Milei firmó un DNU para expulsar a extranjeros que inciten al odio contra la Argentina
El Ejecutivo nacional oficializó una medida que prohíbe el ingreso y ordena la expulsión de ciudadanos no nacionales que dirijan mensajes de discriminación o agresión.
El Gobierno nacional dio un paso contundente en materia de control migratorio y soberanía. Mediante la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, la administración central estableció que expulsará o impedirá el acceso al territorio argentino a cualquier extranjero que «incitare o dirigiera mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino» o que incurra en el «ultraje a los símbolos patrios». La medida fue ratificada de manera oficial por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) a través de sus canales institucionales.
Postura oficial y fundamentos del Poder Ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron la decisión como un acto directo de resguardo institucional frente a episodios recientes de hostilidad verbal y virtual dirigidos hacia los ciudadanos argentinos. El texto del decreto enfatiza que la protección de la soberanía, la población y los emblemas nacionales reviste un carácter incuestionable:
- Defensa de los símbolos patrios: Tolerancia cero al ultraje o agravio contra la bandera, el escudo o el himno nacional.
- Agresiones por nacionalidad: Tipificación de la incitación a la violencia, discriminación u odio motivado en la condición de ser argentino.
- Declaración de principios: La OPRA remarcó que «quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
Fuentes gubernamentales señalaron que el endurecimiento normativo responde a la intensificación de ataques y agresiones verbales registradas en plataformas digitales durante el desarrollo de eventos masivos internacionales, como el reciente Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.
Ante este escenario, la Casa Rosada resolvió dotar a la Dirección Nacional de Migraciones de una herramienta legal expedita para restringir la permanencia de quienes incurran en estas conductas. Por consiguiente, la normativa entra en vigencia de forma inmediata, mientras el Congreso nacional se encarga de analizar la validez del instrumento DNU.
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