Lebbos llevó su reclamo al ministro Mahiques y pidió una auditoría sobre causas paralizadas en Tucumán

Alberto Lebbos volvió a poner el foco sobre el funcionamiento de la Justicia tucumana al reunirse este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Bautista Mahiques, a quien le pidió formalmente que impulse una compulsa, auditoría y veeduría sobre expedientes que siguen sin avances en torno al caso por el crimen de su hija, Paulina Lebbos.

La reunión se realizó junto a otros familiares de víctimas de hechos emblemáticos del país, entre ellos Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson; Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano; y Guillermo Bargna, padre de Soledad Bargna. Según expresó el propio Lebbos tras el encuentro, se trató de una reunión “altamente constructiva”, en la que se abordaron temas vinculados a los derechos de las víctimas, la seguridad vial, el aumento de penas y el agravamiento de condenas para funcionarios públicos.

Pero, en el caso de Tucumán, el planteo de Lebbos fue mucho más allá de una propuesta legislativa general. El padre de Paulina presentó por escrito ante el Ministerio de Justicia de la Nación una serie de documentos en los que denunció una “grave y sistemática violación a los Derechos Humanos” y reclamó una intervención concreta sobre el Ministerio Público Fiscal de Tucumán.

En uno de los escritos entregados a Mahiques, Lebbos pidió que en la próxima reforma del Código Penal se incorporen penas más severas para los delitos cometidos por funcionarios públicos, que esos delitos sean declarados imprescriptibles y que los condenados por hechos de esa naturaleza no puedan acceder al beneficio jubilatorio, en una equiparación que buscó comparar con el tratamiento que reciben los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Lo injusto es que personas a las que el pueblo delegó la sagrada misión de prevenir delitos y velar por el cuidado comunitario, traicionan su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes y, muy por el contrario, se dedican a proteger asesinos y promover impunidad”, sostuvo Lebbos en la nota presentada ante el funcionario nacional.

El reclamo se apoyó en el extenso derrotero judicial del caso Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006, y en las distintas condenas que, con el paso de los años, recayeron sobre ex policías, ex jefes de seguridad y también sobre el ex fiscal Carlos Albaca, todos por maniobras de encubrimiento, falso testimonio e incumplimiento de deberes.

En la documentación que acercó al ministro, Lebbos recordó que por el encubrimiento del crimen ya hubo tres juicios orales, en los que fueron condenados distintos funcionarios. Entre ellos mencionó la condena contra Enrique García y otros policías de la comisaría de Raco, luego el juicio contra el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe Nicolás Barrera y el ex jefe regional Rubén Brito, además del proceso que terminó con condena para el ex fiscal Albaca.

Sin embargo, el planteo central de Lebbos apuntó a lo que, según denunció, todavía no se investigó o quedó paralizado. En otra presentación ingresada también este 8 de abril, pidió expresamente que el Ministerio de Justicia de la Nación disponga una nueva intervención del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci) para revisar el estado de una serie de expedientes abiertos a partir de la sentencia de la Sala III que, en 2019, ordenó investigar a más de 40 personas por posibles delitos vinculados al encubrimiento.

“A pesar del tiempo transcurrido, más de siete años, y los múltiples trámites que hice y las denuncias que efectué, hasta el día de hoy no puedo acceder al conocimiento formal del estado de avance de esas causas”, advirtió Lebbos en su nota.

Allí también sostuvo que muchas de esas actuaciones no son investigaciones complejas, ya que —según indicó— la prueba ya se encuentra en la causa principal, en documentación, audios y filmaciones del juicio oral. Por eso, alertó sobre el riesgo de prescripción y volvió a insistir en que el Estado nacional intervenga para supervisar qué ocurrió con esos expedientes.

Uno de los puntos más duros de la presentación fue la referencia al ex fiscal Carlos Albaca, a quien Lebbos volvió a señalar como símbolo de la impunidad que, a su entender, persiste en el caso. En el material que adjuntó al Ministerio incluso incorporó una imagen del ex funcionario y cuestionó que, pese a haber sido condenado, hoy cumpla la pena en su domicilio.

“Las condenas aplicadas fueron entre 5 y 6 años de prisión, la mayor parte cumplidas en sus domicilios”, señaló Lebbos, al cuestionar lo que consideró una respuesta penal insuficiente frente a delitos cometidos por funcionarios públicos.

Además del reclamo puntual por Tucumán, la comisión de familiares también acercó al ministro propuestas vinculadas a una agenda más amplia de derechos de las víctimas. Entre ellas, se habló de la necesidad de fortalecer la legislación en materia de seguridad vial, mejorar los mecanismos de acompañamiento a familiares y reforzar el rol del Estado frente a causas judiciales atravesadas por demoras o irregularidades.

En el plano local, Lebbos también solicitó que desde Nación se impulse ante Tucumán una mejor aplicación de las leyes provinciales de asistencia a víctimas del delito y de protección de testigos, al considerar que muchas veces esas herramientas existen en el papel, pero no se traducen en respuestas concretas para quienes atraviesan procesos judiciales largos y complejos.

Tras el encuentro, el dirigente y referente de familiares de víctimas se mostró conforme con la recepción del planteo. Según expresó, tanto Mahiques como su equipo mostraron “muy buena predisposición” y una respuesta favorable para analizar las propuestas presentadas.

La reunión dejó así dos planos abiertos: por un lado, el impulso a reformas penales más severas para funcionarios públicos condenados; y por otro, un reclamo mucho más inmediato y sensible para Tucumán: que alguien revise qué pasó con las causas derivadas del encubrimiento del crimen de Paulina y por qué, a veinte años del hecho, todavía hay expedientes sin respuestas claras.

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