Los pocos taxistas que no se sumaron a las apps de transporte piden una ley que imponga limites a sus usuarios

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Luego de la regulación de las aplicaciones de transporte en San Miguel de Tucumán, el Sindicato de Peones de Taxi presentó en la Legislatura un anteproyecto de ley para establecer un marco normativo provincial que unifique criterios para taxis y plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify. El gremio sostiene que la iniciativa busca equilibrar las condiciones de competencia y evitar el deterioro de una actividad que, según advierten, atraviesa una situación crítica.

La propuesta fue elevada al presidente de la comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara, el legislador peronista Tulio Caponio, junto con un pedido formal para que el tema sea tratado con urgencia en el ámbito parlamentario.

Desde el sindicato explicaron que el crecimiento de las plataformas electrónicas modificó de manera profunda el esquema tradicional del transporte individual de pasajeros, generando diferencias regulatorias, laborales y de seguridad entre los servicios convencionales y las nuevas modalidades digitales.

“El transporte individual de pasajeros experimentó una transformación significativa con la aparición de estas plataformas, lo que produjo desigualdades que están llevando al sector a una situación límite”, sostuvo Claudio Pizarro, titular del Sindicato de Peones de Taxi de Tucumán, al fundamentar la iniciativa.

Más allá de las ordenanzas municipales ya vigentes, el gremio busca avanzar hacia una legislación única que tenga alcance en toda la provincia y que establezca reglas homogéneas para todos los actores vinculados al servicio.

El proyecto apunta a garantizar “igualdad de condiciones de competencia”, además de promover la formalización laboral, la seguridad de los pasajeros, la calidad del servicio y criterios claros para el acceso al mercado.

Entre los puntos incluidos en el anteproyecto aparecen requisitos vinculados a la habilitación y registro oficial de las plataformas y los vehículos, condiciones técnicas y de seguridad, cobertura mediante seguros obligatorios, obligaciones fiscales y tributarias y capacitación permanente para los conductores.

La propuesta también incorpora prohibiciones específicas, como la utilización de vidrios polarizados en los vehículos afectados al transporte de pasajeros.

Uno de los aspectos novedosos del texto está relacionado con el sistema tarifario y la regulación de las denominadas “variaciones por demanda”, mecanismo utilizado habitualmente por las aplicaciones digitales.

Según el esquema planteado, la tarifa base continuará siendo fijada oficialmente para los taxis en cada jurisdicción, aunque las plataformas podrán modificar ese valor dentro de márgenes previamente establecidos.

De acuerdo con el anteproyecto, en horarios de alta demanda las aplicaciones podrán incrementar el valor del viaje hasta un 15% por encima de la tarifa oficial del taxi, mientras que en momentos de menor actividad podrán aplicar descuentos de hasta un 15% por debajo de esa referencia.

La iniciativa aclara además que el usuario deberá conocer el monto final del viaje antes de aceptar el servicio, con el objetivo de garantizar transparencia y protección al consumidor.

El proyecto también contempla la creación de un cupo anual máximo de vehículos habilitados para operar mediante plataformas digitales y la implementación de un “registro laboral de choferes auxiliares”, tanto para taxis tradicionales como para conductores de autos particulares que trabajen a través de aplicaciones.

La discusión sobre el funcionamiento de las apps de transporte en Tucumán se profundizó en diciembre pasado, cuando el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza específica para regular la actividad en la Capital. Sin embargo, el tema continúa bajo análisis y revisión dentro del cuerpo legislativo municipal.

Ahora, el sindicato pretende trasladar el debate al ámbito provincial con la intención de avanzar hacia una regulación integral que alcance a todas las jurisdicciones tucumanas y que permita, según sostienen, ordenar la convivencia entre el sistema tradicional y las nuevas plataformas digitales.


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