La pelea millonaria por el control de la cervecería Porter ahora suma un pedido de destitución contra fiscales y nuevas pruebas de la querella
Porter Brewery
La millonaria disputa judicial por el control de Porter Brewery, uno de los emprendimientos cerveceros más conocidos de Tucumán, sumó un nuevo capítulo que promete profundizar aún más el conflicto. A la causa penal por presunta estafa que desde hace meses enfrenta a empresarios vinculados al negocio de la cerveza artesanal y la gastronomía, ahora se agregó una ofensiva institucional contra integrantes del Ministerio Público Fiscal, a quienes la querella acusa de haber actuado con negligencia y de favorecer el cierre anticipado de la investigación.
El nuevo planteo fue presentado el 1 de junio ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán por la abogada María Fabiana Acosta Cisneros, representante legal de Damián Luis Battaglia, quien desde 2024 impulsa denuncias penales contra Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer, a quienes acusa de haberlo excluido de manera irregular de distintos emprendimientos comerciales vinculados a Porter Brewery, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS.
La presentación solicita la apertura de un Jurado de Enjuiciamiento y reclama la destitución de varios fiscales y funcionarios judiciales que intervinieron en la causa. Entre los denunciados aparecen los fiscales Mariano Fernández, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Gonzalo Rodríguez, Alejandro Noguera y Marta Ignacia Jerez, además de la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás. La querella les atribuye presunto mal desempeño, negligencia grave, incumplimiento de deberes funcionales y retardo injustificado en sus actuaciones.
El conflicto judicial se remonta a la génesis del emprendimiento cervecero. Battaglia sostiene que participó desde los inicios en el desarrollo de Porter Brewery y que realizó aportes económicos, inversiones e incorporó equipamiento que resultó clave para el crecimiento del negocio. Sin embargo, afirma que al momento de formalizar la estructura societaria quedó excluido de la empresa y que, con el paso de los años, se consolidó una maniobra destinada a impedirle ejercer derechos societarios, acceder a información contable y participar de las utilidades generadas por el emprendimiento.
Según surge de las actuaciones judiciales, el denunciante sostiene que el proyecto fue concebido originalmente como un emprendimiento compartido entre varios socios y que existían acuerdos previos sobre la participación de cada uno. Sin embargo, asegura que la formalización societaria terminó beneficiando únicamente a algunos integrantes del grupo empresario, dejándolo afuera de la estructura legal pese a los aportes que había realizado.
La controversia llegó a los tribunales y durante la investigación se produjo una fuerte discusión jurídica respecto de la prescripción de la acción penal. La Fiscalía entendió que el núcleo del conflicto se había consumado entre 2016 y 2017 y que, por lo tanto, el delito denunciado se encontraba prescripto.
Sin embargo, esa postura fue rechazada por el juez subrogante Raúl Armando Cardozo, quien resolvió no convalidar el pedido de sobreseimiento y dispuso que la causa continuara su trámite. El magistrado consideró que la investigación todavía requería medidas de prueba y que no podía descartarse que los hechos denunciados constituyeran una sucesión de conductas prolongadas en el tiempo, lo que modificaría completamente el análisis sobre la prescripción.
La resolución de Cardozo marcó un punto de inflexión en el expediente. El juez sostuvo que el cálculo de la prescripción había sido efectuado sin valorar adecuadamente todos los elementos aportados por la querella y señaló que era necesario profundizar la investigación para determinar si las conductas denunciadas tenían carácter continuado o permanente. También cuestionó que no se hubieran incorporado informes actualizados y antecedentes considerados relevantes para resolver el caso.
Precisamente sobre esa discrepancia se apoya ahora el pedido de jury. La querella sostiene que distintos fiscales ignoraron hechos posteriores a 2017 que, según su criterio, constituyen delitos autónomos y que obligaban a continuar investigando.
Entre esos hechos aparece en primer lugar un episodio ocurrido el 11 de octubre de 2022, cuando Battaglia asegura haber concurrido a una escribanía para firmar una cesión de cuotas sociales destinada a regularizar su situación dentro de Porter Brewery. Según la denuncia, luego de la firma los documentos quedaron en poder de terceros, nunca fueron entregados al denunciante y tampoco se concretó la inscripción registral correspondiente. La querella sostiene que esa situación lo privó del ejercicio efectivo de derechos societarios.
