Premio Nobel de la Paz 2026: la jurista sudafricana Navanethem Pillay fue distinguida por su lucha contra los crímenes de guerra y el genocidio

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, la justicia internacional y la persecución judicial de los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio. El anuncio fue realizado este viernes en Oslo por el Comité Noruego del Nobel, que destacó su contribución al fortalecimiento del Estado de derecho como instrumento fundamental para prevenir conflictos y garantizar la paz.

Durante la presentación del galardón, el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, subrayó que la magistrada desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de mecanismos internacionales destinados a juzgar las violaciones más graves de los derechos humanos.

“La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, afirmó Frydnes.

El Comité explicó que la elección de Pillay busca transmitir un mensaje sobre la importancia de preservar las instituciones judiciales nacionales e internacionales frente a los desafíos que enfrenta el orden jurídico mundial.

Según el organismo, el respeto de las leyes constituye uno de los pilares del sistema internacional establecido para resolver las controversias mediante procedimientos pacíficos y evitar el recurso a la violencia.

“La paz requiere justicia”, sostuvo el Comité al fundamentar su decisión.

En ese sentido, advirtió que la historia demostró las consecuencias de un mundo sin instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de las normas. También reivindicó el trabajo de los jueces como responsables de preservar los límites entre el orden jurídico y la arbitrariedad.

El reconocimiento adquiere especial relevancia, según los fundamentos del premio, en un escenario internacional en el que magistrados y tribunales enfrentan sanciones, presiones políticas y cuestionamientos a su independencia.

Frente a esas circunstancias, el Comité consideró indispensable destacar a personalidades capaces de defender los principios jurídicos universales con valentía, determinación y una visión sostenida a lo largo del tiempo.

Frydnes aseguró que Pillay mantuvo un compromiso constante con esos valores durante toda su carrera profesional y destacó su actuación frente a Estados y dirigentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos.

La jurista también fue reconocida por su contribución a ofrecer respuestas judiciales a las víctimas de conflictos armados, persecuciones y otras formas de violencia.

Entre sus responsabilidades internacionales más recientes figura su participación como jueza en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con las acusaciones de genocidio contra Myanmar.

Asimismo, presidió una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza. Esa conclusión corresponde a la comisión investigadora y no constituye, por sí misma, una sentencia definitiva de un tribunal internacional.

Su trayectoria en organismos multilaterales incluye uno de los cargos más importantes del sistema de protección de los derechos humanos: entre 2008 y 2014 se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante ese período, encabezó los esfuerzos del organismo internacional para supervisar, denunciar y promover respuestas frente a vulneraciones de derechos fundamentales en diferentes regiones del mundo.

Sin embargo, su compromiso con la justicia comenzó varias décadas antes, durante el régimen de segregación racial del apartheid en Sudáfrica.

Nacida en 1941, Pillay se convirtió en 1967 en la primera mujer en ejercer la abogacía en Natal, su provincia de origen, en un contexto marcado por profundas restricciones políticas y discriminación racial.

Durante los años siguientes asumió la defensa de activistas que luchaban contra el apartheid y contribuyó a denunciar casos de tortura y abusos cometidos contra personas detenidas por motivos políticos.

Su trabajo también permitió impulsar el reconocimiento de derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island, la cárcel sudafricana que se convirtió en uno de los principales símbolos de la represión del régimen segregacionista.

Paralelamente, desarrolló una carrera académica vinculada con la enseñanza del derecho. Fue docente en la Universidad de KwaZulu-Natal y posteriormente ocupó la vicepresidencia de la Universidad de Durban-Westville.

En 1995, después del fin del apartheid, fue designada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, en el marco de la transformación institucional que atravesaba el país.

Ese mismo año inició una nueva etapa en la justicia internacional al ser seleccionada para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar los crímenes cometidos durante el genocidio de 1994.

Su participación en ese organismo resultó especialmente importante para el desarrollo de la jurisprudencia internacional sobre violencia sexual.

Pillay contribuyó a consolidar criterios jurídicos que permitieron reconocer que determinadas formas de violencia sexual podían constituir actos de genocidio, además de otros crímenes internacionales.

También intervino en debates relacionados con la libertad de expresión, la propaganda del odio y la responsabilidad penal por la incitación a la violencia.

Su trayectoria en el tribunal se extendió durante ocho años, hasta 2003, y durante los últimos cuatro ejerció su presidencia.

Ese mismo año fue designada magistrada de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, institución creada para investigar y juzgar los delitos internacionales más graves cuando se cumplen las condiciones establecidas en su tratado constitutivo.

Permaneció en ese cargo hasta agosto de 2008, cuando pasó a desempeñarse como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además de sus responsabilidades judiciales, Pillay participó activamente en la construcción del nuevo marco constitucional sudafricano.

Como integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, contribuyó a incorporar una cláusula de igualdad en la Constitución del país, destinada a prohibir distintas formas de discriminación, incluidas aquellas basadas en la raza, la religión y la orientación sexual.

Su trabajo en favor de la igualdad de género también se reflejó en la creación de organizaciones internacionales dedicadas a promover los derechos de las mujeres.

Fue cofundadora de Equality Now, entidad que desarrolla iniciativas contra la discriminación y la violencia de género, y participó en agrupaciones vinculadas con la protección de la infancia, las personas privadas de libertad y las víctimas de tortura y violencia doméstica.

También impulsó iniciativas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, ampliando su actividad más allá de los tribunales penales internacionales.

En cuanto a su formación académica, obtuvo los títulos de Bachelor of Arts y Bachelor of Laws en Sudáfrica. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde consiguió una maestría en Derecho y un doctorado en Ciencias Jurídicas.

Madre de dos hijas, la magistrada desarrolló una carrera que abarcó la lucha contra la segregación racial, la defensa de presos políticos, la construcción de instituciones democráticas y la consolidación de la justicia penal internacional.

Con la distinción anunciada en Oslo, el Comité Noruego del Nobel reconoció una trayectoria centrada en la búsqueda de responsabilidades judiciales frente a los crímenes más graves y reafirmó su posición de que la paz duradera depende también de la existencia de tribunales independientes y de mecanismos efectivos para garantizar justicia a las víctimas.

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