La Mate de Luna creció 90 veces más rápido que su infraestructura y ya no soporta el boom inmobiliario
Una advertencia tardía, pero que pone sobre relieve un debate histórico: la falta de coordinación y previsión a la hora de avanzar con el desarrollo urbanístico e inmobiliario de San Miguel de Tucumán. En un informe contundente, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) presentó un estudio de diagnóstico territorial en el que plantea un caótico escenario en materia de construcción de la capital provincial. La conclusión, en consecuencia, es una recomendación para que la Municipalidad no autorice la construcción de nuevos edificios hasta que las redes de agua y cloaca, a cargo de la SAT, y las pluviales, a cargo del municipio y la SAT, estén en condiciones en las zonas críticas.
El documento, expuesto por profesionales de la empresa estatal en el marco del debate por el nuevo Código de Planeamiento Urbano, clasificó el territorio de la Capital en tres categorías según su capacidad de servicios. La zona identificada como «no apta» comprende tres cuadrantes centrales: el Cuadrante Norte (delimitado por calle Italia al norte, Marcos Paz al sur, Suipacha al este y Camino del Perú al oeste), el Cuadrante Centro (Mendoza al norte, San Lorenzo al sur, Suipacha-San Luis al este y Camino del Perú al oeste) y el Cuadrante Micro-centro (Italia al norte, avenida Roca al sur, avenida Soldati-avenida Brígido Terán al este y San Luis-Suipacha al oeste). Según la SAT, esas áreas presentan saturación de redes y falta de capacidad estructural, con impacto crítico, y no son recomendables para nuevos emprendimientos.
Alrededor de esa zona roja, el estudio delimitó una franja de «zona con restricciones», integrada por 11 cuadrantes adicionales que rodean el área céntrica siguiendo ejes como avenida Francisco de Aguirre, Italia, Marcos Paz, San Lorenzo, Alsina, Larrea y Canal Sur, entre otras calles. Esas áreas, de acuerdo con la clasificación de la SAT, son aptas de manera condicionada a mejoras previas o estudios complementarios, por sus servicios limitados y riesgo moderado. Solo un cuadrante fue calificado como «zona apta», con infraestructura suficiente y capacidad de servicios adecuada. Se trata del delimitado por avenida Francisco de Aguirre al norte, calle Italia al sur, Balcarce al este y Suipacha al oeste. No obstante, se trata de una de las zonas menos apetecibles para los desarrolladores inmobiliarios.
El informe puso el foco en el corredor de avenida Mate de Luna como sector de máxima demanda. Para el tramo comprendido entre avenida Colón y Camino del Perú, la SAT comparó la situación actual -432 viviendas bajas, con un promedio de 5 habitantes por vivienda y una población estimada de 2.160 habitantes- con un escenario de ocupación plena si se habilitaran 400 edificios de 150 departamentos cada uno: 64.800 departamentos y una población proyectada de 194.400 habitantes, 90 veces mayor a la actual. En un escenario más acotado, con edificios de hasta cuatro pisos, la proyección arroja 11.200 departamentos, unos 33.600 habitantes y la necesidad de 15 pozos adicionales para cubrir la demanda.
El estudio también relevó, para el sector de Mate de Luna entre avenida Colón y avenida Alem, una decena de edificios en altura ya construidos o en construcción, con torres que superan los 20 pisos, viviendas con locales comerciales y oficinas, en lo que la SAT definió como un proceso de «desarrollo inmobiliario acelerado» en el que los desarrolladores priorizan la construcción de viviendas sin ajustar los servicios básicos ni la infraestructura vial.
En cuanto a la infraestructura actual de agua, el informe detalló que el abastecimiento de ese corredor depende de los pozos Maternidad y UNT, con redes antiguas de distintos diámetros y redes nuevas. Cada pozo produce un estimado de 70 metros cúbicos por hora, es decir 140 metros cúbicos por hora entre ambos, frente a una demanda actual de 8,1 metros cúbicos por hora para una población de 2.160 habitantes. El documento señaló que la posibilidad de nuevas perforaciones está limitada por la escasa disponibilidad de terrenos, que la profundidad de los sistemas de acuíferos se estima entre 320 y 440 metros, y que la distancia recomendada entre pozos es de 500 metros.
Entre los diagnósticos generales, la SAT enumeró redes antiguas sobredemandadas, sectores con baja presión, urbanizaciones nuevas sin nexos troncales y riesgo de colapso ante un crecimiento acelerado, y remarcó que los pozos actuales no fueron diseñados para abastecer los edificios que se construyen en el sector.
La presentación incluyó además el plan de inversión de la SAT para el período 2024-2026 en materia de pozos de agua, con 32 obras enumeradas -entre perforaciones, equipamiento y obra civil- distribuidas en distintos barrios de la Capital, financiadas con fondos propios de la SAT y de la Provincia. La mayoría de esas obras figura como terminada, un grupo menor está en ejecución y una perforación, en el barrio CGT, figura en proyecto.
Sobre el sistema cloacal, el estudio precisó que la planta de tratamiento San Felipe recibe los líquidos cloacales de cuatro zonas -Sudoeste, Norte, Oeste y Casco Viejo, con colectores de entre 600 y 1.200 milímetros de diámetro- y que tiene una capacidad máxima de 450.000 habitantes sobre una superficie de 13 hectáreas, para la que se prevé una ampliación de 20 hectáreas. Los ejes de intervención cloacal incluyen nuevos colectores máximos, estaciones de bombeo y plantas modulares ampliables. En el plan se contempla la renovación de 5.000 metros de cañería de cloacas, la ampliación de las lagunas de tratamiento de la planta El Manantial y la refuncionalización de la planta depuradora San Felipe.
Los cuatro problemas
El documento también identificó cuatro problemas recurrentes que afectan la eficiencia de los sistemas de agua potable y cloacas en la ciudad.
El primero son los lavaderos de vehículos irregulares o clandestinos, para los que la SAT planteó un abordaje conjunto entre la empresa, los municipios y los organismos de control, combinando fiscalización, adecuación normativa y educación. El segundo es la gestión del agua en piscinas de edificios, que en períodos de alta demanda representa un consumo significativo y que, según el informe, debería adecuarse a criterios de uso racional que prioricen el consumo humano, la higiene y el saneamiento.
El tercero es el lavado de veredas con mangueras conectadas directamente a la red de agua potable, una práctica que la SAT calificó de ineficiente por el costo operativo y energético que implica el agua ya potabilizada. El cuarto es la descarga de agua de napas freáticas hacia la red cloacal mediante bombas, una práctica que el documento consideró incompatible con el funcionamiento del sistema, dado que las redes cloacales están proyectadas para transportar exclusivamente efluentes domiciliarios.
En sus conclusiones, la SAT cuantificó la inversión necesaria para adecuar la infraestructura sanitaria de la ciudad: una nueva red distribuidora de 400 milímetros de diámetro a lo largo de 3.000 metros sobre avenida Mate de Luna, más de 15 pozos nuevos por $500 millones, perforaciones por $7.500 millones y redes de agua por $3.000 millones, a lo que se suma la construcción de nuevos colectores cloacales. El total estimado asciende a $10.500 millones para obras de agua y $5.200 millones para obras cloacales.
Sobre esa base, la SAT recomendó que no se autorice la construcción de nuevos edificios hasta tanto no estén en condiciones las redes de agua y cloaca, a su cargo, y las pluviales, a cargo del municipio y la SAT, en las zonas identificadas como críticas. /Tendencia de Noticias
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