La visita del papa León XIV: la discapacidad frente a la cultura del descarte
La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione vuelve a poner en primer plano la emergencia que atraviesa el colectivo de la discapacidad y el deber del Estado de garantizar derechos efectivos
La visita del papa León XIV a la Argentina, y en particular al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el 9 de noviembre, pone la discapacidad en el centro de la escena. El gesto de encontrarse con quienes viven allí y con quienes los acompañan expresa una mirada opuesta a la indiferencia: las personas no son cifras ni cargas, y sus derechos no pueden depender de la conveniencia política. Sería una contradicción recibir al Papa mientras se desoyen esos reclamos.
Esta mirada expresa una línea sostenida por la Iglesia, que el papa Francisco puso en el centro de su pontificado al advertirnos sobre una de las formas más crueles de organización de nuestras sociedades: la cultura del descarte. Una lógica que convierte a las personas en números, mide su valor por su productividad y descarta a quienes no encajan en las reglas del mercado. Naturaliza la indiferencia y nos convence de que hay vidas que importan más que otras.
En la Argentina, esa cultura se expresa cruelmente en el trato del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. No se trata de recortes presupuestarios: según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, garantizar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad representaría entre el 0,4 % y el 0,7 % del PBI. Es una forma de ejercer el poder marcada por la agresividad, el desprecio y la falta de escucha hacia un colectivo que necesita garantías y apoyos del Estado.
Para sostener su programa económico, el Gobierno necesita una sociedad de individuos aislados, donde cada uno resuelve sus problemas y la solidaridad sea una carga, no una responsabilidad compartida. Esa es parte central de su batalla cultural.
Durante estos años, las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores e instituciones tuvimos que enfrentar decisiones que agravaron una situación crítica. El Gobierno vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso debió insistir en su sanción y fue necesaria la intervención de la Justicia para exigir su implementación. A eso se sumaron las dificultades para acceder a prestaciones, la incertidumbre sobre las pensiones y las denuncias de irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La respuesta fue profundamente violenta. Con todo el poder del Estado se intentó instalar que reclamar derechos equivale a defender privilegios, que necesitar apoyos representa una carga, que las dificultades de miles de familias son apenas números en una planilla y que las pensiones eran fraudulentas.
Sin embargo, el colectivo logró ponerle un límite a esa lógica.
Este Gobierno no retrocede. Frente al reclamo, acelera su crueldad y su violencia. Pero con la discapacidad tuvo que hacer otra cosa. El oficialismo logró imponer su dictamen de mayoría en Diputados, pero para reunir los apoyos necesarios debió incorporar reclamos que su propuesta inicial no contemplaba.
¿Por qué un Gobierno tan poco dispuesto a escuchar tuvo que ceder? Nuestra interpretación es que buscó hacer control de daños y cerrar un conflicto con un costo político y social evidente, mostrar voluntad de diálogo ante la agenda del Papa en Argentina y reemplazar la discusión sobre la emergencia por el relato de una nueva legislación que supuestamente venía a superarla.
Pero el cambio no nació de una decisión bien intencionada del Gobierno, sino de la lucha sostenida del colectivo de la discapacidad. Durante dos años, personas con discapacidad, familias, trabajadores e instituciones pusieron el cuerpo, el tiempo y la energía. Marcharon, reclamaron, hablaron con legisladores y construyeron acuerdos incluso cuando la incertidumbre y el desgaste parecían insoportables.
La intervención de legisladores de la oposición permitió trasladar esos reclamos al debate parlamentario. La sociedad acompañó porque comprendió que no se defendían intereses sectoriales, sino derechos fundamentales. Frente a la idea de que cada uno debe salvarse solo, miles de personas demostraron que los derechos también se defienden colectivamente.
Pero sería un error confundir este avance con la resolución del problema. La discapacidad sigue en emergencia. Resta el tratamiento en el Senado, se necesita un Presupuesto 2027 que garantice recursos y, sobre todo, hace falta que el Poder Ejecutivo cumpla efectivamente las leyes. La experiencia obliga a ser prudentes porque ni una ley, ni la insistencia del Congreso frente a un veto, ni una orden judicial alcanzan si no se traducen en derechos efectivos.
Frente a la cultura del descarte, desde CAIDIS proponemos recuperar la cultura del encuentro.
Para quienes trabajamos y acompañamos todos los días a las personas con discapacidad, esa propuesta de Francisco tiene un significado concreto: escuchar al colectivo, reconocer su voz y su capacidad de decisión, construir políticas públicas con su participación y entender que los apoyos necesarios para una vida autónoma no son una concesión del Estado, sino una obligación que surge de los derechos humanos.
Supone también recuperar el diálogo entre el Estado, las organizaciones, las instituciones, los trabajadores y las familias para construir soluciones duraderas.
Papa León XIV (Foto: Vatican News)
Desde CAIDIS creemos que el desafío no es solamente defender los derechos conquistados, sino contribuir a una sociedad donde nadie tenga que justificar permanentemente su derecho a una vida digna. Porque una comunidad no se define por su capacidad de descartar a quienes necesitan apoyos, sino por garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
La lucha del colectivo de la discapacidad deja una enseñanza que trasciende al sector: el camino para transformar la realidad es el trabajo conjunto, la organización, la solidaridad y el encuentro.
Frente a quienes nos proponen salvarnos solos, seguimos eligiendo construir una sociedad en la q
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