Reforma laboral y finanzas provinciales: ¿quién absorberá el costo?
La iniciativa propone modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios, medida que la oposición califica de reforma tributaria encubierta.
El Gobierno afrontará un verano políticamente caliente, con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el centro de las negociaciones con los gobernadores por el proyecto de modernización laboral. Más allá del foco nominal en el mercado de trabajo, el capítulo impositivo incluido en la iniciativa concentró la preocupación de las provincias: las modificaciones propuestas en el impuesto a las Ganancias y en otros tributos derivarían en recortes significativos de recursos por coparticipación.
El proyecto prevé, entre otros puntos, reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos y exceptuar del impuesto a las Ganancias los alquileres de inmuebles destinados a vivienda. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo anual inicial de las modificaciones en Ganancias ascendería a 0,22% del PBI, equivalentes a unos $1,9 billones. De ese monto, alrededor de $790.000 millones corresponderían al gobierno nacional y $1,12 billones a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La pérdida de recursos no sería homogénea entre distritos
IARAF señala que la provincia de Buenos Aires registraría el mayor recorte ($238.558 millones), seguida por Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones) y otras jurisdicciones como Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza en posiciones relevantes. Ese reparto asimétrico alimenta la resistencia provincial cuando, además, enfrentan una caída de ingresos por la desaceleración de la actividad económica.
Transferencias automáticas y discrecionalidad
Las transferencias automáticas hacia las provincias tuvieron en el último año una variación real positiva del 1,7% respecto de 2024, pero ese incremento se ubica por debajo de los niveles de los años 2018–2023, según un informe de Politikon Chaco. Los gobernadores advierten que buena parte de la mejora reciente obedeció a envíos por compensaciones del Consenso Fiscal de 2017, distribuidos de manera discrecional por el Ejecutivo a favor de provincias con afinidad política.
El informe detalla diferencias marcadas: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan mostraron aumentos reales superiores al 200%, mientras que provincias con menor sintonía con el Gobierno, como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero, no superaron el 50% de variación. Ese patrón reafirma la percepción de un criterio selectivo en los giros, que fue funcional hasta ahora para conseguir el aval del Presupuesto 2026, pero plantea dudas sobre si bastará para facilitar la aprobación de una reforma que afectaría la coparticipación de todos los distritos.
Desde la oposición, el senador Jorge Capitanich calificó la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta”. En el artículo 190 del dictamen se propone bajar la alícuota del impuesto a las sociedades en los tramos 2 y 3 (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%). El tramo 3 concentra cerca del 76% de la recaudación por ser el correspondiente a empresas que declaran más de $1.000 millones anuales: apenas 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. Capitanich estimó el costo fiscal de esta medida en US$2.179 millones.
A esas modificaciones se suman cambios en impuestos internos incluidos en el artículo 191, que suprimirían gravámenes a rubros como seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y vehículos y embarcaciones de lujo a partir del primer mes siguiente a la vigencia de la ley. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula un costo fiscal de US$334 millones anuales por esas medidas; Capitanich eleva esa estimación hasta US$548 millones. Más allá de las diferencias metodológicas, existe consenso en que los beneficios apuntan a contribuyentes de mayor poder adquisitivo y que su eliminación afecta recursos que se coparticipan desde 1996, lo que resultaría especialmente sensible para las provincias.
Las críticas subrayan además una tensión política: mientras se habilitan alivios tributarios focalizados en empresas grandes y contribuyentes de altos ingresos, el Ejecutivo dilata o resiste la plena implementación de leyes que financien a universidades o al servicio de asistencia a personas con discapacidad, lo que genera malestar entre sectores sociales y legisladores provinciales.
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