Ordenan un masivo rastreo del patrimonio del abogado Ontiveros y lo citan para declarar como imputado
El abogado deberá declarar el martes en el juzgado federal
Luis Alejandro Ontiveros, el abogado acusado por presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Tucumán, deberá declarar como imputado el próximo martes en el juzgado federal. Así lo decidió el juez federal N° 1 José Manuel Díaz Vélez a pedido del fiscal federal Agustín Chit, quien analiza las piezas de uno de los rompecabezas judiciales más complejos de los últimos tiempos en Tucumán. Pero además la citación no llega de manera aislada, sino que viene acompañada de una batería de medidas de instrucción que pretenden desnudar por completo el patrimonio y los movimientos financieros del letrado, en un intento de la justicia por rastrear la ruta del dinero que, según la denuncia, se habría exigido para torcer la voluntad de la Cámara Federal de Apelaciones.
La resolución judicial es exhaustiva en cuanto a la búsqueda de pruebas de contenido económico, ordenando un rastreo pormenorizado. El magistrado dispuso que se libren oficios al Banco Central de la República Argentina para que, a través del sistema Siter, todas las entidades financieras del país informen sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y depósitos de los que Ontiveros sea titular o cotitular. Además, la justicia ha puesto la lupa sobre las billeteras virtuales y los consumos con tarjetas de crédito, solicitando reportes detallados que permitan contrastar el nivel de vida del abogado con sus ingresos declarados ante la AFIP. Este avance se produce en un contexto donde la fiscalía ha insistido en que la relación de Ontiveros con el camarista Mario Leal incluía el uso de extensiones de tarjetas y vehículos oficiales, lo que configuraba un escenario de «aparente poder» frente a potenciales clientes.
El 29 de abril de 2025, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, funcionario de ARCA representado por el abogado Juan Andrés Robles, denunció que Ontiveros le había exigido sumas de entre 80.000 y 100.000 dólares para garantizar la libertad de su hijo, Jerónimo Martínez Parada, involucrado en una causa financiera en Catamarca. El denunciante relató una serie de encuentros en bares tucumanos donde el imputado se presentaba, dijo, como el «sobrino de corazón» del juez Leal y aseguraba -según la denuncia- que las sentencias eran redactadas por su propia esposa, Solana Casella, relatora de Leal, quien además actualmente integra la terna para ser Jueza Federal.
A lo largo de estos once meses, la causa atravesó un laberinto de planteos de nulidad, recusaciones y excusaciones de los cuatro miembros titulares de la Cámara que se negaron a intervenir por su vínculo con Leal, dejando la resolución de las controversias en manos de jueces subrogantes como Ana Carina Farías, Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, quienes también fueron denunciados ante el Consejo Asesor de la Magistratura por Ontiveros.
Los requerimientos a los que hizo lugar Díaz Vélez no se limitaron únicamente al ámbito bancario, sino que se extendieron hacia el Registro Inmobiliario de Tucumán con un objetivo preciso: determinar la titularidad real de las propiedades vinculadas al abogado. La justicia ha puesto el foco en el inmueble ubicado en el Barrio Privado Alto Verde, en Cevil Redondo. La sospecha de la fiscalía es que Ontiveros reside en una propiedad que podría estar a nombre de terceros o vinculada directamente al entorno del camarista Leal. Por ello, el magistrado ordenó un informe de dominio íntegro para conocer quiénes son los dueños registrales de la vivienda.
Complementando esta búsqueda de activos, el juzgado remitió un oficio de carácter urgente a la administración del Barrio Privado Alto Verde. El administrador debe informar quién realiza efectivamente el pago de las expensas del lote donde reside Ontiveros y remitir el listado de todos los vehículos registrados por los habitantes de dicha parcela, con sus respectivas fechas de ingreso. Esta medida busca datos sobre la situación económica del abogado y si sus gastos son cubiertos por él, por su pareja o por alguien más-
La defensa de Ontiveros, liderada por el abogado Miguel Ángel Pierri, ha intentado frenar esta citación mediante un descargo espontáneo donde alega que la causa es una «operación política» para dinamitar el ascenso judicial de su esposa. Sin embargo, el juez ha considerado que los elementos recolectados por el fiscal Chit -que incluyen geolocalizaciones de teléfonos, audios y el peritaje de una computadora donde se hallaron listados de vacantes y claves de acceso a sistemas judiciales– poseen el peso suficiente para obligar al imputado a dar explicaciones. La sospecha de que Ontiveros borró sus aplicaciones de mensajería minutos antes de un allanamiento sigue siendo una sombra de obstrucción que el magistrado ha tenido en cuenta al autorizar este masivo rastreo de bienes.
Otro de los puntos neurálgicos de la resolución es el pedido de informes a la Dirección General de Rentas de Tucumán para que detalle todo tipo de tributo abonado por Ontiveros, sus actividades económicas declaradas y el pago de impuestos sobre bienes de cualquier clase. El juez ha solicitado que toda esta información sea entregada en formato tabular procesable (CSV), lo que indica que se prepara un peritaje contable. La intención es clara: realizar un «mapeo de realidad económica» para contrastar si los ingresos legítimos del abogado guardan proporción con el usufructo de propiedades en barrios cerrados y el uso de vehículos que, según la denuncia, pertenecían a la vocalía del camarista Leal.
Finalmente, la resolución de Díaz Vélez establece un apercibimiento formal para que los organismos públicos y las entidades financieras remitan la información requerida en un plazo perentorio de cinco días hábiles. El volumen y la especificidad de los datos solicitados otorgan a esta etapa de la instrucción una importancia técnica sustancial. El martes, al presentarse ante el juez, Ontiveros puede optar por declarar o no, o dejar simplemente sentado su descargo, hecho días atrás por escrito, donde no sólo denuncia que es víctima de una operación para impedir que Casella pueda ser jueza federal, sino que analiza lo que, desde su punto de vista, es una investigación con muchas irregularidades. Chit, por su parte, en el requerimiento de indagatoria, aportó una enorme cantidad de pruebas que, desde su visión, prueban lo que puede derivar en un escándalo judicial.
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