Los expedientes perdidos del caso Paulina Lebbos: hay 42 causas que nunca se podrán investigar
A más de dos décadas del asesinato de Paulina Lebbos, la investigación vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse que se habrían cerrado los expedientes vinculados a decenas de personas que debían ser analizadas por su eventual participación en distintos delitos conexos al caso. La situación desató la indignación del padre de la víctima, Alberto Lebbos, quien calificó el escenario como un “escándalo judicial” y denunció que se habría consolidado un proceso que favorece la impunidad.
El planteo surge luego de que trascendiera que dos de los nombres que integraban la lista de investigados ya no tendrían causas abiertas, y que con otros 39 sospechosos podría haber ocurrido lo mismo. En varios casos, según se deslizó, ni siquiera se habrían formulado imputaciones formales, mientras que en otros el paso del tiempo habría provocado la prescripción de las acciones penales. El resultado, según allegados al expediente, es un escenario atravesado por dudas y cuestionamientos sobre la eficacia del proceso judicial a lo largo de estos años.
El origen de estas actuaciones se remonta al fallo dictado el 25 de febrero de 2019 por el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. En aquella sentencia se condenó por encubrimiento al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe Nicolás Barrera, al ex segundo jefe de la Unidad Regional Norte Rubén Brito y al ex uniformado Walmiro Rodríguez, mientras que Roberto Luis Gómez fue absuelto por el homicidio. En paralelo, los magistrados dispusieron que se investigara a 42 personas por posibles delitos de falso testimonio, encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de funcionario público y cualquier otra figura que surgiera durante la pesquisa.
Entre los nombres incluidos en esa nómina aparecían figuras de alto perfil político e institucional que, en su momento, generaron fuerte impacto social, como el ex gobernador José Jorge Alperovich, el ex ministro de Seguridad Mario López Herrera, los ex jefes policiales José Díaz y Francisco Picón, la perito Lilia Moyano y el ex subsecretario de Seguridad José Ardiles. También estaban señalados los mencionados en la denominada “línea narco” y otros potenciales involucrados, aunque los posibles autores materiales del crimen, César Soto y Sergio Kaleñuk, quedaron sujetos a otra investigación específica por la muerte de la estudiante.
Quedaron excluidos de estas diligencias quienes habían fallecido, como Daniel Paz —ex chofer y hombre de confianza de Alperovich—, Rubén Urueña y Alfredo Jiménez, ex comisario convocado para colaborar con la pesquisa. Sin embargo, al haberse manejado las actuaciones bajo estricta reserva, nunca se pudo establecer con precisión si otros expedientes fueron cerrados por el mismo motivo.
Inicialmente, los jueces encomendaron el análisis de estos casos al fiscal Diego López Ávila, quien había llevado adelante la investigación que desembocó en el juicio. Pero en febrero de 2021, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia y las causas estaban próximas a prescribir, el funcionario ya se encontraba a cargo de otra unidad, por lo que la responsabilidad pasó al entonces Fiscal Regional Mariano Fernández. Lebbos recordó que, durante ese período, el magistrado le aseguraba que continuaba trabajando, aunque él advertía que los plazos legales podían extinguir la acción penal.
Durante su gestión, Fernández solicitó llevar a juicio por falso testimonio a Ramón Fernández, Jorge Jiménez y Raúl Ferreyra, y por encubrimiento a Francisco Picón, Ricardo Maruf y Virginia Mercado. Paralelamente, dispuso el archivo de otras actuaciones por entender que no existían delitos o que ya habían prescripto. En medio de esas decisiones fue removido del cargo y asignado a otra fiscalía.
Su reemplazante fue Fernando Blanno, sobre cuya actuación no trascendieron detalles concretos respecto a imputaciones, archivos o pedidos de elevación a juicio. Fuentes judiciales indicaron que tampoco habría impulsado acusaciones contra los investigados. Incluso se mencionó que, durante una subrogancia breve, el fiscal Carlos Picón podría haber firmado algunos archivos, aunque no se informó públicamente a quiénes alcanzaron esas resoluciones. Más adelante, los fiscales de cámara Daniel Marranzino y Estela Giffoniello avalaron los juicios abreviados que se realizaron en el marco de estas actuaciones.
El ministro Fiscal Edmundo Jiménez sostuvo que el Ministerio Público no tiene actualmente causas pendientes derivadas del juicio principal, lo que implicaría que no restan expedientes por resolver ni imputados a ser llevados a proceso. En términos prácticos, solo se habría avanzado con seis de los 39 señalados originalmente.
Frente a este panorama, Alberto Lebbos manifestó su preocupación y consideró que se habría consolidado un “círculo de impunidad” que impide conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hija. Además, reclamó que algún legislador solicite informes formales sobre el destino de esas investigaciones y cuestionó decisiones adoptadas durante el proceso, entre ellas la diferencia de tratamiento entre el ex fiscal Carlos Albaca —condenado por no preservar pruebas biológicas— y la bioquímica Lilia Moyano, quien recolectó evidencias en la causa.
El padre de Paulina también puso el foco en el rol de Juan Cruzado, el remisero que habría acordado con la Policía declarar falsamente que trasladó a la joven y a otra mujer, y reiteró que todo el entramado investigativo permanece rodeado de interrogantes. Desde el punto de vista legal, se indicó que solo los funcionarios judiciales podrían disponer el desarchivo de las actuaciones, aunque ello resulta improbable y, en muchos casos, las acciones habrían quedado extinguidas por prescripción debido al tiempo transcurrido.
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