Otro de los puntos centrales del conflicto se vincula con la presentación de balances societarios realizada en abril de 2024. Battaglia sostiene que los estados contables presentados por las empresas contenían información falsa o incompleta y que ocultaban ingresos, activos y utilidades vinculados al negocio cervecero. Según la acusación, jamás se realizaron las auditorías solicitadas para verificar la información contable.
La querella también denuncia que en diciembre de 2024 solicitó medidas urgentes para evitar la venta del fondo de comercio de TBC Barrio Sur, ubicado frente al Palacio de Tribunales. Según sostiene, la operación comercial podía afectar pruebas relevantes para la investigación. Sin embargo, asegura que nunca se dispusieron medidas de preservación ni allanamientos y que finalmente el establecimiento fue vendido. Actualmente funciona allí una cafetería denominada Benito Santos.
El tercer episodio denunciado ocurrió el 31 de enero de 2025 y está relacionado con la fábrica de Tucumán Brewing Company. Battaglia afirma que se le impidió el ingreso al establecimiento luego de que se modificaran cerraduras y se impartieran instrucciones para restringir su acceso. Según sostiene, gran parte del equipamiento existente en la planta habría sido adquirido con inversiones propias y no integraría formalmente el patrimonio de Porter Brewery.
Uno de los aspectos más sensibles de la nueva presentación judicial está vinculado a una serie de pericias informáticas y de forensia digital incorporadas recientemente por la querella. Se trata de informes elaborados durante 2026 por una especialista informática y protocolizados mediante escrituras públicas. La representación de Battaglia sostiene que dichas pruebas fueron obtenidas de manera privada debido a la negativa de la Fiscalía a producirlas durante la investigación.
De acuerdo con la presentación, el análisis de teléfonos celulares, correos electrónicos, archivos informáticos y conversaciones de WhatsApp permitió recuperar documentación vinculada a aportes económicos, inversiones, balances, contratos societarios y discusiones internas sobre la estructura empresarial.
La querella sostiene que de esos elementos surgen referencias a la existencia de acuerdos societarios previos, conversaciones relacionadas con balances contables y menciones a la necesidad de registrar documentación vinculada con cesiones de cuotas sociales. También afirma que el material demostraría que las discusiones sobre la participación de Battaglia dentro de las empresas continuaron varios años después de la fecha que la Fiscalía tomó como punto de partida para computar la prescripción.
Otro de los ejes del planteo apunta a supuestas demoras y falta de respuesta frente a presentaciones realizadas por la querella durante la investigación. El escrito sostiene que distintas oposiciones, pedidos de pronto despacho y denuncias complementarias no recibieron tratamiento efectivo, situación que, a criterio de los denunciantes, terminó favoreciendo el avance del planteo de prescripción impulsado por algunos fiscales.
La acusación presentada ante la Legislatura también cuestiona los dictámenes emitidos en instancias de apelación y sostiene que existió una actuación coordinada destinada a sostener el cierre de la causa sin agotar las medidas de investigación pendientes. Por ese motivo, además de los fiscales de primera instancia, la denuncia alcanza a integrantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron posteriormente revisando las actuaciones.
De esta manera, el conflicto que comenzó como una disputa societaria por la propiedad y el control de un emprendimiento cervecero terminó derivando en una compleja batalla judicial que hoy involucra denuncias penales, reclamos patrimoniales, cuestionamientos institucionales y un pedido formal de destitución contra fiscales.
Mientras la discusión sobre la prescripción continúa abierta y la causa penal sigue bajo análisis judicial, la nueva presentación agrega un componente político e institucional de alto impacto. La Comisión Permanente de Juicio Político deberá ahora evaluar si corresponde o no avanzar con el procedimiento solicitado por la querella, en un expediente que continúa sumando capítulos y que mantiene enfrentados a antiguos socios de uno de los proyectos cerveceros más conocidos de Tucumán.
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