Mercado Pago bajo presión: piden frenar cobros y que devuelva dinero a clientes por tasas de hasta 1.375%
La polémica por los créditos de Mercado Pago escaló en las últimas horas con una nueva presentación judicial que busca ir más allá de la investigación por presunta usura. Ahora, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano pidió que la Justicia suspenda los cobros de los préstamos otorgados por la plataforma y planteó que Mercado Libre podría tener que devolver dinero a clientes que, según su criterio, ya habrían pagado de más.
La presentación se produjo después de la denuncia penal contra Mercado Libre y Mercado Pago por las elevadas tasas aplicadas a determinados préstamos personales, cuyo Costo Financiero Total Efectivo Anual puede llegar, en algunos casos, al 1.375,94%.
El planteo judicial sostiene que, si esos créditos fueran recalculados una tasa considerada razonable, numerosos usuarios podrían haber cancelado ya completamente sus obligaciones. Incluso, según Solano, algunos podrían haber abonado sumas superiores a las que corresponderían y quedarían en condiciones de reclamar una devolución.
“Muchas personas ya habrían concluido el pago de sus préstamos e incluso más: Mercado Libre debería devolverles dinero”, afirmó el dirigente al fundamentar la ampliación de la denuncia.
El planteo es, por el momento, una pretensión de la parte denunciante y no existe todavía una resolución judicial que determine que Mercado Pago haya cometido usura, que ordene suspender los cobros o que obligue a devolver dinero a sus clientes.
La causa gira alrededor de las condiciones financieras de algunos de los créditos que Mercado Pago ofrece directamente desde su aplicación. Según las condiciones informadas para distintos perfiles de usuarios, las tasas pueden variar considerablemente de acuerdo con el nivel de riesgo crediticio.
En los casos más elevados, una Tasa Nominal Anual cercana al 249% puede traducirse en una Tasa Efectiva Anual superior al 860% y en un Costo Financiero Total Efectivo Anual de aproximadamente 1.375%, cuando se incorporan impuestos y otros componentes del financiamiento.
Ese porcentaje provocó una fuerte repercusión pública durante las últimas semanas y reavivó el debate sobre el funcionamiento de los créditos otorgados por billeteras virtuales.
El cuestionamiento tomó mayor dimensión después de que el periodista Ernesto Tenembaum criticara públicamente el costo de determinados préstamos de Mercado Pago y calificara la situación como un abuso.
La discusión también instaló una pregunta cada vez más frecuente entre los usuarios: cuánto termina pagando realmente una persona que acepta uno de estos créditos y cuál es la diferencia entre la tasa nominal, la tasa efectiva y el costo financiero total.
El CFTEA es el indicador más amplio porque incorpora intereses, impuestos y otros cargos relacionados con el préstamo. Por eso, que figure un costo financiero anual superior al 1.000% no significa automáticamente que una persona que recibe $100.000 deba devolver $1,4 millón, ya que el monto efectivo depende del plazo elegido, la cantidad de cuotas y el sistema de amortización.
Sin embargo, para los denunciantes, el problema central no es solamente la forma de calcular el porcentaje, sino la enorme distancia existente entre esas tasas y otras variables económicas, entre ellas la inflación y el costo de financiamiento del sistema.
Solano sostuvo que el nivel de interés cuestionado “no tiene relación alguna” con una inflación anual que actualmente se ubicaría alrededor del 30% y también remarcó la diferencia con las tasas a las que puede financiarse una compañía de la dimensión de Mercado Libre.
La denuncia intenta encuadrar la operatoria dentro del artículo 175 bis del Código Penal argentino, que castiga determinadas conductas vinculadas con la usura.
La norma establece sanciones para quien, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona, obtenga intereses u otras ventajas económicas evidentemente desproporcionadas respecto de la prestación realizada.
Ese punto será decisivo para la investigación.
Una tasa muy elevada no configura automáticamente el delito de usura. Para que exista responsabilidad penal, la Justicia deberá analizar también las circunstancias particulares de los créditos, las características de los clientes y si hubo o no aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Precisamente por eso, la denuncia apunta a determinar quiénes son las personas que toman estos préstamos.
Entre las medidas solicitadas figura una pericia contable e informática sobre la operatoria de Mercado Crédito, destinada a conocer las tasas efectivamente cobradas, el número de operaciones realizadas con los porcentajes más altos y el perfil de los usuarios afectados.
También se pretende establecer cuántos clientes de Mercado Pago utilizan estos créditos como única alternativa de financiamiento y cuántos de ellos se encuentran fuera del sistema bancario tradicional.
El crecimiento de ese universo resulta especialmente relevante porque las billeteras virtuales se transformaron en los últimos años en una de las principales puertas de acceso al crédito para trabajadores informales, jóvenes y personas sin antecedentes suficientes dentro de los bancos.
La contracara de esa expansión es el aumento de la morosidad.
Dentro de la documentación incorporada a la denuncia aparecen cifras que muestran niveles particularmente elevados de incumplimiento entre determinados grupos de usuarios.
Según esos datos, la mora alcanzaría alrededor del 43,1% entre jóvenes de 18 a 25 años, mientras que se ubicaría cerca del 34,7% entre quienes solicitaron préstamos inferiores a $1 millón.
Para créditos superiores a $10 millones, la proporción mencionada rondaría el 20,9%.
