Megaestafa inmobiliaria a decenas de personas: avanza la causa contra los socios de «Constru Servicios»
Todo salió a la luz el 6 de octubre, cuando la Policía de Tucumán realizó este allanamiento, que derivó en la detención de cuatro sospechosos de haber perpetrado la millonaria estafa inmobiliaria.
El Ministerio Público Fiscal de Tucumán desarticuló parte de una presunta organización delictiva acusada de estafar a decenas de personas mediante la comercialización de terrenos que no le pertenecían, contratos fraudulentos de construcción de viviendas y operaciones financieras respaldadas con cheques sin fondos.
La investigación, que comenzó en 2023, permitió identificar maniobras que habrían provocado un perjuicio económico superior a los $ 1.000 millones. Cuatro sospechosos, entre ellos el señalado como jefe de la banda y un integrante de una fuerza de seguridad nacional, fueron imputados y quedaron bajo prisión preventiva.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego Alejo López Ávila, quien atribuyó a los acusados la integración de una estructura criminal que habría operado desde 2021 utilizando como fachada una empresa constructora.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los involucrados se valían de la firma Constru Servicios S.A.S. y otras denominaciones comerciales para aparentar una actividad empresarial legítima, captar clientes e inversores y obtener importantes sumas de dinero mediante distintas modalidades de engaño.
La investigación permitió reconstruir un esquema que combinaba la venta de lotes, la contratación de viviendas bajo la modalidad denominada “llave en mano” y la obtención de financiamiento de particulares y proveedores mediante cheques de pago diferido.
Para atraer a las víctimas, los sospechosos publicaban ofertas inmobiliarias en Facebook y atendían a los interesados en oficinas ubicadas en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.
La existencia de locales comerciales, la participación de varios socios y una aparente capacidad económica contribuían, según los investigadores, a generar confianza entre quienes buscaban adquirir un terreno, construir su vivienda o invertir dinero.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que numerosas operaciones se realizaban sobre inmuebles cuya titularidad no correspondía a los vendedores y que, en determinados casos, estaban involucrados en conflictos legales.
El abogado querellante Juan Guerrero explicó que los compradores recibían garantías sobre la situación jurídica de los terrenos, pese a que esas afirmaciones no coincidían con la realidad.
“Les decían que los lotes estaban libres de todo tipo de gravamen, de todo tipo de litigiosidad alguna e inclusive que eran los titulares de los lotes”, señaló.
El letrado agregó que, además de recibir dinero por las operaciones inmobiliarias, los sospechosos exigían pagos periódicos por supuestos servicios relacionados con los terrenos.
“Además de que esos terrenos sí estaban en litigiosidad y no eran ellos los titulares, les solicitaban transferencias mensuales para el mantenimiento, desmalezamiento y limpieza del lote”, detalló.
Las irregularidades comenzaron a quedar expuestas cuando los compradores reclamaron la documentación necesaria para acreditar la propiedad de los inmuebles o exigieron avances en las construcciones comprometidas.
De acuerdo con Guerrero, los responsables de las operaciones respondían con distintas excusas para evitar la firma de las escrituras y postergar la entrega de los terrenos.
Entre las justificaciones mencionaban viajes, reuniones laborales, inconvenientes personales y una supuesta falta de tiempo para concurrir a las escribanías.
Los trámites, sin embargo, nunca llegaban a concretarse y, con el paso del tiempo, los compradores dejaban de recibir respuestas a sus mensajes y llamadas telefónicas.
El mecanismo investigado no se limitaba al mercado inmobiliario. La Fiscalía también detectó una presunta maniobra destinada a obtener importantes cantidades de dinero de particulares y proveedores bajo la promesa de financiar proyectos de construcción.
Según la acusación, los integrantes de la organización solicitaban capital con el argumento de necesitar liquidez para sostener sus emprendimientos.
A cambio, entregaban cheques de pago diferido que inicialmente eran abonados en las fechas establecidas.
Esa primera etapa de cumplimiento habría sido utilizada para construir una relación de confianza con los prestamistas y alentarlos a realizar nuevas entregas de dinero por montos cada vez mayores.
Una vez que el circuito alcanzaba un volumen significativo, los pagos comenzaban a interrumpirse y los cheques eran rechazados por falta de fondos o porque las cuentas bancarias habían sido cerradas.
De esa manera, los investigadores consideran que la organización consiguió perjudicar simultáneamente a compradores de terrenos, personas que habían contratado viviendas, inversores y proveedores de materiales.
El fiscal López Ávila describió las consecuencias de las maniobras atribuidas a los acusados.
“Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna”, sostuvo.
Las primeras denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público Fiscal durante 2023, cuando comenzaron a acumularse reclamos de personas que afirmaban haber sido perjudicadas por operaciones realizadas con la empresa investigada.
Desde entonces, los investigadores incorporaron testimonios, documentación contractual, registros financieros y elementos digitales que permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la presunta asociación ilícita.
El expediente reúne más de una decena de denuncias vinculadas con las maniobras, aunque los investigadores consideran que la cantidad de damnificados podría ser considerablemente mayor.
Las tareas realizadas durante los últimos años también permitieron establecer una presunta distribución de funciones entre el supuesto jefe de la organización, sus socios y familiares o allegados que habrían intervenido en la administración y circulación del dinero.
De acuerdo con la acusación, la estructura empresarial era utilizada para respaldar las operaciones y transmitir una imagen de solvencia económica.
Sin embargo, Guerrero señaló que algunas de las direcciones declaradas por la firma correspondían a lugares donde no se desarrollaba ninguna actividad comercial.
Con los elementos reunidos, la Fiscalía avanzó hacia una nueva etapa de la investigación y solicitó medidas judiciales para detener a los principales sospechosos y secuestrar documentación y dispositivos que pudieran aportar nuevas pruebas.
Los procedimientos se concretaron el martes 6 de octubre, cuando efectivos policiales realizaron una serie de allanamientos vinculados con la causa.
El operativo terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas quien es considerado el presunto líder de la organización y un hombre perteneciente a una fuerza de seguridad nacional.
Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, el fiscal López Ávila encabezó la audiencia de formulación de cargos contra los cuatro sospechosos.
El Ministerio Público Fiscal les atribuyó los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos incluidos en la investigación.
El estelionato, una de las figuras penales contempladas en la acusación, comprende determinadas maniobras fraudulentas vinculadas con la disposición de bienes ajenos o gravados, una situación que la Fiscalía considera relevante para analizar las operaciones inmobiliarias denunciadas.
Durante la audiencia, López Ávila expuso la hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta banda y presentó las evidencias recolectadas para fundamentar las imputaciones.
También solicitó medidas de coerción para garantizar que los acusados permanezcan sometidos al proceso mientras continúan las diligencias pendientes.
Para el señalado como principal responsable de la organización, la Fiscalía requirió cinco meses de prisión preventiva, mientras que para los otros tres imputados solicitó un plazo de 35 días.
Después de escuchar los argumentos de las partes, el juez Augusto Paz Almonacid hizo lugar a los pedidos y dispuso las medidas de prisión preventiva en los términos solicitados.
La resolución permitió mantener privados de su libertad a los cuatro imputados mientras continúa la investigación, sin que ello implique una declaración de culpabilidad.
El expediente permanece abierto y se espera que durante los próximos días se formulen nuevas acusaciones contra otras personas que podrían haber participado en las maniobras.
El querellante Juan Guerrero advirtió que la causa podría alcanzar una dimensión mayor a medida que se incorporen nuevos elementos probatorios.
“Estamos frente a una banda criminal organizada dedicada a las estafas, será una investigación muy larga, recién estamos viendo la punta del iceberg, faltan muchísimas evidencias más que aportar y producir junto al MPF”, afirmó.
El abogado también vinculó el funcionamiento de la presunta organización con el crecimiento de las estafas realizadas mediante plataformas digitales y redes sociales.
Según sus declaraciones, una proporción superior al 70% de las estafas relacionadas con operaciones de compraventa correspondería a maniobras ejecutadas por organizaciones que utilizan publicidad engañosa en internet.
Guerrero señaló que estos mecanismos no se limitan a terrenos y viviendas, sino que también aparecen en operaciones relacionadas con automóviles, teléfonos celulares y otros bienes.
“Es común este tipo de delitos en compras y ventas de redes sociales, son bandas criminales que operan fuertemente en redes sociales”, sostuvo.
La investigación judicial continuará con el análisis de la documentación secuestrada, los registros digitales y las operaciones financieras atribuidas a los acusados.
Los fiscales buscarán establecer el destino del dinero recibido, identificar a todos los posibles participantes y determinar la cantidad total de víctimas y el perjuicio económico ocasionado.
Por el momento, la causa registra cuatro imputados bajo prisión preventiva, 14 hechos formalmente atribuidos y una investigación que apunta a esclarecer un presunto fraude inmobiliario y financiero superior a los $1.000 millones, considerado uno de los casos de estafas de mayor magnitud económica investigados actualmente por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán.
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