¿Qué hará la Legislatura con el veto de Jaldo?: una sutil definición de Acevedo podría ser la clave

El parlamento tucumano se encamina a dirimir la suerte del Sistema de Monitoreo Post Legislativo luego de habilitar su tratamiento preferencial en el recinto, un conflicto de poderes donde las recientes definiciones del vicegobernador Miguel Acevedo sobre la adaptación legal y la creación de herramientas alternativas de control asoman como la salida política para el cuerpo.

La Legislatura de Tucumán se prepara para afrontar una discusión política de alta densidad institucional destinada a resolver la encrucijada planteada por el veto total del gobernador Osvaldo Jaldo al Sistema de Monitoreo Post Legislativo. El sorpresivo aval del cuerpo en la última sesión para tratar la insistencia de la norma en el recinto expuso las vacilaciones y fisuras internas del bloque peronista, el cual oscila entre alinearse de forma vertical con la Casa de Gobierno o preservar las atribuciones de la propia Cámara. En este escenario de tensiones, las últimas declaraciones del vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, que pasaron prácticamente desapercibidas en un encuentro temático, sugieren que la Legislatura no renunciará a su rol fiscalizador y que cuenta con una «llave» para destrabar el conflicto: la adaptación constante de las leyes y el desarrollo de nuevos mecanismos de control que no colisionen con las facultades operativas del Poder Ejecutivo.

El conflicto institucional se originó con la firma del Decreto N° 1.939/14 (MGyJ) por parte de Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, mediante el cual se rechazó en su totalidad el proyecto de ley, sancionado por unanimidad, que pretendía evaluar de manera continua la aplicación de las normas provinciales. Desde la óptica del Poder Ejecutivo, la propuesta legislativa presentaba vicios de inconstitucionalidad al transgredir la división de poderes consagrada en la Constitución de Tucumán.

La argumentación técnica de la Casa de Gobierno alegó que el proyecto excedía la simple fiscalización institucional al incorporar herramientas operativas, como la creación de un «Laboratorio de Medición de Impacto» con participación parlamentaria y la potestad de requerir informes técnicos de forma sistemática a los ministerios, lo que a su juicio constituía una indebida intromisión en las competencias exclusivas de administración y ejecución que el artículo 101, inciso 3, le reserva al Gobernador.

A pesar del contundente freno impuesto por el mandatario provincial, Acevedo brindó definiciones el pasado jueves, en el marco del programa institucional «Legislatura en Diálogo», durante el conversatorio «Ludopatía, salud mental y juventudes». Ante consultas sobre la necesidad de readecuar normativas, el titular del parlamento tucumano expuso una postura sumamente flexible pero firme respecto a las potestades del cuerpo: “No hay que temer en decir que tengo que modificar una ley, aunque la haya sancionado hace una semana, un mes o un año. Hay que adecuar todas las disposiciones legales a la realidad. Cuando una ley no sirve a la sociedad, no sirve la ley”.

Inmediatamente después, Acevedo deslizó la estrategia que el espejado edificio de Muñecas al 900 se encuentra diseñando para sostener su rol institucional frente a la resistencia del Ejecutivo: “Además, estamos desarrollando mecanismos inéditos para monitorear el impacto concreto que tienen las leyes sancionadas en la comunidad”.

Estas declaraciones sugieren que, más allá de la suerte que corra el texto vetado en el recinto, la Legislatura persistiría en su voluntad de evaluar la calidad de sus producciones a través de herramientas que superen los cuestionamientos constitucionales del Ejecutivo sin abdicar de sus competencias de control.

La firmeza de Acevedo en torno a esta agenda no es nueva. Anteriormente, al momento de sancionarse el proyecto de monitoreo post legislativo el pasado 30 de julio, el vicegobernador ya se había expresado de forma muy favorable sobre su implementación al señalar: “entendemos que las leyes que sancionamos deben ser medidas y evaluadas para conocer el impacto que producen en la sociedad y verificar que cumplan el efecto para el cual fueron creadas”.

La discusión parlamentaria se activó formalmente en la última sesión ordinaria de la Cámara, jornada que no estuvo encabezada por Acevedo, sino por el presidente subrogante del cuerpo, Sergio Mansilla. Durante el inicio del debate, el legislador radical José Cano planteó una moción de preferencia para someter a votación la insistencia de la ley vetada. Cano justificó el planteo señalando: “En virtud del veto de la ley recientemente sancionada por este poder legislativo y atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para proceder al veto total de la ley, no coincidiendo absolutamente en esos fundamentos, uno podría hasta homologar funciones de comisiones creadas en el Congreso de la Nación que de ninguna manera invaden facultades del Poder Ejecutivo para pedir la insistencia en el veto con dictamen o sin dictamen de la comisión”.

Al someterse a votación la preferencia, se hicieron patentes las marcadas fisuras del Partido Justicialista. Si bien la casi totalidad de la bancada peronista optó por mantenerse en silencio o rechazar el planteo de Cano para evitar un desafío abierto a las directivas de Jaldo, el titular del bloque del oficialismo, Roque Tobías Álvarez, votó a favor del requerimiento opositor, lo que permitió que la moción fuera aprobada y que el tema deba ser discutido en la próxima sesión legislativa.

Posturas y desmarque

Esta situación polarizó al arco político. Desde la oposición, la demanda de insistir con el texto original es uniforme con el fin de resguardar las facultades institucionales del cuerpo. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) advirtió de manera categórica que “si la Legislatura no puede preguntar qué pasó con las leyes que sanciona, renuncia a su responsabilidad institucional”, mientras que José Seleme (Avanza Tucumán) cuestionó el estilo de conducción del Gobernador acusándolo de entrometerse en otro poder. En sintonía, Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) señaló que un gobierno transparente no debe temer la evaluación y Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) instó a avanzar con la insistencia al haber cosechado la norma un consenso unánime inicial.

Sin embargo, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse se desmarcó de forma tajante del proyecto que él mismo había acompañado semanas atrás en el recinto, alineándose públicamente con la postura del gobernador Jaldo: “Estoy de acuerdo con el veto. No hice uso de la palabra en el recinto y acompañé porque el bloque acompañaba. Pero es un mal proyecto”.

Vargas Aignasse adelantó que, en caso de debatirse la ratificación de la ley original, votará en contra, por lo que habrá que esperar a la nueva sesión de la Cámara para confirmar, o no, si los «mecanismos inéditos» sugeridos por Acevedo gatillarán a favor para que la Legislatura conserve su potestad de control.

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