“Ley Rodrigo”: tras la muerte del soldado, impulsan un proyecto para prohibir celulares en las cárceles bonaerenses
El proyecto busca eliminar los celulares personales, imponer bloqueadores de señal y limitar los contactos de los reclusos a solo cinco personas registradas
A raíz de un dramático episodio de inseguridad que terminó en tragedia, la Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley que pretende erradicar el uso de dispositivos móviles por parte de los internos en las cárceles de la provincia. La propuesta, presentada por el diputado Oscar Liberman (La Libertad Avanza), cuenta con el respaldo técnico de figuras judiciales como Sandra Arroyo Salgado y el camarista Carlos Pagliere (hijo).
La normativa fue bautizada como “Ley Rodrigo” en homenaje a Rodrigo Gómez, un joven integrante del Regimiento de Granaderos que se quitó la vida en la Quinta de Olivos. La investigación judicial determinó que Gómez fue víctima de una red de extorsión que operaba mediante teléfonos móviles desde el interior de la Unidad Penal de Magdalena.
Restricciones severas y fin de la flexibilidad
El proyecto propone una reforma profunda a la Ley de Ejecución Penal de la Provincia, eliminando la posibilidad de que los detenidos posean celulares o cualquier equipo con acceso a redes de datos. De aprobarse, se anularía el protocolo vigente desde la pandemia, que permitía el uso de dispositivos personales bajo ciertas condiciones.
Los puntos centrales de la regulación son:
- Equipos institucionales: Las llamadas solo podrán realizarse a través de aparatos fijos o móviles provistos y auditados por el Servicio Penitenciario.
- Límite temporal: Se establece un máximo de dos horas diarias de comunicación por interno.
- Agenda restringida: Cada recluso podrá contactarse exclusivamente con un listado de hasta cinco personas previamente autorizadas y registradas.
- Inhibidores de señal: El texto exige la instalación progresiva de sistemas de bloqueo de señal en todos los sectores de alojamiento, asegurando que no interfieran con las comunicaciones de emergencia de las autoridades.
Operativo de retiro y decomiso
La propuesta contempla un mecanismo de transición para limpiar las celdas de tecnología ilegal. Una vez promulgada la ley, el Servicio Penitenciario notificará a los internos, quienes tendrán un plazo de 24 horas para entregar sus equipos voluntariamente.
Si los dispositivos son entregados, podrán ser retirados por familiares luego de seis meses. Sin embargo, aquellos teléfonos que no estén declarados o sean hallados en requisas posteriores serán destruidos en un acto público frente a un escribano. Según Liberman, esta medida busca cumplir con el mandato constitucional de seguridad, garantizando que el encierro «no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo».
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