Ley Malvinas: el Gobierno busca aprobarla en Diputados antes del fallo del Tribunal del Mar

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La Casa Rosada pretende que Diputados trate el proyecto el 18 de noviembre, con la idea de reforzar la presión sobre las empresas vinculadas a Sea Lion. Además, prepara alternativas jurídicas ante la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, prevista para el 28.

El Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre. En la Casa Rosada consideran que un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.

La Secretaría Parlamentaria fijó una sesión especial en Diputados para el 18 de noviembre, con la iniciativa incluida en el temario. Si bien una votación favorable enviaría, según el oficialismo, una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, la aprobación de la Cámara baja no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.

La estrategia en el Congreso

La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no cerró un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o tratarlo por separado. En el Gobierno se resisten a retirarlo por completo y ofrecieron cambios en la redacción.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por capítulos. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. El objetivo es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen las sanciones vinculadas con Malvinas.

El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte del proyecto acompañen al menos las disposiciones que penalizan la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. La estrategia contempla sumar votos del peronismo para el régimen sancionatorio, aunque todavía no hay acuerdo con Unión por la Patria. En esa bancada aseguran que no mantuvieron conversaciones con el oficialismo sobre una votación por capítulos. El bloque tiene una propuesta propia centrada en Malvinas y comparte el objetivo de sancionar las actividades hidrocarburíferas cuestionadas, pero rechaza otras modificaciones del texto del Ejecutivo.

Las objeciones al capítulo de injerencia extranjera

La resistencia también alcanza al capítulo que introduce figuras penales vinculadas con campañas de injerencia extranjera y cambios en el régimen de partidos políticos. Los aliados advierten que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas previstas. El Gobierno incorporó exclusiones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses, pero esos cambios no terminaron de conformar a los legisladores. Las modificaciones electorales requieren 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que el oficialismo no tiene garantizada.

Qué cambia respecto de la legislación vigente

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, ya contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años y sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas, además de restricciones para contratar con el Estado y de beneficios impositivos.

El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por uno más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas. Entre los cambios previstos figuran la ampliación de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación en los espacios marítimos disputados, multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas.

La Casa Rosada considera que estas herramientas aumentarían los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. La aplicación de las nuevas penalidades, sin embargo, dependerá del texto finalmente sancionado, de su entrada en vigor y de los procedimientos correspondientes.

Los expedientes de Cancillería

La urgencia está vinculada con los Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, y la fecha tentativa de lectura de la resolución es el sábado 28 de noviembre.

La Argentina reclamó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que agraven la controversia. La defensa argentina sostuvo que la extracción de hidrocarburos podría causar perjuicios irreparables sobre recursos no renovables y alterar la situación existente antes de que el arbitraje internacional pueda actuar.

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El Reino Unido rechazó esos argumentos y pidió que se desestimen todas las medidas, al cuestionar la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral y la existencia de una urgencia que justifique intervenir.

El desarrollo Sea Lion está impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

Los tres escenarios

El Gobierno contempla tres escenarios principales para el 28 de noviembre: una decisión favorable, la concesión de medidas parciales o un rechazo de la solicitud. En el Ejecutivo consideran que la eventual falta de jurisdicción preliminar es una de las alternativas posibles, aunque evitan anticipar cuál será la posición de los magistrados.

En la Casa Rosada reconocen que están preparados para continuar el reclamo ante el tribunal arbitral incluso si Hamburgo rechaza las medidas provisionales. La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros. Ese órgano tiene una función distinta de la del tribunal permanente de Hamburgo: deberá examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones sometidas al arbitraje. También podrá recibir solicitudes de medidas provisionales una vez constituido.

La decisión no resolverá la soberanía sobre las islas, que no forma parte de las pretensiones sometidas a esta instancia. Una negativa a dictar medidas urgentes no implica necesariamente que el procedimiento arbitral haya terminado, aunque sus fundamentos serán determinantes para definir los próximos pasos.

La agenda de la semana

El proyecto fue impulsado desde el entorno de Santiago Caputo y atravesó negociaciones dentro del oficialismo por la integración del órgano de coordinación estratégica, los controles parlamentarios y el alcance de las nuevas figuras penales. La discusión continuará esta semana, con la mesa política convocada para el martes 17 y el objetivo de sesionar en Diputados al día siguiente.

En el Ejecutivo insisten en que la estrategia es multifocal y que agotarán las instancias disponibles, tanto en el arbitraje como en las actuaciones administrativas y diplomáticas. El principal desafío inmediato será conseguir los votos para separar las sanciones de las disposiciones más resistidas. En Nación aseguran que el reclamo continuará incluso ante una resolución adversa.


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