Los denunciantes consideran que esas cifras pueden demostrar que una parte importante de quienes recurren a estas plataformas lo hace porque atraviesa dificultades económicas y posee escaso acceso a otras fuentes de financiamiento.
Ese argumento busca reforzar uno de los elementos centrales del delito de usura: el eventual aprovechamiento de la necesidad del deudor.
Mercado Pago rechaza esa interpretación.
Desde la compañía explicaron que las tasas no son iguales para todos los clientes, sino que se determinan de acuerdo con el riesgo crediticio individual.
La empresa sostiene que analiza miles de variables antes de ofrecer un préstamo y que quienes tienen antecedentes insuficientes o mayor riesgo comienzan generalmente con montos pequeños y tasas superiores.
A medida que el cliente demuestra capacidad de pago, puede acceder a condiciones más favorables.
La compañía también señaló que el costo financiero máximo cercano al 1.375% alcanzaría solamente a una pequeña proporción de los préstamos, estimada en alrededor del 2% de las operaciones.
Mercado Pago defiende además su modelo de crédito argumentando que permite financiar a personas que muchas veces no consiguen préstamos en bancos tradicionales.
Ese punto resume una de las principales discusiones detrás del caso.
Las fintech sostienen que prestar dinero a sectores con mayor riesgo implica necesariamente cobrar tasas superiores para cubrir potenciales incumplimientos.
Sus críticos responden que esa lógica puede generar un círculo difícil de romper: quienes tienen menos recursos y mayores dificultades para acceder al crédito terminan pagando precisamente los intereses más elevados.
El fenómeno se produce además en un contexto de creciente endeudamiento de los hogares argentinos.
En los últimos meses aumentaron los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales, mientras que cada vez más familias recurren a distintos mecanismos de financiamiento para afrontar gastos cotidianos.
Las billeteras virtuales adquirieron un papel central en ese nuevo escenario porque permiten solicitar dinero prácticamente de manera inmediata desde un teléfono celular.
El proceso puede realizarse en pocos minutos y, en numerosos casos, sin presentar recibos de sueldo, garantías tradicionales ni documentación adicional.
Esa facilidad constituye una de las principales ventajas competitivas de las fintech, pero también es uno de los argumentos que aparecen en la denuncia.
Para Solano, la rapidez con la que se concede el crédito combinada con tasas extremadamente altas puede afectar especialmente a personas que necesitan dinero con urgencia.
Por eso, además de avanzar con la investigación penal, pidió una medida inmediata: que Mercado Pago deje de cobrar provisoriamente los préstamos cuestionados mientras se determina si existió una conducta ilegal.
El planteo apunta a evitar que los usuarios continúen pagando cuotas que posteriormente podrían ser consideradas excesivas.
Pero la solicitud presenta un desafío jurídico importante porque una suspensión generalizada podría afectar miles o incluso millones de contratos celebrados entre particulares.
La Justicia tendrá que determinar, entre otras cuestiones, si corresponde adoptar una medida colectiva o si debe analizarse cada préstamo individualmente.
Otro punto que deberá establecerse es qué ocurriría con los pagos ya realizados.
La hipótesis más fuerte planteada por Solano sostiene que, si se aplicara retroactivamente una tasa inferior, podría aparecer un universo de clientes que ya habría pagado todo el capital más una rentabilidad considerada razonable.
En ese escenario, cualquier pago posterior constituiría, según el argumento de la denuncia, un monto abonado en exceso.
De allí surge la posibilidad que ahora quedó instalada en el expediente: que Mercado Libre tenga que devolver dinero a determinados usuarios.
Se trata, sin embargo, de una posibilidad todavía hipotética.
Para que eso ocurra, primero debería existir una decisión judicial que considere ilegítimas determinadas condiciones de los contratos y establezca un mecanismo para recalcular las deudas.
Hasta el momento no existe una sentencia de ese tipo.
El expediente podría convertirse igualmente en un antecedente relevante para el creciente mercado de los créditos digitales en la Argentina.
La discusión ya excede a una sola compañía.
En el centro aparece una pregunta de alcance general: qué límites deben tener los intereses que cobran las plataformas digitales cuando prestan dinero a consumidores y hasta dónde debe intervenir el Estado cuando las condiciones contractuales son aceptadas voluntariamente pero existe una enorme desigualdad económica entre las partes.
También podría abrirse un debate sobre la necesidad de nuevas regulaciones para los préstamos otorgados por fintech y billeteras virtuales, especialmente cuando los destinatarios pertenecen a sectores con escasa educación financiera o problemas para conseguir crédito en otras instituciones.
Mientras tanto, Mercado Pago continúa operando normalmente y sus préstamos permanecen disponibles para los usuarios habilitados.
La Justicia deberá resolver ahora si acepta el pedido de suspensión presentado por Solano y si existen elementos suficientes para profundizar la investigación por presunta usura.
Lo que comenzó como una controversia por una tasa superior al 1.300% anual ya se convirtió así en una discusión judicial de consecuencias potencialmente mucho mayores.
Porque el reclamo dejó de limitarse a cuestionar cuánto cobra Mercado Pago por prestar dinero.
Ahora también plantea frenar los cobros, recalcular las deudas y determinar si Mercado Libre debe devolver a sus clientes parte del dinero que ya pagaron.
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