Los tucumanos acusados de lavar dinero del Comando Vermelho quedaron libres, con un embargo de 3 mil millones de pesos cada uno
Marcelo Alves de Sousa era el miembro del Comando Vermelho encargado de lavar activos.
Dos tucumanos fueron procesados por la Justicia Federal, acusados de participar en una maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que, según la investigación, provenían del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil. A pesar de la gravedad de la acusación, el juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió que ambos continúen el proceso en libertad y les impuso un embargo de $3.000 millones a cada uno.
Se trata de Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón, ambos de 28 años. El magistrado consideró que existen elementos suficientes para sostener que participaron de manera habitual en operaciones destinadas a convertir criptomonedas y transferir el dinero obtenido a terceros indicados por quien aportaba los activos.
La investigación comenzó a profundizarse a partir de una causa que tiene como principal protagonista a Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el supuesto cerebro financiero del Comando Vermelho. Según la pesquisa, se habría instalado en Argentina para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y los secuestros extorsivos. Actualmente permanece prófugo.
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2022 Alves de Sousa creó un grupo de WhatsApp denominado “Cuenta Arg Verificados” y utilizaba el alias “Sakamoto” para impartir instrucciones a personas que realizaban operaciones con criptomonedas. Los investigadores estiman que llegó a movilizar alrededor de 500 millones de dólares mediante la compra y venta de activos virtuales.
En el marco de esa pesquisa, que se extendió durante más de tres años, aparecieron los nombres de cuatro tucumanos. El fiscal federal Agustín Chit abrió entonces una investigación paralela sobre Córdoba, Aragón y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero.
Qué determinó la Justicia
Según la resolución, Córdoba y Aragón habrían recibido transferencias de criptomonedas provenientes de la estructura vinculada a “Sakamoto”. Luego vendían esos activos y transferían los pesos obtenidos a distintas personas indicadas por el aportante.
Para el juez, los comprobantes de las operaciones y la modalidad en que se desarrollaban permiten sostener que ambos tenían un vínculo de confianza con quien les proporcionaba los fondos.
El magistrado consideró además que, por las características de las operaciones, los acusados no podían desconocer razonablemente el posible origen ilícito de los activos que recibían y convertían a moneda de curso legal.
La investigación también estableció que los movimientos se realizaron de manera sistemática entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Por ese motivo, Córdoba y Aragón fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
Sus madres quedaron fuera de la acusación
La situación de Torres Toledo y Agüero fue diferente. El juez entendió que sus nombres fueron utilizados por sus hijos para realizar parte de las operaciones, pero no encontró elementos suficientes para acusarlas por lavado de activos.
Por ese motivo, dictó la falta de mérito para ambas. Esto significa que, por el momento, no fueron procesadas ni sobreseídas y que su situación podría modificarse de acuerdo con los resultados de las pericias realizadas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
La decisión también tuvo impacto en la situación de los dos hombres, ya que el magistrado consideró que hasta el momento no existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de una asociación o banda criminal integrada por todos los investigados.
Seguirán en libertad
Aunque fueron procesados, Córdoba y Aragón no quedaron detenidos. El juez entendió que no existen riesgos procesales suficientes que justifiquen una prisión preventiva.
Sin embargo, deberán cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del país. Además, se ordenó un embargo de $3.000 millones para cada uno, una de las medidas económicas de mayor magnitud dispuestas en los últimos tiempos en una causa de estas características.
La investigación continuará para determinar el alcance de la estructura financiera y establecer si existieron otros participantes en las operaciones atribuidas a los acusados.
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