La inversión nacional en niñez cae un 30% respecto a 2021 mientras 5,5 millones de chicos viven en la pobreza
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advierte que el proyecto presupuestario proyecta recortes en salud y primera infancia, al tiempo que busca eliminar la movilidad automática de las asignaciones.
El Proyecto de Ley de Presupuesto nacional prevé destinar 21,5 billones de pesos a las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia, monto que representa el 10,7% del gasto total proyectado y que, a pesar de mostrar un incremento real del 7% respecto a 2026, refleja que «la cifra se ubica un 30% por debajo de los niveles de 2021, el punto más alto de la serie presupuestaria analizada». Este escenario se produce en un marco socioeconómico crítico en el cual, según estimaciones oficiales citadas en el documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), «actualmente 5,5 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) se encuentran en situación de pobreza (45,2%), y 1,3 millones en situación de indigencia (10,9%)». Frente a esta realidad, el informe de la organización, remarca que «el presupuesto nacional constituye una herramienta fundamental para garantizar derechos fundamentales, la cobertura alimentaria y el acceso a servicios esenciales de salud y educación».
Uno de los ejes centrales del relevamiento elaborado por la ONG radica en el impacto que tendrán las modificaciones normativas sobre los ingresos de las familias más vulnerables. ACIJ encendió las alarmas sobre los mecanismos de actualización impositiva al denunciar que «el artículo 17 del proyecto propone eliminar la fórmula de movilidad automática para la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el régimen de Asignaciones Familiares, dejando las actualizaciones sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo». La entidad advirtió que esta medida genera severa incertidumbre sobre el valor real de las prestaciones, recordando como antecedente inmediato lo ocurrido con la Prestación Alimentar, la cual «estuvo 23 meses sin modificaciones entre junio de 2024 y mayo de 2026», provocando una constante pérdida frente a la inflación.
En lo relativo a la contención sanitaria y a la atención de los primeros años de vida, el informe técnico constató marcados repliegues en las partidas asignadas. El relevamiento detalló que «el presupuesto asignado a programas de Primera Infancia (Ministerio de Capital Humano y SENNAF) proyecta una reducción real del 25% respecto a 2026 y del 66% respecto a 2023». En la misma línea, el estudio puntualizó que «las partidas destinadas a salud de NNA registran una baja del 10% interanual en términos reales, comportamiento similar al previsto para el Hospital Garrahan (-10% respecto a 2026)».
El área educativa también exhibe un marcado retraso respecto a ejercicios anteriores. Si bien «la Secretaría de Educación proyecta una suba del 12,4% en comparación con el presupuesto vigente de 2026, se sitúa un 76% por debajo del nivel ejecutado en 2023». La pérdida de poder adquisitivo afecta de igual modo a los programas de acompañamiento estudiantil, registrándose que «el valor promedio real de la Beca Progresar acumula una disminución del 63% desde 2022».
Para revertir esta dinámica de contracción en el gasto social infantil, la ACIJ formuló recomendaciones concretas destinadas a los legisladores nacionales. En ese sentido, la institución planteó que «resulta fundamental mantener la movilidad para la Asignación Universal por Hijo y evaluar su unificación con la Prestación Alimentar con el propósito de garantizar que los 4 millones de niños, niñas y adolescentes alcanzados cuenten con ingresos equivalentes a una Canasta Básica Alimentaria». Según las proyecciones financieras expuestas por ACIJ, «esta meta de cobertura requiere una inversión fiscal adicional estimada en $1,1 billones (0,08% del PBI), un esfuerzo presupuestario asequible si se toma en cuenta la existencia de regímenes tributarios especiales vigentes», tales como las exenciones sobre el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial o los marcos promocionales de Tierra del Fuego y Economía del Conocimiento.
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