación de abonar la totalidad de las remuneraciones salariales habituales respetando las categorías escalafonarias previas. Por otra parte, las delegaciones regionales del centro fabril tucumano recibieron la notificación legal con optimismo al verse alcanzadas por la protección del amparo gremial.
Las advertencias al Palacio de Hacienda por las leyes vigentes
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, aseveró que las leyes constitucionales vigentes impiden que los funcionarios públicos ejecuten reestructuraciones presupuestarias de forma unilateral y arbitraria sobre las plantas de personal calificado. De igual manera, el dirigente gremial advirtió que el dictamen judicial constituye un precedente doctrinario de gran envergadura para frenar los procesos de desguace de laboratorios e institutos de investigación científica en el mapa nacional. Finalmente, los cuerpos de delegados de las distintas sedes fabriles ratificaron el estado de alerta permanente y asamblea continua para fiscalizar el cumplimiento estricto de las directivas emanadas por el juzgado federal.
