La fiscalía pidió cerrar la causa contra Martín Viola tras una donación de $ 5 millones y disculpas públicas

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El fiscal federal Agustín Chit consideró cumplida la reparación integral tras la donación de $5 millones y el pedido de disculpas públicas al denunciante. Ahora deberá resolver el juez federal.

El fiscal federal Agustín Chit solicitó al Juzgado Federal N° 2 el sobreseimiento del secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, tras considerar cumplidos los requisitos de reparación integral en la causa por el uso ilegítimo de la identidad digital de Julián Echazú Toneatti. La medida se basó en la donación de 5 millones de pesos a Cáritas y en la realización de disculpas públicas al damnificado. La decisión final queda ahora en manos del juez Guillermo Díaz Martínez, quien deberá homologar el acuerdo que extinguiría la acción penal. 

La resolución de la fiscalía ya fue notificada a las partes, que cuentan con tres días para solicitar revisión ante un fiscal superior, instancia que la querella ya activó. De confirmarse el criterio del Ministerio Público, el expediente quedará archivado en su etapa final.

El fiscal sostuvo que la reparación integral no implica una confesión de culpabilidad, sino un mecanismo legal para extinguir la acción penal mediante la satisfacción del interés público y privado. Consideró además que continuar con el proceso implicaría un uso innecesario de recursos estatales ante un imputado que mostró voluntad de subsanar los efectos de su conducta.

Entre los elementos valorados para el pedido de sobreseimiento se incluyó el depósito de 5 millones de pesos a favor de la Arquidiócesis de Tucumán, destinado a familias afectadas por inundaciones en La Madrid, y el pedido de disculpas públicas difundido por canales oficiales. Según el fiscal, estas acciones cumplen con los estándares legales de reparación integral previstos para este tipo de delitos.

Sin embargo, la víctima rechazó la solución propuesta. Su representante legal, Stella Belén Salas, cuestionó la suficiencia de la reparación al considerar que el monto resulta irrisorio frente a la jerarquía política del imputado y que las disculpas en redes sociales no alcanzan para restituir el honor afectado. Aun así, el dictamen fiscal recordó que la opinión de la víctima no es vinculante en la evaluación de salidas alternativas cuando se cumplen criterios de razonabilidad.

La causa se originó tras la denuncia de Echazú Toneatti, quien perdió su DNI en la cochera del edificio donde reside, el mismo en el que vive Viola. Posteriormente se detectó que sus datos fueron utilizados para crear una cuenta digital desde la cual se publicaron comentarios injuriantes contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis. La investigación rastreó la suscripción paga de esa cuenta hasta una tarjeta de crédito perteneciente al secretario de Energía, lo que derivó en la apertura del proceso penal.

Durante la tramitación del expediente, la defensa del funcionario recurrió a mecanismos previstos en el Código Procesal Penal Federal para delitos con escalas que permiten soluciones alternativas. Tras audiencias y presentaciones, la fiscalía fijó pautas de reparación destinadas a recomponer el daño a la fe pública y la afectación personal del denunciante.

Si se homologa el acuerdo solicitado por el fiscal, el caso vinculado al DNI extraviado y los comentarios digitales quedará definitivamente cerrado.


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