La Nación habilitó el bloqueo de celulares en las cárceles: ¿Tucumán aplicará la medida?
El Ente Nacional de Comunicaciones habilitó a las provincias a adherir al protocolo federal de inhabilitación de señales móviles en penales, una medida reclamada durante años por la oposición tucumana para frenar delitos cometidos desde el encierro.
El Gobierno Nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), formalizó la habilitación para que las provincias incorporen el protocolo de seguridad destinado a inhabilitar los servicios de comunicación celular en los penales locales, replicando el esquema que ya se instrumenta a nivel federal. Esta decisión pone nuevamente en el centro del debate una serie de pedidos efectuados en la Legislatura de Tucumán que, hasta el momento, no fueron tenidos en cuenta por las autoridades locales. Con la normativa nacional ya publicada en el Boletín Oficial, la atención se centra ahora en si la administración de Osvaldo Jaldo decidirá adherir formalmente a este procedimiento para neutralizar el uso de dispositivos móviles en las unidades de detención de la provincia.
La Resolución 734/2026 del ENACOM establece una modificación clave en los procedimientos de bloqueo de terminales. La norma habilita a las prestadoras de servicios móviles a proceder con la inhabilitación técnica a solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el texto oficial, los prestadores “deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada de aquellos dispositivos móviles que se activen dentro del área de detención como del área de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios federales como así también de los establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran a dicho procedimiento”.
La medida se fundamenta en la “necesidad de impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”, lo que requiere reforzar las estrategias para prevenir conductas vinculadas al uso de tecnologías que pongan en riesgo la seguridad pública.
Los antecedentes locales
En Tucumán, la preocupación por el uso de celulares en las cárceles no es nueva. Uno de los proyectos pioneros fue impulsado por Ricardo Ascárate, antes de su paso por la intervención del ERSEPT. Si bien dicha iniciativa perdió estado parlamentario, sus fundamentos advertían sobre el riesgo de mantener la flexibilidad comunicacional adoptada durante la crisis sanitaria por el COVID 19.
Ascárate solicitaba que se instruya al Servicio Penitenciario para dar “cumplimiento irrestricto a lo dispuesto en la Ley N° 24.660 respecto de la instalación de inhibidores en los pabellones de los Penales”. En su fundamentación, el entonces legislador señalaba que, si bien el uso de móviles se permitió para mantener el contacto familiar ante la prohibición de visitas por la pandemia, “es un enorme riesgo que los detenidos cuenten con esta tecnología de comunicación ya que en numerosos casos es utilizado por los mismos para seguir cometiendo distintos delitos como las estafas, extorsiones y otros delitos de índole informáticos”. El proyecto recordaba que la ley es clara: “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal”.
Por otra parte, el legislador José Cano presentó el año pasado una propuesta similar que exhortaba al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para la colocación de inhibidores en la totalidad de los pabellones. Cano argumentó que la prohibición de comunicaciones móviles es una obligatoriedad legal que busca la adecuada reinserción social mediante el control directo e indirecto.
En sus fundamentos, el referente radical resaltó la gravedad de la situación actual al mencionar que “nuevamente las noticias dan cuenta de amenazas a funcionarios de los tres poderes del Estado perpetrado desde el Penal de Villa Urquiza, donde un acusado por causas de homicidio y narcotráfico pone en jaque el sistema penitenciario de la provincia al difundir mensajes intimidantes”. El parlamentario calificó como un “enorme riesgo que los detenidos cuenten con esta tecnología de comunicación” ya que se utiliza para avanzar en la impunidad con la que se manejan ciertos sectores delictivos.
Con la nueva resolución del ENACOM, las provincias que deseen implementar estos bloqueos deben comunicar sus solicitudes exclusivamente a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Queda pendiente determinar si el gobierno de Tucumán aprovechará esta ventana legal para dar respuesta a los históricos reclamos de seguridad intramuros.
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