Millonario robo de cables de cobre en pleno Barrio Sur: habrían participado un policía y empleados estatales
Según la querella fueron sustraídos 2.500 kilos de cobre en la intersección de calle Rondeau y Chacabuco donde se encuentra una tapa de boca tormenta.
Un policía y otros cuatro hombres fueron imputados por el robo de unos 2.500 kilos de cables de cobre, valuados en $ 37 millones, tras una maniobra que habría sido cuidadosamente planificada en pleno Barrio Sur de San Miguel de Tucumán. Los acusados simularon realizar una obra, utilizaron ropa de trabajo, conos reflectivos y hasta un cartel de desvío para cortar y llevarse unos 400 metros de cable subterráneo perteneciente a una empresa telefónica.
El hecho ocurrió el pasado martes 25 de agosto, alrededor de las 6.30, en la intersección de Rondeau y Chacabuco. Según la investigación, cuatro hombres de 24, 25, 26 y 33 años, junto a otras dos personas que aún no fueron identificadas, llegaron al lugar vestidos con ropa de grafa azul y a bordo de una camioneta roja registrada en Aguilares.
Con una aparente distribución previa de tareas, descendieron del vehículo, colocaron conos reflectivos y comenzaron a trabajar sobre la tapa de una boca de tormenta, donde se encontraban instalados cables subterráneos.
De acuerdo con la acusación, cortaron y se apoderaron de 200 metros de cables de 2.200 pares y otros 200 metros de cables de 1.200 pares de cobre. Luego cargaron el material en la camioneta y escaparon del lugar.
La maniobra contó, además, con la participación de un empleado policial de 35 años, que se encontraba uniformado y portaba su arma reglamentaria. El efectivo se desempeña en el centro de monitoreo de Banda del Río Salí.
Por el caso intervino la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, a cargo de Susana Cordisco. Los civiles fueron imputados por el delito de hurto en calidad de coautores, mientras que al policía se le atribuyó el delito de hurto agravado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad.
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Ignacio Martucci calificó el episodio como “sumamente grave” y sostuvo que la maniobra fue previamente planificada. Según expuso, los acusados habrían escogido el lugar y el horario para evitar ser advertidos y contaban con las herramientas necesarias para concretar el robo.
La Fiscalía también remarcó que los involucrados habrían montado una escena para darle apariencia de legitimidad a la maniobra. Además de utilizar ropa de trabajo, colocaron conos, cinta perimetral y un cartel de desvío. La presencia del policía uniformado habría servido, según la acusación, para reforzar esa apariencia mientras se realizaba el corte de los cables.
Dos de los presuntos involucrados permanecen prófugos. En tanto, la investigación cuenta con un registro fílmico aportado por un empleado de la empresa afectada y resta analizar otras cámaras de seguridad, además de peritar los seis celulares secuestrados y realizar una rueda de reconocimiento.
Durante la audiencia también surgieron contradicciones en las declaraciones de tres de los imputados, de 25, 26 y 33 años, quienes aseguraron ser trabajadores independientes. Sin embargo, la Fiscalía indicó que serían empleados públicos: uno de ellos trabajaría en la Legislatura y los otros dos en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El abogado querellante estimó que la cantidad de material sustraído equivale a unos 2.500 kilos de cobre, con un valor aproximado de $ 37 millones. Además, se informó que el acusado de 33 años ya registra otra causa en trámite por un hecho similar y contra la misma empresa denunciante.
Al declarar, el policía aseguró que había sido contratado para realizar un “servicio en negro” y que creyó que se trataba de una empresa tercerizada. “Los obreros estaban bien vestidos. Hubo profesionalismo en el trabajo, por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”, sostuvo.
Finalmente, luego de cuatro horas de audiencia, el juez no hizo lugar al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, ordenó que el efectivo policial cumpla arresto domiciliario durante 40 días, con rondas periódicas y sorpresivas.
Los otros imputados quedaron sujetos a medidas de menor intensidad, no privativas de la libertad, por el término de dos meses. Además, se fijó una caución de $ 3 millones para el policía y de $ 2,5 millones para los demás acusados, requisito que deberán cumplir para mantener su libertad.
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