Municipales del interior reclaman un aumento salarial y un bono, y advierten por el endeudamiento
El Frente de Gremios Estatales y Municipales presentó pedidos formales ante el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo para exigir una recomposición salarial, recuperar el 3,55% pendiente de junio y limitar los descuentos bancarios al 20% de los haberes.

La difícil situación económica que atraviesan los trabajadores estatales y municipales del interior de Tucumán motivó una serie de reclamos dirigidos al Gobierno provincial y a la Legislatura. Tras realizar un plenario este jueves, el Frente de Gremios Estatales y Municipales presentó este viernes 13 de noviembre dos notas formales en las que solicitó una recomposición salarial para diciembre, un bono extraordinario de fin de año y medidas urgentes para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos.
Las presentaciones fueron dirigidas al gobernador Osvaldo Jaldo y al vicegobernador Miguel Acevedo, presidente de la Legislatura, y llevan las firmas de Luis Enzo Alarcón, secretario general del SOEM de Simoca; Alfredo Giménez, del SOEM de Monteros; y Vicente Salvador Ruiz, del SOEM de Aguilares.
Los dirigentes advirtieron que numerosos trabajadores tienen gran parte de sus ingresos comprometidos por créditos y obligaciones financieras con el Banco Macro y otras entidades, una situación que, según señalaron, les impide afrontar gastos esenciales como la alimentación, la atención médica y el pago de los servicios de luz, gas y transporte.
El panorama se agravó, de acuerdo con lo expuesto durante el plenario, por la acumulación de deudas y las dificultades para cumplir con los planes de financiación de las facturas de electricidad. Los representantes gremiales aseguraron que algunos empleados ya sufrieron cortes del suministro por no poder afrontar las cuotas acordadas.
También alertaron que el endeudamiento obliga a numerosos trabajadores a recurrir a prestamistas particulares para llegar a fin de mes, lo que profundiza sus problemas económicos.
En la presentación realizada ante el gobernador Jaldo, los sindicatos solicitaron un incremento salarial con los haberes de diciembre que permita acercar los ingresos de los trabajadores al costo de la canasta básica de un hogar.
En el documento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, los dirigentes reclamaron que se considere otorgar “un incremento salarial para con los haberes de diciembre de 2026, que permita llevar un salario promedio igual al costo de la canasta básica de un hogar”.
Además, solicitaron recuperar el 3,55% que, según sostienen, no fue abonado en junio debido a la aplicación de un porcentaje vinculado con la recaudación provincial.
El planteo incluyó también “el otorgamiento de un Bono Extraordinario para el mes de diciembre de 2026”, aunque no precisaron el monto pretendido.
Para fundamentar el pedido, hicieron referencia al acuerdo salarial establecido mediante el Decreto N.º 454/3 (MEyP) de 2026 y a los ajustes por inflación correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, previstos para liquidarse con los haberes de diciembre.
Los dirigentes consideraron que la actualización salarial resulta insuficiente frente al aumento de los gastos cotidianos. En ese sentido, señalaron que las medidas solicitadas representarían un paliativo ante “la situación desesperante de los trabajadores estatales y municipales”, agravada por los incrementos en los componentes de la canasta básica, las tarifas de servicios y los costos del Plan Complementario y del seguro de la Caja Popular.

Piden ponerle freno a los descuentos
El segundo planteo fue presentado ante el vicegobernador Miguel Acevedo, a quien solicitaron una audiencia para abordar los proyectos legislativos destinados a aliviar el endeudamiento de los trabajadores públicos.
El Frente pidió que participen también los integrantes de la comisión legislativa que tiene bajo estudio esas iniciativas, con el propósito de avanzar en su tratamiento.
La propuesta central consiste en establecer por ley un límite del 20% a los descuentos bancarios sobre los haberes mensuales, de manera que los empleados puedan disponer de al menos el 80% de sus ingresos para afrontar sus necesidades básicas.
En la nota dirigida a Acevedo, los representantes sindicales fundamentaron el reclamo en “la imperiosa necesidad de que se sancione una ley que le permita recuperar el 80% de sus haberes para cubrir sus necesidades básicas de su hogar”.
Según explicaron, las retenciones derivadas de préstamos y otras obligaciones financieras dejan a numerosos trabajadores con ingresos disponibles insuficientes para cubrir los gastos familiares.
La situación se habría profundizado con las sucesivas reestructuraciones de deudas bancarias. Los gremios señalaron que algunos empleados incluso perdieron la posibilidad de utilizar sus tarjetas de crédito, una herramienta a la que recurrían para financiar la compra de alimentos.
En el documento también advirtieron que los trabajadores deben acudir a prestamistas particulares, en algunos casos ofreciendo sus bienes como garantía, para conseguir dinero destinado a la alimentación y al pago de servicios esenciales.
Por ese motivo, reclamaron que la Legislatura acelere el tratamiento de los proyectos existentes y avance con una solución que permita reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.
Durante el plenario, los representantes gremiales también expresaron su malestar por la información difundida recientemente sobre los salarios de los empleados públicos tucumanos.
En particular, rechazaron un informe que, según indicaron, ubicaba los ingresos salariales en la provincia en torno a $1.800.000.
Los dirigentes calificaron esos datos como alejados de la realidad que atraviesan los trabajadores que representan y aseguraron que los salarios del sector no superan los $1.200.000.
En ese contexto, señalaron que el descontento comienza a trasladarse a las bases sindicales y que algunos trabajadores ya reclaman la convocatoria a medidas de fuerza para exigir respuestas.
Si bien el Frente resolvió avanzar inicialmente con las presentaciones institucionales ante el Poder Ejecutivo y la Legislatura, dejó planteada la preocupación por el creciente malestar entre los empleados.

Boletas impagables
Otro de los reclamos surgidos del encuentro estuvo relacionado con el costo de la energía eléctrica y su impacto sobre los ingresos familiares.
Los sindicatos solicitaron que la Legislatura intervenga para aliviar el monto de las facturas y revise los conceptos adicionales que se cobran a los usuarios.
Entre ellos, cuestionaron particularmente el cargo identificado como TIC, que vincularon con el financiamiento del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).
Los dirigentes consideraron contradictorio que se cobre a los usuarios un concepto destinado al organismo encargado de controlar la prestación del servicio, por lo que reclamaron su eliminación.
También solicitaron el congelamiento de las tarifas eléctricas durante seis meses y la suspensión de los cortes del suministro por falta de pago durante ese mismo período.
El planteo respondió a las dificultades que, según describieron, enfrentan numerosos trabajadores para cancelar las facturas, incluso después de acceder a planes de financiación.
Finalmente, el Frente de Gremios Estatales y Municipales instó al Poder Ejecutivo a revisar sus prioridades presupuestarias y prestar especial atención a las dificultades económicas y sociales que atraviesan los empleados públicos.
Los dirigentes reclamaron que el Gobierno “priorice lo humano sobre las obras”, al considerar que el deterioro del poder adquisitivo está afectando aspectos esenciales de la vida familiar.
Entre las principales preocupaciones mencionaron las dificultades para acceder a la atención médica, especialmente por el cobro de adicionales o plus médicos que, según denunciaron, exigen profesionales de distintas especialidades.
Advirtieron que algunos trabajadores están postergando consultas y tratamientos de integrantes de sus familias porque no cuentan con dinero suficiente para afrontar esos gastos.
El Frente sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento bancario y el incremento de los servicios básicos conforman un escenario que requiere respuestas urgentes.
